“Coalición Canaria se abre a apoyar a Feijóo y traslada toda la presión al PSOE a 10 días de votar la Mesa del Congreso”, de Marta Belver; “¿Campos de concentración en el siglo XXI? El caso de China”, de Rosana Ribera de Gracia;  “Vuelta a las urnas: 900.000 votantes del PSOE se irían al PP”, de Fernando Cancio; y “Yo te dejo gobernar y tú dejas que me vaya”, de Emilio Contreras

(Viñeta de Ricardo en El Mundo el pasado día 8)

COALICIÓN CANARIA SE ABRE A APOYAR A FEIJÓO Y TRASLADA TODA LA PRESIÓN AL PSOE A 10 DÍAS DE VOTAR LA MESA DEL CONGRESO

Artículo de Marta Belver publicado en El Mundo el pasado día 8

El bloque de la derecha sumaría un escaño más que el de los potenciales socios de Sánchez, a quien no le valdría ya sólo con la abstención de Junts.

Nuevo movimiento en el tablero político: Coalición Canaria (CC) se muestra dispuesta a apoyar una eventual investidura del líder del ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, una vez descartada «la participación de Vox en un futuro Gobierno liderado por el PP».

De esta forma, el partido que tendrá como representante en el Congreso a la diputada Cristina Valido traslada toda la presión al PSOE a 10 días de que se decida la composición de la Mesa de la Cámara Baja. Si su voto se suma al bloque de la derecha, éste sumaría un escaño más que los potenciales socios de Pedro Sánchez, a quien ya no le valdría sólo con una abstención de Junts.

En CC se siguen mostrando su predisposición a sentarse a hablar de los problemas de Canarias «con quien vaya a presentarse a la investidura», lo que incluye al presidente en funciones. «Pero una de nuestras líneas rojas, la de Vox en el Gobierno, ya no existe, así que parece que esa alternativa de diálogo y apoyo se abre», precisan.

Por su parte, el PP destaca que con la renuncia del partido de Santiago Abascal a exigir formar parte de un Gobierno a cambio de sus votos ha logrado asegurarse el respaldo de sus 33 representantes. Además, destacan que hoy no sólo han logrado además el apoyo del diputado de UPN, sino que también «la Junta Electoral Central ha blindado el escaño 16, para un total de 137, por la provincia de Madrid».

«En este momento, tras ganar las elecciones con el mejor porcentaje de voto para el Partido Popular desde 2011, tras subir 48 escaños, y tras ser el primer presidente del PP que gana las generales a la primera y tras solo 16 meses en el cargo, Feijóo cuenta con 171 votos favorables para presidir un Gobierno en solitario», subrayan en la dirección de Génova.

Donde insisten: «Para ese mismo desafío, Pedro Sánchez tendría 50 escaños menos. Puede sumar 30 si en lugar de un Gobierno en solitario garantiza una coalición con los 18 partidos que conforman Sumar (entre los que están Podemos y el PCE). Pero para superar los que aún le separarían de Feijóo necesitaría los apoyos expresos del resto del arco parlamentario».

«Es decir, Feijóo está a cinco escaños de armar una mayoría para un Gobierno en solitario y Sánchez sólo podría evitarla si, tras perder las elecciones, intenta lo que nunca nadie ha hecho: optar a una investidura tras ser derrotado y optando para ello al apoyo de todos y cada uno de los partidos nacionalistas o independentistas de nuestro país», añaden en la cúpula popular.

En este sentido señalan que Feijóo «hará lo posible» por ampliar sus apoyos en los próximos días y por conseguir que el Congreso de los Diputados le invista presidente «en caso de que el Rey le proponga formar Gobierno como ganador de las elecciones generales».

REACCIÓN DEL PSOE

Por su parte, los socialistas sostienen que el candidato del PP «sabe que no tiene mayoría en el Congreso, ni siquiera con su socio de la ultraderecha, con el que cada día está más vinculado en su proyecto de recortes y retroceso». Además, le recriminan que, a pesar de llenarse la boca de «constitucionalismo», «obvie en todas sus intervenciones» el artículo 99 de la Constitución Española, que estipula que es el Rey quien tiene que proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno.

«Esto es lo que venimos diciendo desde el día de las elecciones, mientras el PP y Feijóo parecen vivir en su Matrix particular. El PSOE seguirá trabajando para articular una mayoría en la que España siga creciendo, creando empleo y avanzando en derechos», recalcan en la dirección de Ferraz.

Y concluyen con una combinación heterogénea de elementos: «El proyecto de mentiras, maldades y manipulaciones de Feijóo ha fracasado. Sigue sin dar explicaciones sobre sus mentiras, sigue sin explicar su sobresueldo o sus vacaciones con Marcial Dorado, narcotraficante. Ha vinculado su destino a la ultraderecha».

Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2023/08/07/64d123c1fc6c83fa578b4582.html

¿CAMPOS DE CONCENTRACIÓN EN EL SIGLO XXI? EL CASO DE CHINA

Artículo de Rosana Ribera de Gracia publicado en Actuall el pasado día 9

Más de un millón de musulmanes están internados en los brutales campos de concentración de Xinjiang, en China. Como bien sabemos, un campo de concentración es un lugar en el cual se detiene o se confina a seres humanos bajo durísimas condiciones y sin respeto a las normas legales de arresto o encarcelación ‘aceptables’ en democracias constitucionales.

Se suelen emplear estos recintos de internamiento para encerrar a opositores políticos, grupos étnicos o religiosos específicos, personas de una determinada orientación sexual, prisioneros de guerra, civiles habitantes de una región en conflicto u otros colectivos.​

Europa permite que China -dirigida por el Partido Comunista Chino (PCCh) bajo la denominación de República Popular China, un estado socialista con economía de mercado encabezado por su líder supremo, el secretario general del PCCh, Xi Jinping 习近平- ​mantenga relaciones comerciales mientras que en la región Pekín (Beijing) se construyeron al menos 347 centros de detención desde 2016, según se desprende de una investigación de BuzzFeed News.

Abusos contra los musulmanes uigures y otras minorías

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha acusado a China de «graves violaciones de los derechos humanos», según un informe de 2018 sobre denuncias de abusos contra los musulmanes uigures y otras minorías étnicas y religiosas en la provincia de Xinjiang, elaborado por la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la socialista expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, minutos antes de dejar el cargo.

Xinjiang, oficialmente Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el noroeste de China, tiene una extensión de 1,6 millones de kilómetros cuadrados desde la meseta tibetana en el sureste hasta Kazajstán en su frontera noroeste, la zona administrativa más grande del país, remota, extensa y una de las menos pobladas del país. De hecho, eso es espacio suficiente para encarcelar simultáneamente a más de 1 de cada 25 residentes en esa región, una cifra siete veces mayor a la capacidad de detención penal de Estados Unidos, el país con la mayor tasa oficial de encarcelamiento del mundo.

Pekín, que había instado a la ONU a no publicar el informe, lo calificó de «farsa» organizada por las potencias occidentales y negó las acusaciones de abuso argumentando que los campamentos son una herramienta para combatir el terrorismo. De hecho, ese mismo 2018, un alto funcionario del Gobierno de Xinjiang indicó que los campos de concentración están destinados a “deshacerse del ambiente y el suelo que engendra el terrorismo y el extremismo religioso, y a detener las actividades terroristas violentas”. La realidad es que la mayoría de los detenidos son civiles sin ningún tipo de vinculación política.

La campaña de detención de China en Xinjiang es la mayor dirigida contra una minoría religiosa desde los campos nazis de la Segunda Guerra Mundial.

La ONU acusa a China de:

Utilizar vagas leyes de seguridad nacional para reprimir los derechos de las minorías y establecer «sistemas de detención arbitraria».

Someter a algunos presos a «patrones de malos tratos» que incluían «incidentes de violencia sexual y de ‘género’».

Imponer tratamientos médicos forzados y «aplicación discriminatoria de políticas de planificación familiar y control de la natalidad».

Con todo, reclama a Pekín que tome medidas de inmediato para liberar a «todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad» y sugirió que algunas de las acciones de Pekín podrían equivaler a «crímenes contra la humanidad».

“Crímenes de lesa humanidad”

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional ha calificado de “crímenes de lesa humanidad” las medidas y políticas puestas en marcha por el Gobierno chino contra las minorías étnicas y religiosas, principalmente la uigur, en la región de Xinjiang. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, sostiene que “el documento de 46 páginas de la ONU pone en evidencia la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos que se cometen en Xinjiang, respecto a las cuales Amnistía Internacional ya llegó a la conclusión de que constituían crímenes de lesa humanidad”.

En un informe escrito en chino en 2021, la organización ha alertado que las medidas “draconianas” impuestas por Pekín llevaron a miles de personas de varias minorías musulmanas a ser sometidos a una internación masiva que, en numerosas ocasiones, conlleva abusos y tortura.

Millones de uigures han sido detenidos en los últimos años y sometidos a trabajos forzados por el régimen chino en estos lugares. Las minorías étnicas y religiosas son sometidas a trabajos forzados, y recluidas en celdas “abarrotadas” de personas, pese a la gran cantidad de denuncias por parte de la comunidad internacional y de organizaciones humanitarias.

Un millón de detenidos

Las prisiones del régimen comunista podrían albergar a más de un millón de personas al mismo tiempo, exactamente 1.014.883 en Xinjiang, según se desprende de la investigación de BuzzFeed News.

En China, según un documento del Instituto de Investigación de Política Criminal de Estados Unidos (ICPR, por sus siglas en inglés), de finales de 2016, hay cerca de 1,6 millones de presos de los casi 1.400 millones de chinos. En cualquier caso, según este trabajo, el país se sitúa en el lugar 134 del mundo, con una tasa de 118 por cada 100.000 habitantes. El cálculo varía si sumamos las 650.000 personas en centros de detención administrativa. Y de hecho, el Pew Research Center advierte de que la falta de datos oficiales o el hecho de que haya personas en detención bajo causas indeterminadas son obstáculos para determinar el lugar en el ranking de algunos países.

Según esta clasificación del ICPR, que establece la proporción de población tras las rejas por cada 100.000 habitantes, Estados Unidos y El Salvador ocupan, respectivamente, el primer y el segundo puesto, con 2,16 millones de personas en prisiones federales y locales -tasa de 655 presos por cada 100.000 habitantes- y 39.274 personas encarceladas en el país más pequeño de Iberoamérica, con una población 50 veces menor a la de EE.UU -tasa de 614 presos-.

En el podio de este trabajo también se halla Turkmenistán, país de Asia central, que se gana la tercera plaza con una tasa de 583. Les siguen en cuarto y quinto puesto las Islas Vírgenes de EE.UU. -tasa de 542- y Maldivas, al sur de India -514-. La Cuba comunista está en el sexto lugar de la lista con datos de mayo de 2012 del diario oficial Granma, recogidos por el  ICPR, con 57.337 prisioneros y una tasa de 510 por cada 100.000 habitantes.

Las conclusiones de los estudios, de la ONU, de los gobiernos occidentales y de las asociaciones humanitarias son claras:

“La campaña de detención de China en Xinjiang es la mayor dirigida contra una minoría religiosa desde los campos nazis de la Segunda Guerra Mundial”.

Y entretanto, según crecen las denuncias, Xi Jinping sostiene que se trata de “centros de educación y formación profesional” diseñados para “erradicar los pensamientos extremistas”.

La realidad es que desde 2016 escuelas, hospitales y otros edificios públicos se fueron convirtiendo en centros de detención de musulmanes y otras minorías étnicas y religiosas mientras se iban construyendo nuevos centros de detención de alta seguridad, fundamentalmente entre 2017 y 2018.

En abril de 2021, las instalaciones examinadas por BuzzFeed News tenían ya una superficie combinada de más de 19,2 millones de metros cuadrados, con celdas para albergar entre ocho y 16 personas, con un espacio de entre 5 y 7 metros cuadrados por cada una, cita Infobae. De hecho, la investigación de BuzzFeed News sobre un centro de reclusión en la ciudad montañosa de Mongolküre descubrió que las celdas que, según las normas penitenciarias chinas sólo deberían tener capacidad para cuatro personas, en realidad albergaban hasta diez. Algunos, de hecho, revelaron que se les obligaba a dormir por turnos debido a la falta de camas, o incluso a dormir uno al lado del otro en catres individuales.

Artículo en: https://www.actuall.com/persecucion/campos-de-concentracion-en-el-siglo-xxi-el-caso-de-china/

VUELTA A LAS URNAS: 900.000 VOTANTES DEL PSOE SE IRÍAN AL PP

Artículo de Fernando Cancio publicado en La Razón el pasado día 7

El 13,6 por ciento de los votantes socialistas el 23J cambiaría su voto y apoyaría a Feijóo. Una mayoría de españoles apuesta por repetir elecciones antes de que un pacto con independentistas.

De cara a una nueva repetición de las generales, el sondeo de NC Report también desvela trasvases llamativos pocos días después del 23J, cuando el bloqueo ya comenzaba a rondar la cabeza de muchos: 2,7 millones de ciudadanos cambiarían su papeleta. ¿Y dónde se van? La mayoría, al PP, el 67,6%. Y muchas vienen del PSOE.

En concreto, tal y como muestra el sondeo, ante la posibilidad de una repetición electoral, la gran mayoría de los encuestados, el 86,1%, asegura que mantendría la opción elegida pese a la situación actual. Y frente a ellos, un 11,1% que, por el contrario, elegiría la papeleta de otra formación. Son algo más de 2,7 millones de españoles, a los que se podrían sumar incluso alguno más según vayan pasando los días de tensas negociaciones, pues un 2,8% (unos 77.000) duda.

Los electores del PP son los únicos que aseguran que no cambiarían su opción y tampoco dudan sobre si hacerlo o no, algo que también afirma el 89% de los que votaron a Vox, el 86,5% de los que se decantaron por el PSOE y el 76,3% de quienes optaron por Sumar. Y en el lado opuesto, un 23,8% de votantes de Yolanda Díaz que sí que elegirían otra papeleta, junto al 13,6% de quienes apoyaron a Pedro Sánchez y el 11% de los de Abascal.

En este caso, son los electores más jóvenes, los de la franja de edad comprendida entre los 18 y los 34 años, los más dispuestos a modificar su voto, mientras que los mayores de 65 años son los que menos cambiarían de opinión.

Centrados en esos 2,7 millones de españoles a los que no les temblaría el pulso a la hora de introducir una papeleta distinta, son mayoría los que se decantarían por la de Alberto Núñez Feijóo (el 67,6%), seguidos a bastante distancia de los que en esta ocasión cogerían la de Pedro Sánchez, un 20,6%. Vox, por su parte, lograría el 2,9% de esos votos y Sumar apenas el 1,5%. Eso sí, hay un 4,4% que se muestra indeciso y otro 2,9% que se decantaría por otras fuerzas minoritarias.

Y uno de los datos llamativos de la encuesta es que del total de votantes socialistas que aseguran que cambiarían su voto, el 100% cogería la papeleta de Feijóo, esto es, más de 900.000 exelectores de Sánchez. Pero los populares también se harían con el 90,9% de los votos de Vox, unos 350.000.

Eso sí, los socialistas también saldrían beneficiados y se harían con el 73,7% de las papeletas de los descontentos con Sumar (alrededor de 530.000).

Artículo en: https://www.larazon.es/espana/vuelta-urnas-900000-votantes-psoe-irian_2023080764d02a3c95af7e000153cde3.html

YO TE DEJO GOBERNAR Y TÚ DEJAS QUE ME VAYA

Artículo de Emilio Contreras publicado en El Debate el pasado día 6

ERC y Junts perdieron el 23J 549.567 votos. El PP ha logrado 6.234 votos más que Esquerra y 76.483 más que los de Puigdemont. La situación de los separatistas es desesperada y aprovecharán la debilidad de Pedro Sánchez para arrancarle un referéndum de independencia que les reconcilie con sus votantes-

De las catorce elecciones generales que ha habido en España desde la recuperación de las libertades, solo dos han sido determinantes: las del 15 de junio de 1977 y las del pasado 23 de julio. Las primeras porque la derecha democrática y reformista (UCD) y la izquierda socialdemócrata (PSOE) consiguieron 283 diputados, el 81 por ciento de los escaños. Ese resultado permitió aprobar en 1978 la única Constitución por consenso de nuestra historia. A los tres años de la muerte de Franco se hizo un cambio revolucionario sin hacer una revolución.

Las elecciones del 23-J son determinantes porque existe el riesgo de que se recorra un camino inverso al que se emprendió en 1977. Hasta ahora la victoria de un partido no afectaba a los cimientos del Estado o a la permanencia de la nación. Las perspectivas de cambio no eran radicales, y no daban miedo a los votantes del partido que había perdido las elecciones.

Ahora el riesgo está en que el resultado electoral y los pactos con los separatistas puedan afectar a la estructura del Estado y a la unidad de la nación. Esa es la preocupación de los españoles que no han votado a Pedro Sánchez, porque temen que los separatistas catalanes y vascos impongan tales condiciones en la investidura y al nuevo gobierno que abran un camino irreversible hacia la desaparición de España como nación. Y este es un hecho nuevo que nos haría retroceder a lo peor de nuestro pasado, porque sería ingenuo creer que tal cosa podría ocurrir sin que se produjera una convulsión social en el país.

Nunca en 46 años se han dado unas condiciones tan favorables para que los separatistas jueguen sus cartas. El PNV ha sido desbordado por los radicales de Bildu. Y el pasado día 27 el senador de Bildu, Mario Zubiaga, afirmó que los etarras «tomaron las armas para renovar el pueblo»; nadie lo desautorizó.

ERC y Junts pronto darán un paso más hacia el extremismo para tratar de recuperar los 549.567 votos que han perdido –entre todos los partidos separatistas catalanes son 700.000 votos– la mayoría refugiados en la abstención. Ese ha sido el mensaje de parte de su electorado a los que teniendo una mayoría del 52 por ciento en el Parlament y 21 diputados en el Congreso no dieron el paso para forzar la independencia en la anterior legislatura, cuando eran esenciales para la supervivencia del gobierno de Pedro Sánchez. Se han sentido traicionados y les han retirado su confianza. Para ellos, ERC y Junts han sido unos cobardes, y ahora ambos partidos pugnarán por ser el más radical en su lucha para arrancar a Cataluña del resto de España.

El desastre que han sufrido ha sido tal que el PP ha obtenido en Cataluña 6.234 votos más que Esquerra y 76.483 más que Junts, algo inimaginable desde hace muchos años. La situación de ambos es desesperada porque temen que surja un nuevo partido de la cantera de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), que podría recoger los votos de quienes se sienten traicionados y pudiera fulminarlos del escenario político catalán.

Ahora Esquerra y Junts tratarán de recuperar la confianza de los votantes que les han abandonado, y jugarán fuerte. El precio que impondrán a Sánchez será un referéndum disfrazado de consulta que, valiéndose de cualquier subterfugio legal, les abra el camino a la independencia. Y tendrán grandes posibilidades de conseguirlo, aunque rebase los límites de la Constitución, porque creen tener asegurado el apoyo de un Tribunal Constitucional con mayoría ideológica afín. Si tal cosa ocurriera, el PSOE tendría que atenerse a las consecuencias históricas de haber propiciado la independencia de Cataluña.

Hay un hecho que confirma el acuerdo con los separatistas desde antes del 23-J. Nunca en la historia de la democracia, el partido que ha quedado a 55 escaños de la mayoría absoluta ha demostrado tanta euforia como el PSOE en la noche electoral. Es la prueba de que ya tenían cerrado un acuerdo con los separatistas para seguir en el poder a pesar de su derrota. El pacto está claro: yo te dejo gobernar y tú dejas que me vaya. De esos pactos surgirá el gobierno más frágil desde 1977; dependerá de seis partidos más los 15 que integran Sumar.

La noche electoral un grupo de simpatizantes gritó con entusiasmo ante la sede del PSOE: «No pasarán», el eslogan que hizo célebre la dirigente comunista Dolores Ibarruri en el Madrid de 1936. Celebrar el resultado de unas elecciones democráticas recuperando un grito guerracivilista de hace 87 años que nadie trató de acallar, es retrotraernos a lo peor de nuestro pasado removiendo el resentimiento de las dos Españas. Es jugar con fuego.

Unos días antes del 23-J varias decenas de exministros de Felipe González –él no– firmaron un documento de apoyo a Pedro Sánchez que, con su pacto con los separatistas y Bildu, puede demoler el orden constitucional que ellos contribuyeron a construir. Ese texto es un monumento a la contradicción política. El día 24 coincidí con un ex alto cargo socialista de esos años, buen amigo mío, que me contó cómo tenía decidido abstenerse, pero cuando faltaba una hora para el cierre de los colegios electorales, cambió de opinión y fue a votar «…y voté a la tribu», me dijo.

No votó a la tribu, votó al retorno de la España tribal, que es distinto y peor. Al tiempo.

Artículo en: https://www.eldebate.com/opinion/en-primera-linea/20230806/te-dejo-gobernar-dejas-me-vaya_132254.html