“Las dudas que suscitará la aplicación de la ley de amnistía en los tribunales”, de Ilier Navarro; “Las feministas socialistas piden a Redondo seguir los pasos de Ayuso”, de Beatriz Roda; “El peligroso caballo de Troya que puede infiltrarse en la reforma del artículo 49 de la Constitución”, de Alonso Palacios; y “Pamplona para la ETA y gran pacto PSOE-PP: `discapacitados´ por `disminuidos´”, de Federico Jiménez Losantos
(Viñeta de Caín en La Razón el pasado día 4)
LAS DUDAS QUE SUSCITARÁ LA APLICACIÓN DE LA LEY DE AMNISTÍA EN LOS TRIBUNALES
Artículo de Ilier Navarro publicado en La Razón el pasado día 4
La norma, que entrará en vigor en 2024, plantea interrogantes sobre su constitucionalidad, los recursos ante el TJUE y cómo habrá que aplicarla. Todo parece indicar que 2024 será el año de la amnistía del «procés». Si nada se tuerce, será una ley inédita en los 45 años de democracia en España, ya que, desde la aprobación de la Constitución de 1978, solo se han aplicado algunas amnistías fiscales, la última de 2012. Pero poco o nada tienen que ver con la medida de gracia que se pretende aprobar en el marco del pacto de investidura entre Junts y PSOE y que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Aunque todavía no se cuenta con el texto definitivo, que podría entrar en vigor a mediados de este año, hay inquietud e incertidumbre entre jueces y juristas, que plantean dudas sobre cómo tendrán que aplicar esta norma.
Por una parte, está el interrogante sobre su apego a la Carta Magna y sobre cómo valorará el Tribunal Constitucional (TC) el texto legal. Y por otra, hay reparos sobre su encaje en el marco del Estado de derecho que protege el artículo dos del Tratado de la Unión Europea (TUE). Además, las actuaciones que impulsen ante estas instancias los jueces que hayan dirimido las causas amnistiables del «procés» para despejar las dudas legales sobre la amnistía están condicionadas por el funcionamiento de las comisiones parlamentarias de investigación, que también incluye el pacto de socialistas e independentistas. Ya se han creado tres de ellas. La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de aclarar con rotundidad que ningún juez debe acudir si les citan, ni siquiera si se les somete a presiones o amenazas, ha tenido una acogida positiva. Pero hay incertidumbre sobre la deriva de los acontecimientos, sobre todo, por la dependencia del Gobierno: el acuerdo con Junts y ERC no puede romperse si quiere asegurar su frágil continuidad.
Quienes ponen el foco en la constitucionalidad de la futura ley, insisten en que la amnistía no cabe en nuestro ordenamiento jurídico. La última amnistía de corte político fue la de 1977. Para algunos juristas, hablar de una amnistía es hablar de un concepto «preconstitucional», incluso «franquista», señalan; es decir, está al margen del sistema democrático del que goza España en estos momentos. Precisamente, recuerdan algunos de los expertos que han hablado con este periódico, en la Constitución no existe ninguna referencia a una amnistía, pero sí se alude a la prohibición de los indultos generales. Y esto es algo que subrayan. «Es de lógica. Si esta medida, menor en intensidad y alcance, no se incluye en la Constitución, menos aún se puede entender que una amnistía, de mayor calado, pueda tener encaje en nuestro ordenamiento jurídico», explica un constitucionalista. La legislación española solo reconoce los indultos personales, una potestad que deja en manos del Ejecutivo, que aplicó esta medida de gracia a nueve condenados del independentismo en junio de 2021. El delito no se elimina y hay una condena que se perdona, a diferencia de la amnistía que sí borra el delito, como si no hubiera ocurrido.
Lo razonable, señalan, es que los jueces planteen una cuestión de constitucionalidad ante el TC una vez que esta ley aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y sea aplicable. Pero el texto actual se salta una garantía fundamental: no se podrá paralizar el procedimiento mientras la corte de garantías resuelve sobre la constitucionalidad de la norma. «Solo por este precepto, existen motivos suficientes para elevarlo al Constitucional», comenta uno de los juristas consultados.
¿Hay algún precedente de amnistía similar desde 1978? Sí, se trata de la proposición de ley que presentaron los partidos independentistas en marzo de 2021 y que ni siquiera la Mesa del Congreso de los Diputados admitió a trámite, después de que el informe del Letrado Mayor de las Cortes la calificara de «palmariamente inconstitucional». Pero las cosas han cambiado. A solo dos años y medio de aquello, la proposición de ley de amnistía ha sorteado los filtros que antes no superaba. Un letrado de las Cortes indica que conviene esperar a que el debate parlamentario se desarrolle para que la corte de garantías valore si la norma finalmente aprobada es acorde con la Carta Magna o no.
Por otra parte, están quienes defienden acudir a instancias europeas. «Cualquier juez que tenga la más mínima duda sobre si se está vulnerando el Estado de derecho puede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Cualquiera», subraya con rotundidad una exmagistrada.
La amnistía, sostiene, va más allá porque supone un «borrado» de los hechos delictivos que se desarrollaron durante más de una década en el marco del «procés» de independencia, desde el 1 enero de 2012. Incluye, por tanto, la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y los disturbios ocurridos el otoño de 2019, después de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condenó a los líderes independentistas. «Es contraria al Derecho europeo porque vulnera el principio de igualdad, transmite un mensaje peligroso de impunidad y acaba con la seguridad jurídica». los magistrados que tengan una mínima duda, insiste, deben acudir a todas estas instancias para resolverlas.
LAS FEMINISTAS SOCIALISTAS PIDEN A REDONDO SEGUIR LOS PASOS DE AYUSO
Artículo de Beatriz Roda publicado en Moncloa.com el pasado día 3
La asociación Feministas Socialistas, conocida como FeMes y afín a la ideología del Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez, ha expresado su respaldo a las recientes modificaciones introducidas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Ley de Identidad y Expresión de Género de la Comunidad de Madrid.
La iniciativa de Díaz Ayuso, centrada en la protección de los menores, ha sido recibida positivamente por FeMes, que ha celebrado estos cambios. La asociación destaca la importancia de salvaguardar los derechos y el bienestar de los menores en el ámbito de la identidad y expresión de género.
El respaldo de Feministas Socialistas va más allá de las fronteras autonómicas, ya que solicitan a la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, una reforma en el mismo sentido para la Ley Trans, impulsada por Irene Montero a nivel nacional. Este llamado a la coherencia y a la aplicación de medidas similares a nivel estatal refleja el compromiso de FeMes con la defensa de los derechos de todas las personas, independientemente de su lugar de residencia.
Estos acontecimientos han generado un inusual consenso entre Feministas Socialistas y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, evidenciando que, en este caso particular, la preocupación compartida por la protección de los menores ha superado las diferencias ideológicas. La aprobación de estas medidas por parte de las feministas afines al PSOE destaca la importancia de la colaboración interpartidaria en temas cruciales relacionados con la igualdad y los derechos fundamentales.
SE DESVINCULAN DE LA IDEOLOGÍA DEL PARTIDO EN LO REFERENTE A LA LEY TRANS
Además, desde la asociación han tomado una posición independiente de la ideología del Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, en lo referente a la Ley Trans. Este cambio de postura ha generado un contraste evidente con la actitud mantenida por el PSOE y el propio Gobierno, liderado por Sánchez. Sobre todo en materia con los derechos que abarca la Ley Trans.
Según informa el medio de comunicación El Español, esta discrepancia se ha hecho manifiesta con la aprobación de la reforma de la ley autonómica de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación por parte de la Asamblea de Madrid el pasado día 22 de diciembre de 2023. La reforma, respaldada por votos del PP y Vox, establece que los menores que busquen someterse a un tratamiento hormonal deben contar con la supervisión de profesionales pediátricos y de salud mental infantojuvenil.
Altamira Gonzalo, vicepresidenta de FeMes, expresó a El Español su satisfacción por los cambios encaminados a proteger a los menores. Además, manifestó su apoyo a una reforma similar por parte del Ministerio de Igualdad a nivel estatal, argumentando que la ley de Irene Montero no respeta el «interés superior del menor».
La modificación también introduce cambios conceptuales significativos, sustituyendo menciones a la «identidad» y la «expresión de género» por sintagmas como «condición sexual» y «sexualidad»
Asimismo, Gonzalo, en declaraciones al citado medio, considera que la ley trans impulsada por Montero representa un retroceso en los derechos y libertades de las mujeres. Y también alerta sobre la incomodidad que pueden experimentar las mujeres al compartir espacios como baños, probadores o vestuarios con hombres que han tramitado cambios de género ante el Registro Civil. Por otro parte, advierte también que esta situación podría extenderse a prisiones femeninas y afectar al ámbito deportivo, donde mujeres con una trayectoria llena de sacrificios deben competir con hombres que han tramitado el cambio de sexo, solo sobre el papel.
Este desmarque de FeMes respecto a la postura oficial del PSOE destaca las tensiones internas dentro del ámbito feminista en torno a la legislación de identidad de género. La defensa del «interés superior del menor» se posiciona como un eje central en esta discrepancia.
LAS FEMINISTAS SOCIALISTAS DENUNCIAN LA GESTIÓN DE IRENE MONTERO EN IGUALDAD
El colectivo Feministas Socialistas (FeMeS) también han levantado su voz en crítica hacia la exministra de Igualdad, Irene Montero, acusando que la tramitación de la Ley Trans fue realizada por la vía de urgencia para evitar el debate de expertos en la materia en las Cortes. Estas declaraciones fueron recogidas por el medio de comunicación El Español.
Altamira Gonzalo, vicepresidenta de FeMeS, expresó su preocupación y anticipó la dificultad de que la nueva ministra de Igualdad impulse una reforma de la ley trans. Gonzalo sugiere que la titular de Igualdad, Ana Redondo, tiene una «gran tarea por delante» para avanzar en los derechos de las mujeres, focalizándose en cuestiones como la violencia de género, las brechas salariales y los techos de cristal que limitan el progreso profesional de las mujeres en empresas e instituciones.
La crítica de FeMeS se sustenta en la experiencia de países como el Reino Unido, Suecia y Finlandia, que, según Gonzalo, han tenido que dar marcha atrás en leyes trans similares a la impulsada por Irene Montero debido a los perjuicios que estas normativas han provocado para mujeres y menores.
Estas declaraciones reflejan un debate persistente en torno a la legislación de identidad de género, con FeMeS destacando la necesidad de un enfoque equilibrado que considere los derechos y experiencias tanto de mujeres como de personas trans. La mencionada tramitación urgente de la ley trans, según el colectivo, ha evitado un análisis más exhaustivo y un diálogo con expertos en la materia.
En una crítica a los cuatro años de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, Gonzalo lamenta que no se hayan producido avances significativos en los derechos de las mujeres durante ese periodo. Según la vicepresidenta de FeMeS, el enfoque del Ministerio se ha centrado en cuestiones como la ley trans, dejando de lado las demandas y necesidades del movimiento feminista.
En particular, Gonzalo destaca las «consecuencias negativas para las mujeres» derivadas de la ley del «solo sí es sí». Según cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la ley ha provocado rebajas de pena para más de 1.200 agresores sexuales, de los cuales 121 han salido de la cárcel. Es por eso que Altamira Gonzalo critica la falta de reforma de la ley por parte de Irene Montero y Podemos, quienes optaron por culpar al «machismo» y la falta de formación jurídica de los jueces en lugar de abordar las preocupaciones planteadas por el movimiento feminista clásico.
LAS CRÍTICAS FEMINISTAS COINCIDEN CON EL NOMBRAMIENTO DE ISABEL GARCÍA
La reciente e inesperada campaña desatada por Sumar y Podemos en contra de la nueva directora del Instituto de la Mujer, Isabel García, ha dejado al descubierto una profunda división entre el feminismo clásico y la ideología queer. Este enfoque, que niega la existencia del sexo biológico y presenta el género como una decisión personal modificable a lo largo de la vida, ha generado tensiones evidentes con el feminismo tradicional.
La ruptura ideológica se ha manifestado no solo en el ámbito de la política, sino también en las calles, durante las últimas manifestaciones feministas del 8-M. Dos marchas separadas han simbolizado esta división, una liderada por el PSOE y otra protagonizada por el resto de grupos de izquierdas.
Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Feministas Socialistas (FeMeS), ha señalado al citado medio la posición del colectivo al afirmar: «Nosotras somos las feministas y radicales que defienden la lucha por los derechos de las mujeres. Lo otro no se puede definir como feminismo». Gonzalo destaca la importancia de la ciencia al afirmar que «quien nace mujer muere mujer, y quien nace hombre muere hombre, aunque uno se opere, los cromosomas están ahí».
EL PELIGROSO CABALLO DE TROYA QUE PUEDE INFILTRARSE EN LA REFORMA DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo de Alonso Palacios publicado en El Debate el pasado día 2
Tras más de 45 años sin modificarse la Carta Magna, hay acuerdo para cambiarla en un momento que puede ser aprovechado por el separatismo. El PP tenía razón cuando desconfiaba de la reforma del artículo 49 de la Constitución.
Mayo de 2021. El Consejo de Ministros del día 11 aprueba un proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución relativo a los derechos de las personas con discapacidad en España. La modificación considera el texto «obsoleto» e «injusto», y plantea sustituir el término «disminuido» por «personas con discapacidad». El problema de abrir el melón de la reforma constitucional es que puede utilizarse para colar otras modificaciones. De hecho, el PNV, ya entonces, afirma claramente: «Va a resultar inevitable que al sacar una cereza de la cesta, salgan otras».
En diciembre de 2002, ese comentario se explicita. El PNV aprovecha el proyecto de reforma del artículo 49 para proponer enmiendas con las que introducir el derecho a decidir pactado, suprimir el artículo 155, y limitar la inviolabilidad del Rey.
El propio Grupo Vasco anunció la presentación de un total de 11 enmiendas al proyecto de reforma de la Constitución en trámite para incluir, a través de la modificación del artículo 2 y de la inclusión de una nueva disposición adicional, el derecho a decidir del pueblo vasco.
El artículo 2 pasaría a «reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que integran el Estado y la solidaridad entre todas ellas», mientras que la nueva disposición adicional rezaría: «La plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado».
Por su parte Junts per Catalunya, el partido que lidera Carles Puigdemont, presentó una enmienda en la que proponía añadir un nuevo apartado al artículo 117 (sobre el Poder Judicial). En concreto, éste: «Por ley orgánica se regulará el ejercicio del derecho de gracia mediante el indulto y la amnistía». Además, sus otras tres enmiendas trataban de desactivar sus grandes enemigos para la consecución de sus objetivos: el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas.
Como se ve, el nacionalismo vasco y el separatismo catalán estaban deseosos de que se abriera la puerta de la reforma constitucional para introducir sus propias reclamaciones rupturistas y tratar de dinamitar la Constitución desde dentro. Ni el derecho a decidir, ni la eliminación del artículo 155 ni la amnistía ni el TC… tienen nada que ver con eliminar el término «disminuido», algo con lo que por otra parte todo el mundo está de acuerdo.
Esa puerta se ha abierto ahora, un año después de aquella intentona. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegaron el pasado jueves en La Moncloa a un acuerdo para lograr la reforma. Durante el encuentro, han tratado temas como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del artículo 49 de la Constitución y el nuevo modelo de financiación autonómica, temas propuestos por el Gobierno. También, han hablado sobre la Ley de Amnistía y los pactos del Ejecutivo con el independentismo, a petición del PP.
Según ha explicado Feijóo, su propuesta es que antes de fin de año el PSOE y el PP presenten conjuntamente como proposición de ley el texto que pactaron hace meses y con las garantías de que no se aceptarán enmiendas ajenas ni modificaciones que no cuenten con el apoyo de los dos grandes partidos.
También requiere el compromiso del PSOE de que sus socios de Sumar no apoyarán la realización de un referéndum constitucional para ratificar la reforma, pues se podría organizar con la firma de 35 diputados y la posición de los de Yolanda Díaz sería determinante si alguien lo propusiera.
Artículo 167.3 de la Carta Magna
«Aprobada la reforma por las Cortes Generales, deberá ser sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras».
En cuanto a los plazos, ha propuesto aprobar la reforma constitucional por el procedimiento de urgencia y de lectura única de manera que se pueda aprobar en un Pleno monográfico del Congreso, a ser posible en enero.
El problema que se plantea es que todas esas garantías puedan quedar en papel mojado porque Sánchez y sus socios tienen un largo historial de incumplimientos. Pero además son especialistas en buscar todo tipo de triquiñuelas y atajos legislativos y legales para acomodar la legislación a sus intereses.
Tercera modificación de la Constitución
La reforma de la Constitución pactada este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para eliminar el término «disminuidos» será la tercera modificación de la Carta Magna desde su aprobación en 1978.
El Gobierno presentó un proyecto de reforma de ese artículo tras las elecciones de 2019, pero hasta ahora no había conseguido la mayoría cualificada del Parlamento que se requiere para la modificación, es decir, tres quintas partes de la Cámara, 210 diputados. Será ésta la tercera reforma de la Constitución de 1978, después de las acometidas en 1992 y en 2011.
El texto constitucional se mantiene prácticamente intacto desde 1978. Solo se ha modificado el artículo 13.2, referido al voto de los extranjeros, y el 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Adaptación al tratado de Maastrich
La primera modificación tuvo lugar en agosto de 1992 por iniciativa parlamentaria, para acomodar la legislación española al Tratado de Maastrich y permitir la elección de alcaldes y concejales en la persona de ciudadanos de la UE residentes en España.
El artículo modificado fue el 13.2, aunque sólo se añadieron dos palabras, «y pasivo», al referirse al derecho de sufragio en las elecciones municipales.
Estabilidad presupuestaria
La segunda reforma se inició el 26 de agosto de 2011, cuando PSOE y PP registraron en el Congreso una proposición destinada a garantizar la estabilidad presupuestaria, que afecta exclusivamente al artículo 135 de la Carta Magna, tras llegar ambas formaciones a un acuerdo el día anterior.
La reforma fue planteada por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), en un pleno extraordinario del Congreso el 23 de agosto y aceptada por el líder del PP, Mariano Rajoy. El pleno del Congreso aceptó la toma en consideración el día 30 de agosto y la propuesta se aprobó el 2 de septiembre, con 316 votos a favor y 5 en contra. El Senado la avaló el día 7, con 233 votos a favor de PP, PSOE, PSC y UPN, tres en contra y sin que los nacionalistas participaran en la votación. Antes la Cámara Alta rechazó 23 enmiendas de las minorías de izquierda y las formaciones nacionalistas, incluidas las que reclamaban que la reforma fuera sometida a referéndum popular. Por tanto, la reforma quedó definitivamente aprobada.
El 27 de septiembre el rey Juan Carlos I y el presidente Rodríguez Zapatero firmaron la reforma constitucional en un acto solemne celebrado en el Palacio de la Zarzuela.
PAMPLONA PARA LA ETA Y GRAN PACTO PSOE-PP: «DISCAPACITADOS» POR «DISMINUIDOS»
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 31
Este 2023 se nos va con una noticia previsible pero trágica: Sánchez ha entregado a la ETA la ciudad de Pamplona como futura capital de la Gran Euskalerría o Imperio Euskaldún, según el autorizado relincho de Asirón, un zangolotino que condenó el asesinato del concejal Tomás Caballero y nunca volvió a criticar a la banda terrorista, que es quien lo pone ahí. Ya fue un pésimo alcalde, pero en las dictaduras, y el País Vasco y Navarra lo son, no se discute la gestión, sino el poder, que allí, más que nunca está en la punta de las pistolas. Ya ni necesitan disparar… salvo que lo necesiten. En cuanto suelten al centenar de asesinos redomados que guarda y mima Marlaska, sobrarán voluntarios para pasar de nuevo a la acción en la nuca.
Disminuidos y discapacitados significan lo mismo
Pero el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, compensó con una inocentada semántica la pena de ver cómo el Gobierno de España ha preparado una dictadura racista y comunista con sede en Pamplona, con un rápido acuerdo de Estado entre PP y PSOE. La Constitución dicta en uno de sus artículos la especial protección que merecen los disminuidos físicos y psicológicos y remite a las leyes ordinarias el desarrollo futuro de esa protección. La cosa está muy clara: hay gente con capacidades limitadas o que necesitan un trato especial para integrarse plenamente en los ámbitos legales, laborales o de cualquier otro tipo, y el Estado velará por ellas.
Sin embargo, Bolaños y Cuca, siempre ellos, presentaron de la mano, sonrientes, una reforma para eliminar el término disminuidos de nuestra Constitución y sustituirlo por discapacitados. Más exactamente, «personas con discapacidad«, como pidió un grupo que opera con esa identificación. Pueden ir asesinos en las listas electorales, pueden los forajidos decretar una Ley de Amnistía para sí mismos, que pagarán votando al amnistiador. Pueden salir de la cárcel los violadores, destrozar los paisajes con las renovables, hundirse la capacidad adquisitiva de los salarios, consagrarse una España con ciudadanos de primera y siervos fiscales de segunda, hasta entregar toda la educación de analfabetos a la Generalidad catalana para asegurar la idiocia en dos idiomas y medio o dos medio idiomas mal aprendidos, como muestra el informe PISA. Todo eso, les da igual. Pero nada altera la voluntad golpista del Gobierno ni las ganas de la Oposición de hacernos creer y creerse que se puede pactar algo con el PSOE. Nada, salvo la precisión gramatical. Por ahí no pasan. Por la semántica, matan.
Veamos la redacción constitucional hasta la inocentada de 2023:
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
El gran pacto de Estado PP-PSOE resuelve el entuerto así:
Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
¿Hay algún cambio? Ninguno. Disminuido y discapacitado son, en español, sinónimos. Un discapacitado tiene disminuidas unas facultades determinadas que precisan ayuda, si no, no haría falta una ley especial. Y un disminuido es el que tiene alguna discapacidad que limita su inserción social o cualquier otro desarrollo en su vida personal o familiar. En inglés será como sea, y en otros idiomas, no lo sé; en español, aunque sobornen a la Real Academia Española de la Lengua, significarán siempre lo mismo.
Eso en lo semántico, donde sorprende la eliminación del término sensorial, que se presta a recoger situaciones inhabituales y poco atendidas. En cambio, hay una morcilla digna del juez De Prada: «Fomentarán la participación de sus organizaciones en los términos que la Ley establezca». ¿Cómo que «sus»? ¿Es que los discapacitados nacen con su organización? ¿Se refieren a las ya existentes, que han impelido a PP y PSOE al pacto? ¿Y si quieren organizarse de otro modo? ¿En qué marco legal se moverían? Silencio absoluto. Opacidad total. ¿Para esto se cambia la Constitución?
Del Estado de las autonomías al de los chiringuitos
Estamos ante un paso más del Gobierno en la privatización, a través de los sindicatos, de la atención a los discapacitados. Un chiringuito más, y van miles, para la retórica buenista de Yoli Puñales. El Estado desaparece, como en Cataluña, sustituido por tinglados asociativos tan politizados como corrompidos. Y Sánchez tapará crímenes de Estado tan atroces como la entrega de Pamplona a la ETA con villancicos asistenciales. Pronto dirá, ahuecando la voz, como siempre que miente más de lo habitual, que por primera vez, gracias a Él, la Constitución reconoce los derechos de los discapacitados, digo, de personas con discapacidad, no vayan a pensar en lobos o bacterias. ¿Antes, no? No, porque les llamaba disminuidos. Ahora, sí. Ahora ya está todo bien. Los parados no encuentran trabajo pero son «fijos discontinuos». Vas a comparar.
El curioso lector se preguntará: ¿y qué hace ahí el PP? La respuesta es fácil: ¿acaso alguna vez la Oposición se ha resistido a tocar el violón? Pues ahí está, blanqueando al PSOE, que es el que necesita la foto. ¡Qué cruz! Aunque al lado del calvario que nos espera en 2024, una nadería.
¡A resistir! ¡Qué remedio! ¡Feliz Año Nuevo y maldito Año Viejo!
