“Armengol asegura que el modelo territorial de la Constitución `deja abierto el camino´ para que los ciudadanos decidan”, de Marisa Cruz; “Los juristas coinciden: «Nos enfrentamos a un grave intento de reforma encubierta de la Constitución»”, de María Jamardo; “Llegan a Canarias el doble de pateras que el año pasado”, de Susana Campo; e “Investidura y crisis institucional en España”, de Carlos Pérez del Valle
(Viñeta de Esteban en La Razón el pasado día 7)
ARMENGOL ASEGURA QUE EL MODELO TERRITORIAL DE LA CONSTITUCIÓN «DEJA ABIERTO EL CAMINO» PARA QUE LOS CIUDADANOS DECIDAN
Artículo de Marisa Cruz publicado en El Mundo el pasado día 7
La oposición interpreta las palabras de la presidenta del Congreso como una referencia velada al derecho de autodeterminación y ella matiza: «Hablamos de reforzar el Estado autonómico».
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dedicado su discurso a elogiar la Constitución, el espíritu de consenso y «la generosidad» que permitió aquel «pacto entre diferentes». «Si fuimos capaces de ponernos de acuerdo», ha dicho, «en los momentos de mayor dificultad, si el interés general se impuso a todo lo demás y la búsqueda de la concordia pasó por encima del enfrentamiento, entonces es que la senda del entendimiento está marcada: la marca la propia Constitución».
Armengol ha recalcado que en la Constitución «no están escritos la crispación, el desprecio o el enfrentamiento» y ha asegurado que «la ley de leyes sigue siendo la cura más efectiva contra la discordia».
Armengol ha hecho una mención especial al título VIII de la Constitución sobre el modelo territorial que, ha afirmado, «integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones». Una afirmación esta que ha sido interpretada en las filas de la oposición como una apuesta semi velada por el derecho a decidir, en definitiva, por el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, y a la vista de la confusión que han generado sus palabras, desde su equipo de comunicación se ha emitido una nota dirigida a la prensa matizando que las frases de la presidenta debían interpretarse como una apuesta por «reforzar el Estado autonómico» y acercarlo a la ciudadanía.
Las presidenta ha pedido «asumir el privilegio de las diferencias, abrazando lo heterogéneo» y ha apostado por «convertir un país en otro más moderno, más libre, más próspero y más justo». «Tenemos», ha defendido, «que llegar a acuerdos en beneficio del bien común y contribuir a diseñar el país de las próximas generaciones».
En su opinión, «ser constitucionalista no consiste en levantar la Carta Magna como si de un tótem se tratara, sino en asumir que podemos llegar a acuerdos para cumplirla y desarrollarla». Y ha añadido: «Hacia los desafíos que nos esperan, debemos mirar juntos».
Sin embargo, pese a todos estos elogios, Armengol ha asegurado que en el espejo de la Constitución «no nos vemos reflejados del todo» y ha apostado por seguir trabajando para hacer «realidad su palabra» y «reflejarnos en ella». Esto es: «desplegar y actualizar los mandatos de la Constitución. Y hacerlo desde el pluralismo y el respeto a la legitimidad del otro».
La presidenta del Congreso ha insistido, haciéndose eco de las palabras del presidente del Gobierno, en la «obligación total de cumplirla». «Deberíamos acatar todos y cada uno de sus preceptos», ha afirmado antes de lamentar que «quedan asignaturas pendientes». Estas asignaturas son, en su opinión, las que afectan a la igualdad, a la vivienda, a los servicios públicos y al medio ambiente.
UN DISCURSO «HECHO EN FERRAZ», SEGÚN EL PP
Para el PP, el discurso de Armengol ha sido «hecho en Ferraz»: «Armengol, que está convirtiendo el Congreso en una sucursal del PSOE, ha hablado hoy de «proceso de toma de decisiones» en la «cuestión territorial» y debe dar explicaciones urgentes al respecto de esta afirmación», señalan fuentes populares.
El PP acusa a la presidenta del Congreso de ponerse «a la cabeza de las reivindicaciones de quienes han planteado una enmienda a la totalidad a nuestra Constitución, en forma de amnistía que va camino de convertirse en la primera ley del Gobierno en la Legislatura».
«No hay precedentes de que un presidente del Congreso utilice actos institucionales, como la apertura solemne de una Legislatura o la celebración del Día de la Constitución, para trasladar mensajes en línea de lo que defiende Sánchez para continuar en Moncloa, que pasa por dar privilegios a formaciones rupturistas y enemigas de la Carta Magna», añaden.
Artículo en: https://www.elmundo.es/espana/2023/12/06/657063b021efa010038b457f.html
LOS JURISTAS COINCIDEN: «NOS ENFRENTAMOS A UN GRAVE INTENTO DE REFORMA ENCUBIERTA DE LA CONSTITUCIÓN»
Artículo de María Jamardo publicado en El Debate el pasado día 6
La mayoría de los juristas consideran que tanto la ley de amnistía como un posible referéndum pactado con los separatistas catalanes «violentan peligrosamente» la Carta Magna.
Cuarenta y cinco años después de que se aprobase la Constitución, la Norma pasa por «el peor momento de consenso imaginable». «La insólita confrontación entre los dos principales partidos políticos, consecuencia del descaro con el que el Gobierno afronta la política en clave nacional, hace inimaginable que se pueda abordar una reforma constitucional. En este contexto no hay posibilidad de grandes acuerdos y los cambios constitucionales son cuestión de Estado, no de Gobierno. Reformar unilateralmente la Constitución, como se está pretendiendo por parte del Ejecutivo es un disparate», asegura el catedrático gallego Roberto Blanco Valdés, a El Debate.
Para el jurista de la Universidad de Santiago de Compostela, «la única materia verdaderamente relevante que podría llevarnos a abordar una reforma constitucional es la cuestión territorial» y, sin embargo, «no es viable con un Gobierno entregado a los separatistas que quieren ya no más dinero o competencias, sino el poder soberano. Es decir, la independencia».
Los cambios constitucionales son cuestión de Estado, no de Gobierno
Un diagnóstico en el que coincide con la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Castilla La Mancha, Luisa María Gómez Garrido quien reflexiona sobre cómo «la salud de las constituciones depende del respeto de las sociedades en las que rigen y, muy en especial, del que le dispensan las instituciones». Desde este punto de vista, «la Constitución está sufriendo una de las mayores erosiones en una situación objetivamente la más grave que hemos vivido en todo el período democrático», apunta la magistrada. «Lo que se está intentando» es, nada menos que «se quiere generar una situación socio-política e institucional distinta a la que prevé la Constitución pero sin alterar la misma. Es decir, un nuevo proceso constituyente».
¿Y cómo? «Por medio de una serie de asunciones institucionales de reformas legislativas simultáneas no de dudosa constitucionalidad sino que, en muchas ocasiones, abiertamente inconstitucionales», afirma Gómez Garrido. «De ahí la obsesión del poder político, en este momento, por condicionar cuando no eliminar la labor del contrapeso del Poder Judicial y también de controlar otras instancias intérpretes» de la Carta Magna como es «el Tribunal Constitucional».
No menos de lo que lo hace su compañero de profesión, el magistrado emérito del Supremo Antonio Salas Carceller, para el que no cabe que el TC «pueda salvar la ley de amnistía que amenaza» los muros de contención de la Carta Magna «de manera fácil y sin caer en un enorme desprestigio» como institución. Salas Carceller considera que «la Constitución ha tenido y tiene un papel esencial en democracia pero que, ahora, como nunca antes, está siendo violentada».
Una visión que comparte con el también exmagistrado Manuel Aragón, tremendamente crítico con la «amenaza» que supone la ley de amnistía para nuestro ordenamiento. Para ambos, el hecho de que «se esté incumpliendo la Constitución con la intención de evitar modificarla» encierra un peligro extremo.
«El riesgo mayor al que se enfrenta la Constitución es el de los proyectos legislativos al borde de los límites legalmente previstos y obviando las exigencias y mayorías previstas por la propia Carta Magna, abunda Luis Sanz, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, en el mismo sentido. Para Sanz, tanto la ley de amnistía como el pretendido referéndum de Cataluña, «ocultan una suerte de reforma encubierta».
Se está incumpliendo la Constitución con la intención de evitar modificarla porque no se dan las mayorías necesarias
«Vivimos el peor momento de la etapa constitucional» denuncia, también, Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Y ello, por el «sometimiento a las exigencias inaceptables (amnistía, privilegios económicos, referéndum,…) que plantean los separatistas catalanes que, además, »se ven sorprendentemente premiados».
Garrido confía, sin embargo, en que «la Constitución resistirá a los ataques que sufre y sus incumplimientos», ya que «uno de los rasgos más destacables es su rigidez, que si bien no impide su reforma, obliga para ello a un alto consenso». De lo contrario «ya estaría destrozada», asevera el jurista valenciano para quien cualquier pacto, ahora, exige «respetar los tres elementos esenciales que sostienen el edificio constitucional: el Estado social y democrático de derecho; la unidad nacional, con el reconocimiento de las autonomías que no conllevan soberanía; y, la monarquía parlamentaria»
LLEGAN A CANARIAS EL DOBLE DE PATERAS QUE EL AÑO PASADO
Artículo de Susana Campo publicado en La Razón el pasado día 4
A nivel nacional, también se registra un repunte del 73%, según los datos de Interior. Desde 2006, durante la llamada «crisis de los cayucos», el archipiélago canario no registraba una cifra de llegadas irregulares tan altas como las actuales. Más del doble de inmigrantes, en comparación con el año pasado, han arribado en los primeros once meses del año hasta las Islas Canarias. Según el balance quincenal elaborado por el Ministerio de Interior, de enero a noviembre, la inmigración en patera ha crecido en la comunidad un 134,8%, hasta las 35.410 entradas, es decir, el doble que el año pasado cuando desembarcaron tan solo 15. 082 personas. Se trata de una cifra nunca antes vistas desde que hay registros, que revelan la magnitud de la problemática en el archipiélago. Sin ir más lejos, solo en la jornada de ayer, un cayuco con más de 80 personas – todos varones adultos y subsaharianos– fueron rescatados al sur de la isla de Canarias.
Las cifras preocupan, especialmente al Gobierno autonómico. Prueba de ello es que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, criticó esta semana la ausencia de un diálogo «concreto y efectivo» sobre los flujos migratorios en la relación bilateral entre los gobiernos de España y de Marruecos, pese al memorando de entendimiento suscrito por Madrid y Rabat en 2019 para una asociación estratégica en esta materia. También lamentó que, a pesar de que el Estatuto de Autonomía y la Agenda Canaria lo incluyen, «no se ha llevado a cabo de manera efectiva». No es un tema baladí, tal y como demuestra la futura visita de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, el próximo 18 de diciembre para conocer «in situ» la problemática y los retos que para los recursos de acogida supone esta avalancha continua de llegadas irregulares.
El repunte migratorio también preocupa a nivel estatal, ya que son la mayoría de entradas de inmigración irregular las que registran un incremento. De hecho, un total de 50.551 migrantes han entrado en España de forma irregular en 2023, que es el segundo año con más entradas después de 2018 (más de 57.000), una cifra que supone un incremento del 73% (21.328 más) respecto al mismo periodo del año pasado. Solo en la última quincena de noviembre, las cifras revelan que entraron de forma irregular por cualquiera de las vías un total de 3.689 personas.
Respecto a la Península y Baleares, el documento de Interior, señala que experimenta un incremento interanual al pasar de 11.727 el año pasado a las 13.726 en lo que va de 2023, es decir, un 17% más. Cabe recordar que en los últimos días la Guardia Civil ha conseguido desarticular en Alicante a una organización criminal dedicada a la introducción irregular de migrantes y al tráfico de drogas entre Argelia y España.
Respecto a Ceuta y Melilla, aumentan las llegadas a Melilla por vía marítima mientras que descienden por Ceuta. En cuanto a las llegadas terrestres también se registra un comportamiento dispar en ambos enclaves. A Ceuta llegaron un total de 1.020 inmigrantes, es decir, 51 más que el año anterior mientras que a Melilla lo hicieron un 86,8 por ciento menos, es decir 155 frente a 1.171.
Artículo en: https://www.larazon.es/espana/llegan-canarias-doble-pateras-que-ano-pasado_20231204656d2357d6703700018d53f4.html
INVESTIDURA Y CRISIS INSTITUCIONAL EN ESPAÑA
Artículo de Carlos Pérez del Valle, Catedrático de Derecho Penal, Universitat Abat Oliba CEU publicado en Aceprensa el pasado día 3
La legislatura recién iniciada se presenta como incierta en una perspectiva institucional. A las peculiaridades de un gobierno de coalición, que ya se vivieron en la anterior, se añade un nuevo marco en el que se encuadran los pactos con Esquerra Republicana y, sobre todo, con Junts per Catalunya, además de algunos de los acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco y el misterio que rodea al compromiso de legislatura con EH Bildu.
El punto de partida es una evidente pérdida de peso del Parlamento. Es cierto que tanto la organización de los partidos políticos –también los que cuentan con menos representación– y el sistema proporcional han oscurecido siempre el papel de las Cortes. Sin embargo, en los últimos tiempos, la oportunidad política ha prevalecido sobre cuestiones técnicas: la frecuentísima tramitación de leyes orgánicas por la vía de urgencia, que hace difícil un debate sereno sobre aspectos cruciales; la abundancia de proposiciones de ley –por tanto, presentadas por los grupos parlamentarios– que, en realidad, deberían ser proyectos de ley, puesto que responden a iniciativas del propio gobierno, con la única finalidad de evitar informes de órganos consultivos; la distribución de iniciativas legislativas a comisiones que poco o nada tienen que ver con los aspectos sustanciales tratados en los textos. Si a esto se añade la frecuencia con que se ha legislado mediante decretos leyes sin la “extraordinaria y urgente necesidad” que requiere la Constitución, no puede presentarse un panorama gratificante en un sistema que quiere ser parlamentario. La negociación de la investidura no parece contemplar un cambio en este sentido, sino que, más bien al contrario, permite percibir cierta satisfacción por lo logrado con esa forma de actuar.
Enroque en el CGPJ
Lo que de forma inmediata afecta a las instituciones en los pactos de investidura es la situación del Poder Judicial, que también es heredada de la legislatura anterior. En un primer plano, resulta obvia la dificultad para llegar a un acuerdo para la renovación de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, donde las posiciones se contraponen en relación con el propio sistema de nombramiento de sus miembros, especialmente porque el Gobierno, ahora formado, previsiblemente no modificará su punto de partida y, por tanto, no cederá a la exigencia de la oposición, que pretende dar un protagonismo decisivo a la elección de los propios jueces. La cuestión no implica consecuencias directas respecto a las decisiones cotidianas de los jueces y, por supuesto, a su imparcialidad; pero la modificación legal, llevada a término por el Gobierno en la legislatura pasada, que impide al Consejo nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales, representa ya un obstáculo a su eficacia y deterioro en la imagen de los jueces. Hasta aquí, se trata de nuevo de una crisis que permanece y cuya solución, con los pactos de investidura, parece incluso más difícil.
Discutida constitucionalidad de la amnistía
Sin embargo, los pactos de investidura plantean dos cuestiones nuevas que también afectan al Poder Judicial, y no tanto a la dimensión política de su órgano de gobierno, sino al desempeño de la función jurisdiccional por parte de los jueces. La primera es, como resulta claro, la proposición de ley de amnistía, cuya adecuación a la Constitución es discutida, porque, para no por pocos juristas, contradice la prohibición de los indultos generales. Aunque es claro que aquí ha prevalecido la opinión de quienes defienden la constitucionalidad de la amnistía en abstracto, no cabe duda de que, incluso en esa posición, no cualquier amnistía es constitucional, y no sólo por razones formales. En este tema es donde la cuestión afecta al desempeño de sus funciones por los jueces: estos aplican las leyes penales de forma individualizada, puesto que cada sujeto puede merecer una pena diferente de acuerdo con su culpabilidad, pero sin que nadie quede fuera de la ley penal. La amnistía es, en este sentido, una disposición muy particular, porque implica la desaparición del poder de perseguir y castigar en determinados casos y, por tanto, desigualdad en la aplicación de la ley penal, que es el instrumento más contundente que tiene el Estado en sus manos. Por eso, una amnistía que quiera ser constitucional sólo puede quebrar esta igualdad ante la ley en situaciones excepcionales y con exigencias excepcionales: un consenso social muy amplio sobre su necesidad para la comunidad política y una regulación de los casos incluidos que no sea una recopilación de situaciones conflictivas diversas a las que se quiere beneficiar.
Lawfare, amenaza a la independencia judicial
La segunda cuestión es la relativa al denominado lawfare o “judicialización de la política”, que se ha concretado en los pactos de investidura con la referencia a la formación de comisiones de investigación parlamentarias sobre las actuaciones judiciales, y a consecuencias concretas como acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Esta es, tal vez, la que contiene consecuencias más sensibles, por lo que implica en relación con la imparcialidad de los jueces. La independencia judicial no es un recurso retórico: sin jueces independientes es imposible la garantía de decisiones imparciales. Resulta inverosímil la independencia de un juez cuando ha de estar sometido al control de comisiones parlamentarias. La lucha contra la corrupción es, en este punto, un ejemplo más que suficiente: ¿Qué garantiza la imparcialidad de los jueces que han de decidir sobre la culpabilidad en casos de corrupción, si políticos de los partidos a los que pertenecen los acusados pueden someterlos, posteriormente, a una comisión de investigación? Sin duda, los jueces no siempre aciertan y, en ocasiones, han de responder por sus desaciertos, pero su responsabilidad está definida, fundamentalmente, por la posibilidad de ser juzgados por prevaricación; eso sí, en el curso de un proceso judicial con las mismas garantías con las que ellos han juzgado, y esto, evidentemente, no lo garantiza una comisión parlamentaria.
La alusión a la “judicialización de la política” constituye una afirmación especialmente grave, que sólo puede responder a dos razones: o bien se quiere decir que los jueces actúan con criterios políticos y no jurídicos; o bien se cuestiona que los delitos cometidos con fines políticos pueden estar sujetos necesariamente al control judicial. La primera razón sólo puede mantenerse si se considera que el sistema de responsabilidad de los jueces, y sobre todo de responsabilidad penal por el delito de prevaricación, no está garantizado; pero la experiencia demuestra lo contrario, y no son pocos los jueces –tampoco pueden ser muchos en un sistema que funciona correctamente– que han sido condenados por otros jueces. La segunda razón es, desde luego, el paradigma de una crisis institucional profunda: la pretensión de los políticos de escapar al control judicial al que están sujetos los ciudadanos a los que representan.
En estas circunstancias, en las que la erosión de resortes esenciales para la confianza en el derecho y en su aplicación es tan sensible, es difícil mantener expectativas de estabilidad en las instituciones y, por ello, de una seguridad jurídica esencial.
