“Todo listo para que el PP «internacionalice» la amnistía”, de Carmen Morodo; “García Castellón pide amparo al CGPJ ante la acusación de `prevaricación´ del Gobierno por imputar a Puigdemont”, de Angela Martialay; “En el PSOE hay una `máxima preocupación´ pero no por las manifestaciones”, de Hugo Pereira; y “Cargos del PSOE admiten que no les gusta incluir ‘lawfare’ en el acuerdo con Junts y reclaman información sobre amnistía”, de Europa Press
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 15)
TODO LISTO PARA QUE EL PP «INTERNACIONALICE» LA AMNISTÍA
Artículo de Carmen Morodo publicado en La Razón el pasado día 15
Tienen la mayoría en el Parlamento Europeo y la presidencia de la Comisión Europea, con Úrsula von der Leyen. La batalla por la amnistía salta a Europa. Mientras el equipo de Pedro Sánchez negociaba con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la impunidad para el independentismo, a fin de sacar adelante la investidura, la dirección del PP lleva semanas moviendo todos sus resortes en el ámbito comunitario y preparando la ofensiva que va a implementar para, en una referencia irónica sobre la estrategia del soberanismo, «internacionalizar la amnistía». Tienen la mayoría en el Parlamento Europeo y la presidencia de la Comisión Europea, con Úrsula von der Leyen.
Esta semana se reunirá la Junta de Portavoces de la Cámara comunitaria para convocar un Pleno la semana que viene que tendrá como objeto «analizar la situación del Estado de Derecho en España». Tendrá que intervenir un portavoz del Gobierno en funciones y no se puede pasar por alto que en el Parlamento tiene asiento el expresidente de la Generalitat de Cataluña.
Pero ahí no se quedarán los movimientos de los populares, sino que han preparado toda una batería de acusaciones para dar contenido al eslogan «HelpSpain». «Igual que las oposiciones latinoamericanas tienen que gritar en el exterior en busca de ayudas, la de España también», desarrollan como argumento en el comité de dirección del PP.
La intención es hacer el ruido suficiente como para «poner a todo el continente a mirar» al presidente de turno de la UE, de modo que la amnistía le «deje huella en su prestigio», pero, sobre todo, para alertar a Europa de «lo que está pasando», dicen, en España. «No hay límite» porque la maniobra de los redactores de la ley de amnistía para atar de manos a los jueces en clave doméstica, de tal manera que se impida que la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional tenga efectos suspensivos sobre los beneficiados por la medida de gracia, obliga a que la «guerra» se extienda a Europa en el ámbito judicial y político.
En el primero, vía cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, que sí tiene efectos suspensivos, y, ya por el lado político, alimentando el debate e implementando una campaña por las distintas instituciones europeas dirigida a explicar en qué consiste la amnistía, a cambio de que, y a quién afecta, sin obviar que en el «procés» hay «delitos de corrupción y de terrorismo».
En paralelo, desde Exteriores también han empezado con su propia campaña: igual que se ata a los jueves en casa, según denuncia la oposición, el objetivo fronteras hacia afuera es que nadie se salga del carril y que desde ninguna embajada se haga un comentario, formal o informal, que critique la ley pactada con Puigdemont.
El Gobierno en funciones sabe que la batalla del relato la está perdiendo en Bruselas, donde, además, juega en su contra no sólo la pancarta de la defensa del Estado de Derecho del PP, sino también lo que están pregonando Puigdemont y el independentismo. Todo lo que se había construido hasta ahora se ha caído por tierra, en una ofensiva que para Puigdemont tiene más trascendencia penal que política. Y en este marco, el Gobierno en funciones se ha metido en un agujero de difícil salida, por más que oficialmente digan que Bruselas está satisfecha con la gestión de Sánchez del «conflicto catalán» porque lo único que les importa es que en la economía española, dado su peso y las incertidumbres que se atisban en el horizonte, haya estabilidad. Si se escucha lo que dicen en Moncloa habría que creer que en Bruselas casi agradecen a Sánchez el gesto de rectificar su posición política y electoral en aras de la convivencia.
El problema es que sobre este argumentario se impone el del independentismo, muy eficaces en su labor diplomática y con los medios extranjeros, y también la idea fuerza con la que trabaja el PP: que Sánchez rompe el principio de separación de poderes y la igualdad entre españoles a cambio de siete escaños para seguir en el gobierno.
La censura a las embajadas, a través de una nota interna, ha generado incomodidad y malestar sobre unos funcionarios de carrera que consideran que la amnistía es una falta de respeto al trabajo que ha hecho la Administración española, contra viento y marea, para anular las «intoxicaciones» de la Generalitat catalana, pagada, por cierto, con fondos públicos.
Ayer, Feijóo se reunió con los corresponsales extranjeros y les hizo entrega de un dossier con todos los pronunciamientos de asociaciones judiciales, fiscales, abogados y demás representantes de la sociedad civil contra la amnistía. Es un material que sirve para abonar la idea de que aquí hay una rebelión civil, como se ha visto en otros países, como Rumania o incluso Israel, contra los excesos «antidemocráticos» de un Gobierno que está pervirtiendo las reglas sobre las que se sostiene su legitimidad. Esta rebelión civil puede influir en las decisiones de la Comisión y del Consejo Europeo. Como informó este periódico las asociaciones civiles tienen a su alcance dirigirse al grupo de monitorización del Estado de Derecho, del Parlamento Europeo, para pedir que se fiscalice la situación de la democracia en España.
Artículo en: https://www.larazon.es/espana/todo-listo-que-internacionalice-amnistia_202311156553d728b276150001b2183a.html
GARCÍA CASTELLÓN PIDE AMPARO AL CGPJ ANTE LA ACUSACIÓN DE «PREVARICACIÓN» DEL GOBIERNO POR IMPUTAR A PUIGDEMONT
Artículo de Angela Martialay publicado en El Mundo el pasado día 15
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las declaraciones realizadas por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, donde sugirió que el instructor podría haber prevaricado al imputar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira en el caso de Tsunami Democràtic durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.
En el escrito remitido por el instructor al órgano de gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso EL MUNDO, García Castellón explica que siente una «perturbación» en su independencia con las declaraciones del número dos de la ministra Pilar Llop.
El secretario de Estado de Justicia sostuvo en una entrevista el pasado miércoles , en la emisora de Radio Popular-Herri Irratia, lo siguiente: «Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea…».
García Castellón recoge que sufre «una perturbación» en su independencia «en la medida que, quien afirma lo anterior, es el titular de la Secretaría de Estado de Justicia, órgano a quien corresponde, entre otras funciones las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia o la promoción de los Derechos Humanos en el ámbito de competencias del Ministerio».
Además, el magistrado de la Audiencia Nacional subraya que se trata de «un órgano ministerial que, por su íntima conexión con el Poder Judicial y su Gobierno, ostenta una capacidad de influencia sobre los jueces y magistrados que integran la Carrera, y cuyas manifestaciones señalando y calificando la actuación de uno de sus integrantes, le sitúan en una posición particularmente perturbadora». El juez añade que las declaraciones de Tontxu Rodríguez «podrían suponer la imputación manifiesta de la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial, al atribuir a este instructor el dictado de una resolución con la sola voluntad de influir, extremo totalmente ajeno a la realidad del procedimiento penal en el que se enmarca la decisión».
Por otro lado, García Castellón pone en conocimiento del CGPJ que Patricia Plaja Pérez, portavoz de la Generalitat de Cataluña, sostuvo ante los medios de comunicación días atrás que «aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando». El instructor del caso Tsunami Democràtic expone que estas manifestaciones, además, podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, «susceptible de perseguirse de oficio al imputarse abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial».
Asimismo, el juez Manuel García Castellón advierte que «sería una tarea prácticamente imposible, por su volumen, analizar el contenido de todo lo publicado» sobre el auto en el que decidió imputar a Puigdemont y Rovira por terrorismo pero agrega que «en todo caso, será a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los órganos competentes, a quienes corresponda depurar, si las hubiere, las responsabilidades que pudieran derivarse». A estos efectos el juez remite también una copia de este escrito a la Fiscalía General con el objeto de que investigue los hechos.
Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2023/11/15/6553ca8ae4d4d893408b4574.html
EN EL PSOE HAY UNA «MÁXIMA PREOCUPACIÓN» PERO NO POR LAS MANIFESTACIONES
Artículo de Hugo Pereira publicado en ESdiario el pasado día 14
La ley de amnistía iba a traer consigo una gran respuesta de la sociedad civil. Eso ya se lo esperaban desde el PSOE. Es por ello que la «labor de pedagogía», como trasladan a ESdiario fuentes socialistas, iba a ser más necesaria que nunca para tratar de «normalizar» la amnistía que el PSOE concedió a los independentistas de Junts y ERC.
En otras palabras, «la calle es lo de menos», asevera la misma fuente socialista consultada, y aunque el éxito de convocatoria de PP y Vox está siendo innegable, «las movilizaciones son lo que se espera de dos partidos como PP y Vox que tienen tal poder de convocatoria», añade. Es decir, desde el PSOE no lo ven como algo extraordinario, al contrario, entienden que las concentraciones «son algo pasajero» que irán paulatinamente desinflándose «tras la investidura de Pedro Sánchez». «Hay que soportar este momentáneo golpe y listo», desdeñan los de Pedro Sánchez. Lo que hemos visto estos días «es la máxima movilización que puede conseguir la derecha», inciden otras fuentes del PSOE a este periódico.
El Poder Judicial contra los pactos de Sánchez
A pesar de que las concentraciones no han surtido efecto en las filas socialistas, la dos palabras que mejor definen al PSOE en estos momentos es «máxima preocupación». Y tal estado anímico no solo sobrevuela a la cúpula de Ferraz, también se palpa a nivel de militancia.
La «agregación del Poder Judicial y de sindicatos de la Policía y Guardia Civil en contra de la amnistía y otros acuerdos con Junts y ERC» sí que «preocupa mucho a gran parte de la militancia del PSOE» por «la deriva que pueda tomar», destaca a este periódico una solvente fuente socialista.
Es que «hay cosas de consenso» entre los jueces y despachos de abogados. Cuando se les ataca incluyendo el concepto de lawfare o politización de la justicia en un acuerdo firmado por el PSOE y Junts, «es normal que todas las asociaciones salgan en contra de ello», asevera la fuente socialista a ESdiario. Y, ciertamente, todas las asociaciones de jueces -conservadoras y progresistas- se han puesto de acuerdo a la hora de condenar múltiples puntos del acuerdo político entre PSOE y Junts.
El Poder Judicial, entienden desde el PSOE, puede tirar por la borda parte de los consensos que los socialistas han alcanzado con los independentistas. No es, tan solo, sacar adelante una investidura sino toda una legislatura. En suma, los de Pedro Sánchez no se esperaban que unánimemente los jueces -y tantas otras asociaciones-, incluido el CGPJ y el Tribunal Supremo, salieran en contra de los pactado con Junts. Ha sido un jarro de agua fría.
En otras palabras, «la calle es lo de menos», asevera la misma fuente socialista consultada, y aunque el éxito de convocatoria de PP y Vox está siendo innegable, «las movilizaciones son lo que se espera de dos partidos como PP y Vox que tienen tal poder de convocatoria», añade. Es decir, desde el PSOE no lo ven como algo extraordinario, al contrario, entienden que las concentraciones «son algo pasajero» que irán paulatinamente desinflándose «tras la investidura de Pedro Sánchez». «Hay que soportar este momentáneo golpe y listo», desdeñan los de Pedro Sánchez. Lo que hemos visto estos días «es la máxima movilización que puede conseguir la derecha», inciden otras fuentes del PSOE a este periódico.
El Poder Judicial contra los pactos de Sánchez
A pesar de que las concentraciones no han surtido efecto en las filas socialistas, la dos palabras que mejor definen al PSOE en estos momentos es «máxima preocupación». Y tal estado anímico no solo sobrevuela a la cúpula de Ferraz, también se palpa a nivel de militancia.
La «agregación del Poder Judicial y de sindicatos de la Policía y Guardia Civil en contra de la amnistía y otros acuerdos con Junts y ERC» sí que «preocupa mucho a gran parte de la militancia del PSOE» por «la deriva que pueda tomar», destaca a este periódico una solvente fuente socialista.
Es que «hay cosas de consenso» entre los jueces y despachos de abogados. Cuando se les ataca incluyendo el concepto de lawfare o politización de la justicia en un acuerdo firmado por el PSOE y Junts, «es normal que todas las asociaciones salgan en contra de ello», asevera la fuente socialista a ESdiario. Y, ciertamente, todas las asociaciones de jueces -conservadoras y progresistas- se han puesto de acuerdo a la hora de condenar múltiples puntos del acuerdo político entre PSOE y Junts.
El Poder Judicial, entienden desde el PSOE, puede tirar por la borda parte de los consensos que los socialistas han alcanzado con los independentistas. No es, tan solo, sacar adelante una investidura sino toda una legislatura.
En suma, los de Pedro Sánchez no se esperaban que unánimemente los jueces -y tantas otras asociaciones-, incluido el CGPJ y el Tribunal Supremo, salieran en contra de los pactado con Junts. Ha sido un jarro de agua fría.
CARGOS DEL PSOE ADMITEN QUE NO LES GUSTA INCLUIR ‘LAWFARE’ EN EL ACUERDO CON JUNTS Y RECLAMAN INFORMACIÓN SOBRE AMNISTÍA
Artículo de Europa Press publicado en su web el pasado día 13
Minimizan el impacto que puede tener la batalla contra la medida en las instituciones europeas por el crédito que acumula Sánchez
El pacto entre PSOE y Junts ha despejado de obstáculos el camino hacia la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, aunque ha desatado el rechazo frontal de la oposición y del Poder Judicial que consideran que acepta condiciones que ponen en riesgo la democracia. Sin embargo, también hay críticas internas y hay cargos socialistas que no ven con buenos ojos algún punto de la medida.
Así, fuentes socialistas que ocupan cargos de responsabilidad admiten que no le gustan las referencias al ‘lawfare’ que aparecen en el texto negociado y firmado en Bruselas por el secretario de Organización, Santos Cerdán. Advierten, además, de la falta de información sobre la ley de amnistía.
El PSOE aceptó finalmente incluir esa expresión –que hace referencia a la guerra judicial o el abuso de instituciones judiciales contra adversarios políticos– en el acuerdo con el partido del expresidente Carles Puigdemont que se hizo público el pasado jueves.
Las fuentes consultadas también señalan que el redactado de esa parte del acuerdo no se entiende correctamente, a pesar de que se discutió la inclusión de cada palabra durante mucho tiempo, según indican. De hecho, Cerdán pasó cinco días seguidos en Bruselas para cerrar definitivamente el pacto y firmarlo junto al secretario general de Junts, Jordi Turull.
El texto recoge este punto de la siguiente manera: «En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
El rechazo a la medida fue inmediato por parte del Poder Judicial, y a las pocas horas todas las asociaciones judiciales –progresistas y conservadoras– emitieron un comunicado conjunto expresando su malestar.
El PSOE se vio obligado a reaccionar y envió una aclaración en la que señalaron que las referencias al ‘lawfare’ se circunscriben únicamente a las comisiones de investigación parlamentarias sobre la ‘Operación Kitchen’ y ‘Pegasus’, dos casos en los que hubo espionaje a independentistas. Pretendían dejar claro que no se va a inmiscuir en el terreno de la Justicia ni se van a revisar sentencias.
Las fuentes consultadas se expresan en la misma línea y restan importancia a las consecuencias que puede acarrear. Dejan claro que queda reducido al ámbito de las comisiones en el Congreso, que solamente pueden pedir responsabilidades políticas, no judiciales.
La otra crítica expresada en el interior del PSOE pasa por el contenido de la ley de amnistía, que todavía no se ha hecho público y que se podría conocer este lunes, día en el que la dirección del PSOE tiene previsto registrar la ley.
De hecho este mismo sábado, Santos Cerdán afirmó que la ley estaba terminada y que los últimos detalles que quedaban por cerrar ya están «pulidos». Afirmó además que solo falta que la vean el resto de grupos parlamentarios que la va a firmar, pues la idea del PSOE es registrarla en el Congreso como proposición de ley con la firma de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG.
Sin embargo, fuentes del PSOE advierten de la falta de información sobre esta medida, tanto de forma interna, ya que apenas se conocen detalles del contenido de la ley a excepción de un círculo muy reducido de dirigentes, y por supuesto hacia afuera, hacia la ciudadanía.
Aunque admiten la medida y defienden que se lleve a cabo para mejorar la convivencia en Cataluña, en la misma línea que en la pasada legislatura se aprobaron otras iniciativas como los indultos a los líderes independentistas condenados, la eliminación del delito de sedición o la rebaja de la malversación, advierten de que se debe hacer un esfuerzo para explicarla a los ciudadanos.
INSTITUCIONES EUROPEAS
Además, otras fuentes del PSOE consideran que la batalla contra la amnistía en las instituciones europeas que previsiblemente dará la oposición tiene poco recorrido.
Después de la carta del comisario de Justicia, Didier Reynders, que pertenece al grupo de los liberales, dirigida a los ministros de Presidencia y Justicia en funciones, pidiendo explicaciones sobre la ley de amnistía, el PSOE da por hecho que los eurodiputados del PP intentarán que la UE tome medidas para obligar a Sánchez a dar marcha atrás.
En ese sentido piensan que los ‘populares’ intentarán que se active el artículo 7 contra España, el cual permite suspender los derechos como miembro de la UE si infringe «de forma grave y persistente» los principios en que se basa la unión (respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías).
Sin embargo, en el PSOE descartan por que pueda tomarse esta medida contra España, debido al crédito que ha acumulado Sánchez en el seno de la UE. Consideran que si el jefe del Ejecutivo está liderando debates en las cumbres, el resto de países no va a contemplar aplicar un correctivo de esa entidad en su contra.
