“Puigdemonov”, de Alfonso Ussía; “Bruselas da la puntilla a Sánchez tras el fiasco de Junts y le deja al borde del precipicio”, de Javier Ruiz de Vergara; “Zapatero y Óscar Puente le hacen la cama a Tudanca”, de Óscar Estaire Cabañas; y “Roberto Macías, el ex trabajador de UGT que destapó el fraude: `Llegó la hora de que el sindicato se siente en el banquillo y devuelva el dinero´”, de Silvia Moreno
(Viñeta de Puebla en ABC el pasado día 1 )
PUIGDEMONOV
Artículo de Alfonso Ussía publicado en El Debate el pasado día 1
Si Sánchez, para salvar su Falcon, culmina la amnistía de Puigdemonov y su banda de traidores, podría convertirse en un traidor más. O quizá, todo es posible, la conversión no sea necesaria. La Guardia Civil ha remitido al juez un manuscrito de Karlos Puigdemonov que prueba la participación de Rusia en el golpe de Estado de Katalonia. No se trata de una fantasía. Y el presente texto no está animado por un infantil ataque patriótico. Lo cierto es que Rusia jamás perdonó a España su derrota en la Guerra Civil. Ni a España ni a los suyos, porque Stalin fusiló a todos los generales y comisarios que envió a España para convertirnos en una república dependiente de la Unión Soviética. El primero en apercibirse de ello fue Churchill, que de la noche a la mañana se convirtió en un callado y eficaz colaborador de la España Nacional, la que ganó la Guerra Civil, como tan frecuentemente nos recuerda el cine español de los vencidos. La Guerra, pese al apoyo de la URSS, la ganó el bando del abuelo de Urtasun.
Es decir, que el fugado que tiene agarrado por el aceitunámen a Sánchez, el delincuente que ha redactado su propia amnistía, el cobarde que dejó a gran parte de los suyos a merced de la Justicia mientras él escapaba –con el permiso de Soraya Sáenz de Santamaría– en el maletero de un coche, es también un posible traidor. El presidente de la Generalidad de Cataluña, como lo son todos los presidentes autonómicos, es el máximo representante del Rey en su territorio. Nos lo cuenta Entrambasaguas en El Debate, y se ha publicado en otros medios, impresos y digitales.
Puigdemonov se entrevistó con el emisario de Putin Nikolay Sadovnikov. Y como es tonto, resumió de su puño y letra en un papel la oferta y las condiciones. El emisario Sadovnikov ofreció a Puigdemonov una fuerza militar de 10.000 soldados y 500.000 millones de dólares a cambio de que Katalonia se convirtiera en un paraíso fiscal de criptomonedas para Rusia. No han leído mal. Quinientos mil millones de dólares. Lo de la fuerza militar de 10.000 soldados se puede entender por la histórica indolencia bélica del independentismo catalán, criticada con su habitual mala uva e ironía por Javier Arzallus. El independentismo catalán siempre ha valorado más el dinero que le puede sacar al resto de España que su utópico sueño de nación independiente.
En el manuscrito de Puigdemonov, aparece el compromiso de un «Estado Protector» –Rusia–, y la legislación adecuada al nuevo modelo económico de Katalonia. Las reuniones de la carismática fregona –en ruso fregonova– y sus asesores con los enviados de Putin, se celebraban en Bélgica y tenían como objetivo el fraccionamiento y la desestabilización de España. Y Sánchez a punto está de amnistiarle con todos los traidores en el saco del perdón.
Los rusos, que esas villanías las hacen muy bien y no acostumbran a dejar huellas, no conciben la existencia de los apuntes del tonto. Sadovnikov ha quedado en situación de inservible. Un emisario-espía que permite a su interlocutor tomar apuntes mientras le ofrece 500.000 millones de dólares y 10.000 soldados de propina, no puede seguir amparando y ofertando golpes de Estado por el mundo. Sucede que ignoraba que la carismática Fregonova es de los que apuntan en su agenda: «Mañana tengo que levantarme, desayunar, lavarme los dientes y vestirme».
Si Sánchez, para salvar su Falcon, culmina la amnistía de Puigdemonov y su banda de traidores, podría convertirse en un traidor más. O quizá, todo es posible, la conversión no sea necesaria. Lo complicado es figurarse que aquellos que le votan, a sabiendas de su complicidad y perdón con los traidores, lo sigan haciendo. Contra un traidor se triunfa cuando es descubierto con pruebas documentadas. Contra siete millones de cómplices, poco se puede hacer.
A punto está de ser amnistiado.
Artículo en: https://esradio.libertaddigital.com/directo.html?utm_source=esRadio&utm_medium=Directo&utm_campaign=menu
BRUSELAS DA LA PUNTILLA A SÁNCHEZ TRAS EL FIASCO DE JUNTS Y LE DEJA AL BORDE DEL PRECIPICIO
Artículo de Javier Ruiz de Vergara publicado en ESdiario el pasado día 31
Pedro Sánchez se queda sin margen de maniobra: o ceder más impunidad a Carles Puigdemont con el terrorismo y sus inquietantes lazos con Rusia o se enfrenta a Bruselas.
La Comisión Europea sigue con su análisis abierto sobre la proposición de ley de amnistía que el PSOE pactó con ERC y Junts, pero no tomará decisiones hasta que concluya la tramitación parlamentaria de la norma en España, han recordado este miércoles desde la capital comunitaria, un día después de que la ley no superara la votación en el Congreso.
«No hay nada nuevo», han indicado fuentes del Ejecutivo comunitario al ser preguntadas por si la Comisión ha dado un paso más en el proceso e iniciado una investigación formal contra la ley, tal y como ha sugerido este mismo miércoles el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez.
«Como se ha dicho antes, estamos en contacto con las autoridades españolas y analizando el borrador», han zanjado las fuentes consultadas. El propio comisario de Justicia, Didier Reynders, dijo el viernes en declaraciones a la prensa en Bruselas que observa «muy atento» la evolución de la ley de amnistía pero no que iba a reaccionar a «cada etapa» de su tramitación.
En este contexto, los servicios de la Comisión Europea también han negado a Ciudadanos el acceso a la correspondencia que Reynders intercambia desde diciembre con las autoridades españolas para examinar la proposición de ley, incluido el cuestionario remitido al Ministerio de Justicia para conocer los detalles de la situación.
En base a las reglas de transparencia de la Unión Europea existen varios supuestos por los que se puede denegar el acceso a documentación, entre ellos la de proteger «investigaciones en curso».
Este es el motivo por el que le ha sido denegado a Ciudadanos el acceso a la información requerida, un lenguaje legal habitual en las respuestas para no hacer públicos los intercambios confidenciales con Estados miembro y que Vázquez interpreta como una señal de que Bruselas quiere tener «todo bien atado».
Nuevo hachazo a Moncloa
Precisamente este miércoles, la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior ha aprobado una enmienda para defender que las nuevas reglas de la Unión Europea contra la corrupción incluyan la prohibición para los Estados miembro de conceder indultos o amnistías por delitos de malversación.
La enmienda ha salido adelante con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones, según han informado fuentes parlamentarias, y se someterá a votación del pleno en su segunda sesión de febrero, entre los días 26 y 29, para su adopción definitiva.
«Los Estados miembro adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía en beneficio de quienes hayan sido considerados responsables de cualquiera de las infracciones penales a que se refieren los artículos 7 a 14 (de la directiva», indica la enmienda de compromiso firmada por el Partido Popular Europeo y el grupo de Conservadores y Reformistas.
El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha asegurado que esta enmienda pone en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez porque demuestra que en la Eurocámara «no se concibe que se indulten o amnistíen delitos de corrupción». «Otra derrota de Sánchez», ha escrito en redes sociales, por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/bruselas-da-la-puntilla-a-s%C3%A1nchez-tras-el-fiasco-de-junts-y-le-deja-al-borde-del-precipicio/ar-BB1hyecK?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=fb0d8f2e8c4f48fc9c8a8f232bd0eb08&ei=23
ZAPATERO Y ÓSCAR PUENTE LE HACEN LA CAMA A TUDANCA
Artículo de Óscar Estaire Cabañas publicado en El Español el pasado día 29
La repetición del dirigente socialista como candidato, desgastado tras 10 años en el cargo, no está en absoluto asegurada a tenor de los movimientos de los últimos meses. El PSOE de Castilla y León se encuentra en un momento de cambio y transformación cuando se acerca el ecuador de la legislatura del primer Gobierno entre PP y Vox en una comunidad española. La formación anunció el pasado fin de semana el impulso de una reestructuración del partido, que implicará cambios en el grupo parlamentario pero también en la Ejecutiva autonómica, que será renovada para «incorporar a nuevas voces». El partido quiere estar preparado ante un posible adelanto electoral, ya sea este año o el siguiente, en el que la repetición de Luis Tudanca como candidato no está en absoluto asegurada, menos aún tras los movimientos de los últimos meses.
El indudable desgaste del secretario general del PSCyL tras casi 10 años en el cargo, con dos elecciones autonómicas perdidas y una ganada en 2019, pero sin haber sido capaz de conformar Gobierno, genera inquietud en el seno de la formación, que no gobierna en Castilla y León desde la Presidencia del socialista Constantino Nalda, hace ya 36 años.
Detrás de los últimos movimientos en los puestos clave del Gobierno de Pedro Sánchez en su estructura en Castilla y León, como el reciente nombramiento del leonés Nicanor Sen como delegado del Gobierno y la práctica desaparición pública de Virginia Barcones, parece vislumbrarse la sombra del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero −que dirige de facto el PSOE de León y que en los últimos años ha recuperado el liderazgo perdido− así como del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, nuevo ariete del presidente.
El que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 se anotó un tanto con la designación como nuevo delegado del Gobierno, el pasado mes de diciembre, de Nicanor Sen, exalcalde del municipio leonés de Cistierna y con el que tiene gran cercanía. Zapatero jugó un papel importante en la campaña de las pasadas elecciones municipales apoyando a Sen de cara a su reelección y el pasado 23 de mayo acudió en persona a Cistierna a acompañar en un acto al actual delegado, que por aquel entonces se jugaba la Alcaldía del municipio.
Nicanor Sen estaría jugando un papel fundamental en una renovación de la estructura socialista en la Comunidad que contribuiría a la erosión del liderazgo de Tudanca. Es especialmente simbólico el hecho de que su predecesora en el cargo fuese Virginia Barcones, vicesecretaria general del PSCyL y número dos del dirigente burgalés, que ha sido ahora ‘relegada’ a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, lejos de Castilla y León, con una retribución sensiblemente inferior y con menos visibilidad pública que la que tenía como delegada.
Mucho más traumática ha sido la reciente destitución de la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar, de la plena confianza de Barcones, a la que Sen sustituyó de manera casi fulminante por el ingeniero informático Jacinto Canales, y que no ha sido recolocada en cargo alguno. Canales ha sido durante años funcionario en el Ayuntamiento de Valladolid y es muy afín al exalcalde y actual ministro Óscar Puente, la otra gran figura de la formación que está siendo protagonista de estos movimientos de cambio en el PSCyL.
LOS POSIBLES RECAMBIOS DE TUDANCA
El que fuera alcalde de Valladolid entre 2015 y 2023 y actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se ha convertido en una de las personas de Castilla y León más importantes en el PSOE. Cuenta con la máxima confianza de Pedro Sánchez, como se demostró en su dura intervención como portavoz en la investidura fallida de Feijóo y en el hecho de que participara en el equipo negociador de la investidura, y su afán por la confrontación con la oposición es muy valorado por el presidente del Gobierno, consciente de que se avecina una legislatura especialmente dura por la reacción frontal de la derecha ante sus acuerdos con los independentistas. Además, ya fue portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE entre 2017 y 2021.
El refuerzo de su figura frente a la debilidad de Tudanca es evidente y Puente podría utilizar el ministerio como lanzadera de cara a una futura candidatura autonómica en los próximos comicios, previstos para principios de 2026 pero cuyo adelanto no está para nada descartado. Se trata de una fórmula, la de dar el salto de un departamento ministerial a una candidatura, que ha sido utilizada en varias ocasiones por los socialistas: Salvador Illa pasó de ser ministro de Sanidad a candidato en las elecciones catalanas de febrero de 2021 y ministras como Reyes Maroto o Carolina Darias dejaron sus carteras para concurrir a las elecciones municipales en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, con éxito en el segundo caso y no tanto en el primero.
Sin embargo, Tudanca ha mostrado su intención de repetir como candidato y de seguir al frente del PSOE de Castilla y León, por lo que podría generarse una dura pugna interna en el partido de cara a las siguientes elecciones autonómicas en el caso de que el dirigente burgalés decidiese presentar batalla ante un posible intento de apartarle. Además, aunque perdiese la pelea, el futuro del actual secretario general del PSCyL está garantizado, ante su cercanía a Pedro Sánchez, que le apoyó desde el primer momento, y que le garantizaría otro puesto después de pilotar una transición ordenada en el seno del partido.
Por otro lado, una hipotética candidatura autonómica del ministro de Óscar Puente, conocido por su oratoria contundente, su carisma y su hábil manejo de las redes sociales, aunque a veces le jueguen malas pasadas, podría revitalizar a un PSOE de Castilla y León que parece haberse quedado estancado asumiendo su destino de permanecer en la oposición desde hace más de tres décadas.
Con todo, una candidatura de Puente en la Comunidad podría contar con el hándicap de su pasado como regidor vallisoletano y sus habituales enfrentamientos con el alcalde de León, José Antonio Diez, que han seguido desde que está al frente del Ministerio. Es previsible que parte del PSOE de León pudiese no encontrarse cómodo con un candidato que ha sido acusado en varias ocasiones de «centralismo» y de priorizar a la capital vallisoletana en sus actuaciones.
Puente cuenta, además, con una doble influencia en el Gobierno de España. No solo ostenta una cartera de importante relevancia sino que ha alcanzado un poder el alcance de muy pocos dirigentes políticos al compartir el Consejo de Ministros con su antigua mano derecha en el Ayuntamiento de Valladolid en su etapa de regidor, Ana Redondo. La actual ministra de Igualdad es otro de los nombres que suena con fuerza como posible candidata en las futuras elecciones autonómicas y también podría utilizar su legado al frente del Ministerio para dar el salto a esa hipotética candidatura.
Se trata de una figura política muy valorada en el seno del PSOE de Castilla y León y también cuenta con una gran influencia en el partido a nivel nacional, al ser una persona de la máxima confianza de Óscar López, el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Redondo parece estar calmando las aguas en el Ministerio de Igualdad, después de la turbulenta etapa de Irene Montero, y ese legado podría facilitarle ser candidata.
Además, sería la primera mujer en ser cabeza de lista de la formación en unos comicios autonómicos, un aspecto muy valorado en un partido que ha hecho del feminismo uno de sus principales caballos de batalla, y podría ser el momento perfecto para que los socialistas contaran con una candidata vallisoletana, ya que durante los últimos años todos sus cabezas de lista han procedido de otras provincias de la Comunidad: Óscar López por Segovia, Julio Villarrubia por Palencia y el actual líder, Luis Tudanca, por Burgos.
Tanto en el caso de Puente como en el de Redondo, las posibilidades de que su candidatura se termine materializando dependerán de su gestión y legado al frente de sus respectivas carteras ministeriales, ya que cualquier polémica sonada durante la legislatura podría lastrar sus posibilidades.
Se trata de un problema que no tendría la tercera posible candidata a suceder a Tudanca en una candidatura autonómica, la exsecretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña. Peña fue nombrada la pasada semana portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, es una figura en proyección en el partido y tiene el aval de su juventud, ya que cuenta con solo 43 años, aunque su perfil, hasta el momento, es desconocido fuera de tierras burgalesas. Su desempeño como portavoz podría incrementar o disminuir sus posibilidades de encabezar la lista socialista en Castilla y León.
Las dudas siguen abiertas y esa futura reestructuración del Grupo Socialista en las Cortes y de la Ejecutiva autonómica del partido, de la que Tudanca no ha querido dar más detalles, podría dejar caer algunas pistas más sobre el futuro tanto del líder burgalés −al que algunos sitúan en la candidatura del PSOE a las elecciones europeas de junio− como del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad.
ROBERTO MACÍAS, EL EX TRABAJADOR DE UGT QUE DESTAPÓ EL FRAUDE: «LLEGÓ LA HORA DE QUE EL SINDICATO SE SIENTE EN EL BANQUILLO Y DEVUELVA EL DINERO»
Artículo de Silvia Moreno publicado en El Mundo el pasado día 28
El ex administrativo del sindicato declara como testigo en el juicio contra la ex cúpula de UGT-A que comienza este lunes. La ex cúpula andaluza de UGT en el banquillo: hasta 26 años de cárcel y 200 millones de multa. ‘Caso UGT’ Anticorrupción aprecia una «ingente facturación falsa» presentada por UGT-A para justificar subvenciones.
Roberto Macías, el ex empleado de UGT-A que destapó la presunta trama diseñada por el sindicato para saquear subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a los cursos para parados, vuelve al lugar donde estuvo trabajando cuatro años hace ya más de una década. Lo hace en las vísperas del juicio que debe celebrar este lunes la Audiencia de Sevilla por el desvío de 40,7 millones de euros en subvenciones de la Junta, en la etapa de los anteriores gobierno andaluces del PSOE.
Se sientan en el banquillo 15 acusados: cinco ex dirigentes sindicales vinculados a la antigua cúpula de UGT-A y diez representantes de las empresas que hacían de proveedoras del sindicato. Ellos colaboraron en la confección de facturas falsas, necesarias para perpetrar el fraude y engañar a la Junta de Andalucía.
La antigua sede regional de la federación andaluza de UGT en Sevilla, la que ordenó registrar la juez Alaya y donde se cometió, presuntamente, un fraude millonario a las arcas públicas, es hoy un edificio de apartamentos turísticos de lujo de tres plantas con piscina en la terraza. Para hacer la foto a Roberto Macías en 2016 en la entrada de la sede sindical, EL MUNDO tuvo que esperar a que se hiciera de noche y no quedara nadie en el edificio. Macías se convirtió en un apestado para la central sindical, después de que destapara la presunta trama.
Ahora, nada perturba la foto. Donde hace más de una década se cocinaba, presuntamente, el desvío de subvenciones, hoy sólo hay trasiego de turistas cargados de maletas que entran y salen del edificio de apartamentos.
EL JUICIO
Pero aunque la sede regional de UGT-A haya cambiado y no quede ni rastro de las prácticas presuntamente corruptas de antaño, su huella no se ha borrado. El presunto saqueo a las arcas públicas cometido por el sindicato vuelve a la actualidad y será diseccionado en el juicio que comienza este lunes. Está previsto que se prolongue hasta junio, dado el importante número de acusados, testigos, peritos, policías y guardias civiles que deben testificar.
«Al fin llegó la hora de que UGT-A se siente en el banquillo y devuelva el dinero público» que utilizó para financiarse de forma irregular, proclama, entre aliviado y preocupado, Roberto Macías, que declarará como testigo en el juicio contra la antigua cúpula sindical andaluza y sus proveedores de confianza. Lo han citado para el próximo 6 de febrero.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena global de 26 años de cárcel y 200 millones de euros de multa por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil para cuatro ex responsables de la federación andaluza de UGT. Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de UGT-A que se vio forzado a dimitir por el escándalo en diciembre de 2013, se enfrenta a una petición del fiscal de 7 años de cárcel.
Idéntica pena de 7 años ha exigido para Federico Fresneda, tesorero del sindicato durante 15 años entre 1998 y 2013; otros 7 años de prisión para María Charpín, secretaria de gestión económica durante la etapa investigada y ex vocal de la comisión de garantías de UGT Confederal; y 5 años de cárcel para Lola Sánchez, responsable del departamento de compras. En total, los 26 años.
A estos cuatro ex responsables de la central sindical, se suma Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de la empresa del sindicato Soralpe, un cargo nombrado por la comisión ejecutiva de UGT-A. Este procesado también se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 7 años de prisión y a una multa de 50 millones.
Sobre el sindicato podría recaer una posible condena de 290,7 millones, ya que la Fiscalía ha pedido que sea responsable civil subsidiario de todo el supuesto fraude, que se eleva a 40,7 millones, y «responsable solidario» de los 250 millones en multas que solicita en total para los cinco ex dirigentes del sindicato y Soralpe. UGT-A insiste en que no hay delito alguno en este caso.
Roberto Macías confía en que «los ex dirigentes de UGT-A no se vayan de rositas», aunque recuerda que ya hay uno que se ha librado. Se trata de Manuel Pastrana, secretario general de UGT-A desde 1998 a 2013, a quien el juez instructor atribuyó -a su «decisión directa»- que se implantara una central de compras en 2006 que tuvo «especial relevancia» en los mecanismos para desviar subvenciones: el rápel y el controvertido bote. Pastrana figuró como imputado, pero nunca llegó a declarar ante el juez y se archivó la causa contra él por la enfermedad que padece.
El ex administrativo del sindicato contrapone la situación de los acusados del fraude millonario de UGT con la suya propia. Tras destapar el fraude, el sindicato lo denunció por copiar miles de archivos de su contabilidad interna, la Policía registró su casa y fue condenado a un año de cárcel por revelación de secretos. Ahora está pendiente del recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional y de que el juzgado decida si admite o no la suspensión de su condena para evitar la prisión. Al ser una pena inferior a los dos años y no tener antecedentes, lo normal es que se le conceda.
«A mí me han aplicado la justicia del robagallinas, a UGT, la de los poderosos», lamenta el ex administrativo del sindicato, que recuerda cómo la investigación judicial sobre la trama sindical estuvo varios años paralizada en el juzgado a falta de la pericial que debía fijar la cantidad defraudada. Los años transcurridos pueden hacer que haya delitos que prescriban o que los jueces aprecien «dilaciones indebidas», que reducirían las condenas. Si es que, finalmente, las hay.
El día que se celebre el juicio contra los ex dirigentes de UGT-A será un día importante para Macías. «Llevo más de una década pidiendo justicia y que UGT pague», subraya Macías, que está deseando prestar declaración como testigo. «Como los condenados a morir, que desean que llegue esa fecha, yo también anhelo que llegue ya el día del juicio».
Él es un testigo clave de la presunta trama. Trabajó como administrativo en la sede en Sevilla de UGT-A desde el 5 de diciembre de 2008 hasta que fue despedido el 30 de noviembre de 2012. Estaba adscrito a la Central de Compras, donde se coordinaban y centralizaban los pedidos, compras, facturación y gestión del gasto del sindicato. Es decir, la cocina del fraude. Su vinculación con UGT-A es anterior, ya que en 2006 fue contratado por la empresa del sindicato Soralpe. Precisamente el periodo temporal que abarca el presunto fraude que se verá en el juicio es el que va desde 2009 a 2013.
«Fui testigo de las prácticas irregulares e ilícitas que implantó UGT de forma sistemática para desviar subvenciones», asegura Macías, quien recibía «órdenes directas» del tesorero Fresneda.
La Fiscalía Anticorrupción también lo ve así en el relato de los hechos que ha plasmado en su escrito de acusación. Sobre el bote y el rápel, que iba engordando con las facturas simuladas, el fiscal señala que «tal fue su osadía» [de una responsable de UGT-A] que el manual de contabilidad que manejaba el sindicato «llegó a poner ejemplos con un proveedor real de los que facturaban falsamente» para que los empleados del sindicato supieran cómo «manejar y contabilizar» esos recibos.
La instrucción judicial de este caso tuvo algunas lagunas. A los retrasos se unió que nadie tomó medidas cuando UGT-A vendió su sede, ahora reconvertida en apartamentos turísticos. Con ella podía haber hecho frente a las sanciones económicas que pudieran caerle. Roberto Macías avisó al juez instructor. Pero nunca obtuvo respuesta. ¿Quedó impune un alzamiento de bienes?
ASÍ DESTAPÓ EL MUNDO EL ‘CASO UGT-A’
Las revelaciones periodísticas de EL MUNDO fueron claves para que la Justicia comenzara a investigar a la federación andaluza de UGT. Este diario destapó que el sindicato se estaba financiando de forma irregular con subvenciones de la Junta de Andalucía. Fue la primera información que publicó el 30 de julio de 2013 con el siguiente titular:«UGT se gastó en la publicidad de una huelga dinero de una ayuda para formación a parados». Esa exclusiva provocó que la Fiscalía Superior de Andalucía moviera ficha y ordenara a la Policía que investigara este asunto. Luego llegaron las juergas en la Feria de Abril con dinero público y los maletines falsificados en Asia que el sindicato repartió en uno de sus congresos. La investigación judicial avaló las pesquisas de este diario.
Artículo en: https://www.elmundo.es/andalucia/2024/01/28/65b53d8dfdddffe5228b45ab.html
