“Gonzalo Bernardos sobre los nuevos pasos de Pedro Sánchez tras la dimisión de Santos Cerdán: `Lo que siempre ha hecho´”, de Félix Esteban; “El ocultamiento de los vuelos en Falcon de Begoña Gómez y las reuniones secretas con Barrabés llevan a Sánchez al TSJM”, de Antonio R. Naranjo; “Los estudios en Formación Profesional ya superan a los universitarios en empleabilidad”, de Esther Zamora Torralba; “José Manuel García Margallo avisa sobre Gibraltar: `Estamos estableciendo unas Islas Caimán en el sur de la península´”, de Carmen Macías; y “El PSOE se angustia y empieza a pedir adelanto electoral mientras Sánchez estudia más medidas”, de Juanma Romero
(Viñeta de Sabiote en Levante el pasado día 19)
GONZALO BERNARDOS SOBRE LOS NUEVOS PASOS DE PEDRO SÁNCHEZ TRAS LA DIMISIÓN DE SANTOS CERDÁN: «LO QUE SIEMPRE HA HECHO»
Artículo de Félix Esteban publicado en Business Insider España el pasado día 19
Gonzalo Bernardos destaca por sus afinados para unos y equivocados para otros análisis económicos y las consecuencias sociales derivadas, pero también entra «al trapo» de las cuestiones políticas, tan en boga en los últimos meses y sobre todo días con el informe de la UCO y las conversaciones de la trama Koldo, José Luis Ábalos, al que se suma Santos Cerdán, ya exnúmero tres del PSOE.
Las conversaciones que recoge el sumario de la causa, donde se apunta al cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, no solo han hecho dimitir a Cerdán, sino que también han obligado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tomar la iniciativa para tratar de frenar la sangría de credibilidad.
En una comparecencia urgente, Sánchez pidió perdón públicamente por el escándalo y reiteró que no habrá elecciones anticipadas: el calendario electoral se mantiene hasta 2027. Este gesto, sin embargo, ha sido interpretado por Bernardos y otros analistas como una maniobra política más que como una asunción real de responsabilidades. «¿Cuál va a ser el próximo paso de Sánchez? El que siempre ha hecho: intentar convertirse en víctima», ha escrito Bernardos en una publicación en su perfil de X.
Santos Cerdán, de número tres del PSOE a exdiputado
Uno de los nombres más comprometidos tras las filtraciones ha sido el de Santos Cerdán, hasta ahora secretario de Organización del PSOE y hombre fuerte de la ejecutiva. La presión política y mediática le ha obligado a presentar su dimisión y a anunciar la renuncia a su acta de diputado, tal y como prometió si se le implicaba directamente en la causa. Aunque por el momento no figura como imputado, su proximidad con Ábalos y su mención en los audios de la UCO lo convierten en un foco de inestabilidad interna.
Los audios y mensajes incluidos en el sumario revelan el modus operandi de la red de comisiones ilegales durante la pandemia, con adjudicaciones presuntamente irregulares en la compra de material sanitario. Las referencias directas a conversaciones entre Koldo García y altos cargos del PSOE han hecho saltar todas las alarmas.
Gonzalo Bernardos no le ve respiro al mercado inmobiliario: vivienda de compra «muy cara» y alquiler…
La reacción del PSOE y clima interno
El ambiente es de preocupación en el partido. Militantes y dirigentes territoriales muestran su indignación por el daño reputacional que puede causar este escándalo en un año clave. Bernardos señala que hay funcionarios «muy enfadados», que denuncian que Koldo y Ábalos «han denigrado su profesión», minando la confianza en el trabajo público y alimentando el discurso antipolítico.
El economista también cree que el partido «necesita ir un tiempo al rincón de pensar», en referencia a una necesaria reflexión interna.
La tesis dominante ahora es cerrar filas y diferenciar entre el PSOE institucional y los casos personales, pero los sectores más críticos reclaman una limpieza a fondo y mayor transparencia.
¿Puede Sánchez resistir hasta 2027?
Pese a la gravedad del caso, Pedro Sánchez ha asegurado que no habrá elecciones generales anticipadas. La estabilidad parlamentaria, con el respaldo de sus socios de investidura, no parece peligrar por ahora. No obstante, la oposición ya ha redoblado sus ataques y exige explicaciones más claras y una posible comisión de investigación parlamentaria.
Para Bernardos, este escándalo puede marcar un antes y un después: «Las víctimas han sido otras, y hay muchas», zanja el economista en referencia a los afectados por la corrupción en la contratación pública.
El caso recuerda inevitablemente a otros episodios de corrupción en la política española y reabre el debate sobre la transparencia en la contratación pública, especialmente durante situaciones excepcionales como la pandemia.
El informe de la Guardia Civil, que sigue sumando pruebas documentales, apunta a que el negocio de las mascarillas fue la puerta de entrada para una red más amplia, de carácter presuntamente criminal, que podría afectar a otros niveles de la administración.
La narrativa de la víctima, según Bernardos
El enfoque de Sánchez —según Bernardos— no es nuevo. El economista lo describe como una estrategia habitual del presidente, que en anteriores crisis ha optado por presentarse como blanco de ataques injustos, aunque el economista lo ve como todo lo contrario: un gran «killer». La diferencia ahora es que las pruebas son más sólidas y las ramificaciones del caso se expanden rápidamente.
Por ello, el presidente se enfrenta a un doble desafío: por un lado, frenar la erosión interna en el PSOE, y por otro, mantener su autoridad y liderazgo ante una opinión pública cada vez más crítica. Todo ello con la vista puesta en 2027.
Artículo de publicado en el pasado día
EL OCULTAMIENTO DE LOS VUELOS EN FALCON DE BEGOÑA GÓMEZ Y LAS REUNIONES SECRETAS CON BARRABÉS LLEVAN A SÁNCHEZ AL TSJM
Artículo de Antonio R. Naranjo publicado en El Debate el pasado día 17
Presidencia del Gobierno se ha negado a cumplir dos resoluciones que le imponían justificar el uso en el extranjero del Falcon por parte de Gómez.
El oscurantismo de Moncloa y su afán por proteger a Begoña Gómez ya está en manos de la justicia, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite una demanda contra Presidencia del Gobierno por desobedecer las resoluciones 1057-2024, de 19 de septiembre, y la 1032- 2024 de 16 de septiembre, ambas dictadas el pasado año por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y por las que se condenaba a Presidencia del Gobierno a hacer públicos los viajes al extranjero en Falcon realizados por la esposa del presidente.
Y también las reuniones secretas que éste ha mantenido con el empresario Juan Carlos Barrabés, uno de los imputados en la causa que investiga el juez Peinado y que tiene como epicentro las actividades profesionales de Gómez, respecto de las cuales la implicación del Grupo Barrabés fue clave para el desarrollo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, según ha confirmado la Audiencia Provincial de Madrid.
En concreto, según el documento al que ha accedido El Debate, este 21 de mayo la Sección Sexta de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJM, ha admitido a trámite la denuncia de este periódico en defensa del derecho a la información ante la negativa de Presidencia del Gobierno a cumplir con esas dos órdenes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, relacionadas directamente con la esposa del presidente.
Una de ellas es la resolución 2024-1057, dictada el pasado 19 de septiembre y que obligaba a Moncloa a detallar cuántas veces ha usado el Falcon presidencial Begoña Gómez, así como los destinos y motivos de tales viajes, además de aclarar si las arcas públicas han costeado vuelos comerciales a la esposa de Pedro Sánchez.
En ella, el organismo independiente obligaba a Moncloa a desvelar la «relación de medios de transporte aéreos oficiales utilizados por la mujer del presidente del Gobierno, acompañando o sin acompañar al Sr. presidente, con indicación del medio de transporte empleado, destino del viaje, escalas efectuadas y motivo de dichos desplazamientos, así como de aquellos otros utilizados que no se hayan realizado en medios oficiales pertenecientes al ejército español».
Sin embargo, Presidencia hizo caso omiso a la resolución firme del CTBG, por lo que, tras un requerimiento previo ya publicado por este periódico, ahora es la Justicia la que admite a trámite la denuncia, ya que conocer los vuelos y desplazamientos realizados por Gómez permitiría conocer si se ha servido o no de su condición y de los recursos públicos que tiene a su disposición para realizar los negocios que la tienen sentada en el banquillo.
En concreto, el juez Peinado investiga el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra de Transformación Social Competitiva y los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del ‘software’ de dicha cátedra y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez. Por lo que permanecen como imputados, además de la propia esposa del presidente, su asesora, Cristina Álvarez; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Según ha podido saber este periódico, Begoña Gómez se halla en posesión de un pasaporte diplomático. Quizá en ese dato se encuentre la razón por la que el presidente del gobierno desobedezca sin causa alguna el mandato por el que deba hacer pública la relación de viajes en el Falcon de Begoña Gómez.
Las reuniones secretas entre Sánchez y Barrabés
Por otra parte, otra de las resoluciones sobre las que Presidencia tendrá que rendir cuentas en el TSJM es la 2024-1032 con la que el órgano independiente metía de lleno el dedo en una de las llagas que más dolores de cabeza causan al presidente del Gobierno: las reuniones secretas con Barrabés en Moncloa.
Este empresario, que colaboró activamente en el máster de la UCM que impartía junto a Begoña Gómez, fue también beneficiario, a través de su consultora Innova Next, de algunos de los contratos licitados por la administración en cuya propuesta se incluían cartas de recomendación por parte de la esposa del presidente.
En su primera declaración, como testigo y por tanto obligado a decir la verdad, aseguró que se reunió en el Palacio de la Moncloa con la esposa del líder del Ejecutivo entre cuatro y ocho veces, y que en «una o dos» de esas citas estuvo presente Pedro Sánchez.
Sin embargo, en su segunda declaración, ya como imputado, contestó solo a las preguntas de su abogado y explicó que se reunión con Begoña «bastantes veces» y que estos encuentros tuvieron lugar «en la Moncloa o en mi oficina». Además, también reconoció haberse reunido con Sánchez, pero puntualizó que aquellos encuentros fueron con motivo de su trabajo y la «innovación».
Pese a todo, La Moncloa jamás dio las explicaciones solicitadas por este periódico y fue el CTBG el que obligó a Presidencia a detallar la «relación de encuentros oficiales mantenidos en el Palacio de la Moncloa entre el presidente y el empresario Carlos Barrabés; motivo de tales encuentros y relación de personas que acudieron a los mismos», sin que hasta ahora lo haya hecho.
Por tanto, ahora será la Justicia la que tiene en su mano obligar a Sánchez a dar las explicaciones pertinentes al respecto y a cumplir con su deber de obedecer las órdenes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que ningunea de forma reiterada solo para intentar encubrir lo que ocurre tras los muros de Moncloa.
Y es que, precisamente tras estos muros se han realizado algunas de las actividades que tienen al Gobierno de Sánchez en el punto de mira, pues allí, con la excusa de evitar el desplazamiento de todo su operativo de seguridad, Begoña Gómez se reunió con algunos de los integrantes de su cátedra y allí también se obviaron las denuncias que se recibieron alertando de la existencia del llamado caso Koldo.
De hecho, tal y como publicó El Debate, Moncloa reconoció que recibió las cartas que el abogado Ramiro Grau remitió a Sánchez, en las que alertaba de que la empresa Soluciones de Gestión, a la que se adjudicaron los contratos millonarios por las mascarillas, «no tenía ninguna actividad» y que en 2019 había «facturado cero euros» y pese a ello se había convertido en el «proveedor exclusivo» del Ministerio de Transportes.
Moncloa ignoró desde 2020 las denuncias
Sin embargo, Presidencia del Gobierno decidió ignorarlas, porque se trataba de «sobres remitidos» por aquel con «recortes de prensa» y «no contenían ningún escrito personal dirigido al Presidente del Gobierno o a otra persona u órgano de la Presidencia del Gobierno o de la Administración General del Estado, es decir, no contenían ninguna solicitud, petición, queja o reclamación, ni ninguna otra forma de comunicación personalizada que permitiera al departamento actuante dar traslado o contestación al remitente».
Pero este escrito de Moncloa, en poder de este periódico, no llegó por voluntad de la Presidencia, sino que tuvo que ser el Consejo de Transparencia el que le obligase a ello, en la resolución 785/2024, del 10 de julio de 2024, pero que solo cumplió a medias en su intento de ocultar cuánto sabía Sánchez de las actividades de Koldo y Ábalos.
De hecho, en su escrito no hizo mención alguna a la orden del CTBG de remitir «cualquier otro documento conteniendo otra información denunciando los hechos actualmente investigados con relación a la trama Koldo Aguirre y José Luis Ábalos».
Este es un dato crucial pues implica que Moncloa volvió a ignorar su deber de revelar si tenía algún documento, fuera de la naturaleza que fuere, incluyendo cualquier informe del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil o de la Policía, o incluso los elaborados para la fiscalización de los contratos, sobre la trama, igual que ahora quiere mantener en secreto si Begoña usa el Falcon a su antojo o si Sánchez reunió con Barrabés para favorecer los intereses de su esposa.
La opacidad de Sánchez
Los nuevos varapalos para Sánchez se suman a una ristra infinita de silencios sobre todo aquello que le acorrala pero coinciden, de manera inaudita, con una cruzada legislativa para amordazar a los jueces y a la prensa.
Sobre lo primero, ya ha iniciado sus trámites parlamentarios la llamada «Ley Bolaños», con la que se pretende designar jueces y fiscales «a la carta», sin la preceptiva oposición. Y hacer coincidir esa novedad con otras igual de inquietantes: quitarle a los jueces la instrucción de los casos para dárselos a la Fiscalía y, a continuación, subordinar a la UCO a un organismo dirigido por el imputado Álvaro García Ortiz.
Y sobre lo segundo, el denominado «Plan de Regeneración» incluye una batería de medidas para extender la condición de «sospechoso» a todo medio de comunicación o periodista que difunda lo que a juicio del Gobierno son «bulos», así como fiscalizar su capital social y sus ingresos.
En plena explosión del informe de la Guardia Civil sobre las mordidas que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García podrían haber cobrado induciendo adjudicaciones de obra pública desde el Gobierno; el silencio de Sánchez, las acusaciones sobre el «lawfare» o la «máquina del fango» y los intentos de legislar contra los contrapoderes se han agudizado y Félix Bolaños llegó a defender esas reformas en el Parlamento cuando todo el mundo podía acceder ya a los audios de la trama encabezada, presuntamente, por los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, ambos elegidos y promocionados por Sánchez en persona.
LOS ESTUDIOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL YA SUPERAN A LOS UNIVERSITARIOS EN EMPLEABILIDAD
Artículo de Esther Zamora Torralba publicado en El Economista el pasado día 16
Más del 73% de titulados en FP trabaja , frente al 66% de los recién licenciados en los campus.
Tras varias semanas en las que miles de jóvenes se han enfrentado a la PAU -examen que orienta su profesión futura- y que supone un momento clave sobre su futuro académico y profesional, la Formación Profesional (FP) emerge como una vía directa y efectiva hacia el empleo. Y es que, las cifras respaldan a esta alternativa educativa, ya que entre el 73% y el 79,5% de los titulados en FP -en sus distintas modalidades, incluyendo Grado Medio, Superior y FP Dual- se encuentran en una situación de empleo activo, frente al 66% de los universitarios.
Más allá de las tasas de ocupación, una característica que destaca a la FP es la rapidez en la inserción laboral, ya que casi el 37% de los titulados en Formación Profesional consigue empleo en menos de tres meses tras finalizar sus estudios, y más del 22% lo logra entre los tres y los seis primeros meses. Estos datos consolidan a la FP como una herramienta estratégica para combatir el desempleo juvenil y reducir el tiempo de transición entre la formación y el mundo laboral.
La tendencia no se detiene ahí. Según estimaciones actuales, hasta 2035 se crearán en España 3,8 millones de puestos de trabajo dirigidos a aquellas personas que han sido tituladas a través de FP, lo que representará más de una cuarta parte de las oportunidades de empleo que se generarán en los próximos diez años. Entre los sectores en los que se prevé que se generen más puestos de trabajo se encuentran los relacionados con informática, sanidad, fabricación mecánica, mantenimiento, electricidad y electrónica, que son los que concentran gran parte de esta demanda creciente.
Acompañando este auge, el sistema educativo también está evolucionando. La FP ya representa cerca del 35% del total de matriculados en enseñanzas postobligatorias en España, una cifra que no ha dejado de crecer en la última década. Solo la FP privada ha aumentado un 360% en ese periodo, reflejo del cambio de paradigma educativo y de la apuesta de familias y estudiantes por una formación orientada a la empleabilidad real.
Sin embargo, las necesidades del mercado actual van más allá del conocimiento técnico. Las empresas no solo buscan titulados, sino personas con habilidades clave como la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la creatividad o la capacidad para aprender de forma continua. En un entorno marcado por la incertidumbre y los cambios acelerados, estas competencias se han convertido en un diferencial. Y es que, actualmente las empresas buscan a nuevos trabajadores con una brecha mínima de conocimientos entre lo aprendido en su Grado y las actividades que van a desempeñar en el entorno laboral. De esta manera, las compañías se aseguran que estos trabajadores van a tardar «lo mínimo» en adaptarse al puesto. Así, a lo largo del 2024, los estudios universitarios han vuelto a perder peso dentro de las ofertas de empleo publicada. Ahora están presentes en el 21,42% de las ofertas, lo que supone seis puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior. Esto los convierte en el tercer nivel formativo más requerido por las empresas a nivel nacional, con 1 de cada 5 vacantes, tras los titulados en Formación Profesional y los candidatos con estudios de Enseñanza Secundaria y/o Graduado Escolar.
JOSÉ MANUEL GARCÍA MARGALLO AVISA SOBRE GIBRALTAR: «ESTAMOS ESTABLECIENDO UNAS ISLAS CAIMÁN EN EL SUR DE LA PENÍNSULA”
Artículo de Carmen Macías publicado en La Razón el pasado día 15
En su libro “Gibraltar, la segunda rendición” (Almuzara), José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores repasa lo que considera una larga cadena de errores diplomáticos en torno a la colonia británica. Ahora, tras el acuerdo alcanzado entre España, Reino Unido y Gibraltar, el exministro del PP denuncia que se consolida un régimen fiscal que favorece la evasión, socava la competitividad del sur peninsular y bloquea cualquier futura aspiración de soberanía. Con un lenguaje directo y crítico, advierte de los efectos geopolíticos y económicos de lo que considera una «tercera rendición» del Estado español
¿Cómo valora el recuerdo de Gibraltar? ¿Beneficia a algo a España?
El Gobierno británico ha dicho que este acuerdo garantiza la soberanía política y económica de Gibraltar. España había renunciado a la soberanía política, el tema más importante. Ahora, lo que todavía es más difícil de entender es que garantice la soberanía económica a Gibraltar. Esto quiere decir que lo que se ha hecho en este momento, que había sido precedido por un acuerdo anterior de 2021, es que se mantiene su régimen de sociedades, en materia corporativa, y sobre todo su régimen fiscal.
En materia corporativa se mantiene el código mercantil de 2014 que permite crear y hacer funcionar sociedades con requisitos mínimos, lo que en el derecho americano se hace estableciendo unas condiciones muy laxas para traer sociedades ahí.
Tal como están las cosas es que el régimen de Gibraltar es un paraíso fiscal. Lo más importante no es el hecho de que no haya impuestos indirectos sobre el tabaco, petróleo… Lo importante es que el impuesto de sociedades, el que grava los beneficios de las personas jurídicas, solo grava los beneficios que se deriven de actividades realizadas en el Peñón, que son muy escasas. El resultado es la atracción de inversión extranjera. En Gibraltar hay aproximadamente 80.000 sociedades cuando la población no pasa de 30.000 y los beneficios de esas sociedades que obtengan en cualquier lugar del mundo no se gravan ni los dividendos, ni las plusvalías. Han llegado a controlar casi el 60 % del juego mundial online y es muy probable que se convierta en un paraíso para las criptomonedas. Estamos estableciendo unas Islas Caimán en el sur de la península.
¿Qué consecuencias tiene eso a efectos de la soberanía política?
Que si consolidas ese régimen, ¿quién va a querer cambiarlo? Si le preguntas a un ciudadano de Mónaco si quiere ser francés pensará que estás mal de la cabeza porque disfruta de las mismas ventajas de acceso al mercado interior pero no paga impuestos. Y, lo más grave, ¿quién va a crear una empresa en el Campo de Gibraltar si puede hacerlo sin pagar impuestos? Por eso se explica que la renta per cápita en Gibraltar sea de 108.699 euros y en el Campo de Gibraltar de 25.755. Es una diferencia de renta mayor que la que existe entre los Estados Unidos y México. Gibraltar tiene más población de sociedades que de personas físicas por las ventajas fiscales lo que condena al subdesarrollo al Campo de Gibraltar para siempre.
«El nuevo acuerdo sobre Gibraltar perpetúa un paraíso fiscal que condena al Campo de Gibraltar al subdesarrollo y hace imposible recuperar la soberanía»
¿Estamos entonces ante la tercera rendición?
Sí, y no solo eso, sino que ahora hay problemas todos los días con la pesca porque no reconoce la soberanía con las aguas circundantes, sacando terrenos al mar… Pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que, al establecer un régimen fiscal muy favorable, es obvio que no va a haber posibilidad de cambiar la soberanía y no podremos reclamarla nunca.
¿Han dicho que es un acuerdo histórico?
Acuerdo histórico es. Es tan histórico que renunciamos de hecho a la soberanía, cuando la soberanía ha sido reclamada por todos los gobiernos republicanos y monárquicos 1713. Con la propuesta que teníamos nosotros en el Gobierno de Mariano Rajoy la verja también desaparecía, pero los trabajadores iban a ir a trabajar a Gibraltar sin que se les pudiese discriminar en nada: ni en pensiones, ni en becas, ni en acceso a la vivienda.
¿En qué consistió la propuesta que hicieron cuando era ministro de Exteriores?
Tenía varias patas que, a mi juicio, satisfacían todos los intereses, especialmente los de los españoles. En primer lugar, un periodo de cosoberanía hispano-británica, lo que permitiría que Gibraltar se incorporase al mercado interior, desmantelar la verja y garantizar que los derechos de los españoles en el Peñón fuesen idénticos a los de los gibraltareños. Solución que era coherente con el Tratado de Utrecht y las resoluciones de Naciones Unidas.
La cosoberanía abarcaría tres cuestiones: Asuntos Exteriores, Defensa e Inmigración. La segunda pata era la autonomía en el resto de las materias. La tercera, la doble nacionalidad para los gibraltareños. La cuarta, probablemente una de las más importantes, era hacer una zona económica especial que abarcase al Peñón, el Campo de Gibraltar y a Ceuta y Melilla, eliminando cualquier régimen discriminatorio para los pueblos vecinos. La cosoberanía solo se mantendría durante un periodo transitorio para después revertir la soberanía a España.
Esto permitiría regenerar un territorio muy abandonado en la actualidad, crear empleo inmediato y un porvenir brillante. Para ello se podrían contar con fondos europeos, como prometió el Consejo en 2022. Además, y esto es muy importante, conseguimos que ningún acuerdo entre Reino Unido y Gibraltar pudiese firmarse sin el visto bueno del Gobierno español.
¿Para poder reclamar ahora la soberanía, qué habría que hacer?
En este tratado no se habla de soberanía. Además es un tratado que se ha firmado entre Reino Unido y la UE lo que significa que para modificarlo necesitaríamos el acuerdo de los 27.
Un buen amigo dirigente socialista me decía siempre: “A los míos lo de la soberanía no les pone, pero lo de los paraísos fiscales, sí”. Ahora, ni eso. Ya se verá la evolución económica en Gibraltar, en criptomonedas y demás. Tener un paraíso fiscal dentro de u territorio es siempre una fuente de distorsión que sin duda nos creará problemas.
¿Ve un triunfo el hecho de situar guardias civiles en puertos y aeropuertos?
Revisar la historia aclara mucho las cosas. El Tratado de Utrecht, el artículo 10, dice que se cede la ciudad con su fortaleza y el puerto. Luego, la frontera norte no llegaba donde está el istmo. Se pidió permiso para establecer un campamento sanitario por una epidemia, se les dio, y ya se quedaron allí. No hay ningún título jurídico sobre el istmo ni sobre las aguas circundantes. Pero, si toda la victoria es que haya dos guardias civiles mirando pasaportes en el aeropuerto… Esto no es la batalla de San Quintín.
Quien está obligado por Schengen a controlar eso es el estado vecino. Si entras por el puerto o el aeropuerto y desembarcas en territorio Schengen, necesitas funcionarios que garanticen que se cumplen los requisitos. No han conseguido nada.
«Para modificar este tratado necesitaríamos el acuerdo de los 27»
¿Por qué cree que se ha hecho ahora?
No tengo ni idea. Fue muy grave el acuerdo en materia impositiva y, si mira la rueda de prensa que da Albares cuando le preguntan cómo va a funcionar el mecanismo de impuestos, responde: “Es un mecanismo financiero” y que, al quedar conectado Gibraltar con la unión aduanera, implica que haya una convergencia y un sistema para que esto se produzca. No dice ni cómo funciona, ni cómo es la convergencia. Simplemente, no se lo sabían o no lo habían estudiado, y eso que era el tema central.
¿España ha perdido más de lo que ha ganado?
Sin duda. Si mantienes un régimen fiscal, y si Gibraltar va a competir en las mismas condiciones con ventajas sobre el resto de España, para eso no te vas a Gibraltar sino a Marbella. Al garantizarles su régimen de vida, cortas cualquier opción de reclamar la soberanía política.
EL PSOE SE ANGUSTIA Y EMPIEZA A PEDIR ADELANTO ELECTORAL MIENTRAS SÁNCHEZ ESTUDIA MÁS MEDIDAS
Artículo de Juanma Romero publicado en El Independiente el pasado día 15
Cada hora que pasa es peor. Cada hora que pasa la ansiedad, la indignación, la desolación y el pánico aumentan. El PSOE es una auténtica olla a presión. La sacudida del informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán no tiene fin. Ha destrozado la moral de militantes y cuadros, ha desatado la angustia por el futuro de las siglas y del Ejecutivo. Nadie sabe dónde encontrar la salida, cómo salvarse del naufragio. Pero el partido bulle, la desesperación crece y crece el movimiento de aquellos que consideran que es imposible aguantar, de los que estiman que hay que adelantar las elecciones generales para evitar una sangría mayor más adelante, porque no queda margen para ninguna remontada ni relato que la sostenga. También se empieza a apuntar internamente que el secretario general quizá no debe repetir como candidato en unos futuros comicios, que debe dejar paso a un sucesor, un debate que hasta ahora jamás se había abierto en el PSOE. Y él, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras, consulta con su círculo más cercano y medita qué hacer. Qué más medidas adoptar. Qué golpes en la mesa le quedan por dar, si es que cabe alguno. Y puede que un primer avance lo dé a conocer en la reunión de la ejecutiva federal del próximo lunes.
Desde la comparecencia de la tarde del jueves, el PSOE sintió que su jefe de filas se había quedado corto, y que haría falta una respuesta mucho más contundente para contener el terremoto del largo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 490 páginas demoledoras —al día siguiente se difundieron los audios, aún más dantescos— que narraban una presunta operativa que había funcionado durante años, que primero germinó en Navarra, de la mano de Santos Cerdán —entonces secretario de Organización de la federación— y Koldo García, y que luego migró a Ferraz tras las primarias de 2017, que Sánchez ganó a Susana Díaz. El círculo se extendió a José Luis Ábalos. Una supuesta organización criminal en la que Cerdán era el eje, el hombre que gestionaba los cobros de las mordidas obtenidas gracias al amaño de adjudicaciones públicas. El presidente le reclamó que dejara el cargo de secretario de Organización del PSOE y que entregara su acta —un escaño en el Congreso que él todavía no ha abandonado, ha prometido hacerlo el lunes—, y luego desde Ferraz pidió perdón a los ciudadanos, descargó todas las culpas en su ya ex número tres y anunció una remodelación de la cúpula del partido y una auditoría externa de sus cuentas.
En los últimos días, en la mayoría de federaciones se había instalado una exigencia compartida al líder: la reestructuración de la ejecutiva no podía ser cosmética, sino «radical», porque es necesario un «reseteo», arrancar nueva etapa con nuevos rostros, extirpando con nitidez al núcleo de colaboradores que trabajaban con Cerdán en Organización y apostando por perfiles de mayor peso político. Pero junto a esa demanda muy mayoritaria, ha prendido entre algunos mandos la sensación de que tampoco ese movimiento funcionará. No bastará, creen.
Y una salida que creen ineludible es la del anticipo de las generales, que el pasado jueves Sánchez volvió a situar «cuando tocan», en 2027. Ya antes de que estallara la bomba nuclear del informe de la UCO había severas reticencias hacia el superdomingo, ahora directamente el rechazo es total: en línea con lo manifestado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la posición más consolidada es que deben celebrarse antes las generales para no castigar las opciones del partido en las autonómicas y municipales de mayo de 2027. Pero en las últimas horas varios cuadros de primer nivel consultados por este diario indican que quizá la mejor opción, dentro del escenario catastrófico que se abre, es convocar las legislativas a la vuelta de verano, en los próximos meses, para evitar un mayor deterioro de las siglas.
«Adelanto y cuanto antes, mejor. A otoño. Yo creo que resistir es peor. Esa es la opinion mas compartida entre la gente que he testado, y yo la comparto», sostiene un barón autonómico alineado indubitadamente con Ferraz. «La remodelación de la ejecutiva no va a ser suficiente, y nuestra gente está muy cabreada —señala otro líder territorial—. Cree que hay que ir más allá y que la legislatura está en vía muerta. El problema es que nadie quiere regalar un Gobierno a la derecha, pero pesa más la decepción y el miedo a que se hunda la organización. Yo defiendo que el partido está por encima de las personas y hay que preservarlo, y cuanto más tardemos en convocar [las generales], más riesgo tendremos de un Gobierno del PP en solitario». «La sensación es de desánimo, que las medidas no serán suficientes y que las elecciones serán inevitables a la vuelta del verano», expresa otro máximo responsable regional.
En el partido se siente que será muy difícil aguantar hasta 2027, porque esta nueva línea de investigación, la que afecta a Cerdán, no ha hecho más que empezar, y el miedo de todos es que sigan apareciendo nuevas revelaciones explosivas. Datos que empeoren la situación de un partido exánime. Un goteo insufrible. «Verás según pasen los días y aparezcan más nombres y nuevos informes, que estoy segura de que hay. La gente está viendo que salta todo. Gobierno, ayuntamientos y las pocas autonomías que tenemos». «No tiene opción de aguantar», resuelve un miembro del sector crítico. «Es que por descarte nadie ve otro escenario mejor. Es cierto que irnos ahora a elecciones es suicida —cuenta un cargo que conoce bien las entrañas de Ferraz—, el partido está tocadísimo anímicamente, no ve una salida fácil. Pero la pregunta que se ha instalado es si dentro de seis u ocho meses vamos a estar mejor, y parece que no, así que el debate es si tendremos urnas en octubre, noviembre… es que irnos a febrero ya suena de aurora boreal».
No todos los cuadros piensan lo mismo, ni mucho menos. «Hay que aguantar. En la medida en que los apoyos parlamentarios estén, debemos hacerlo. El objetivo no es aguantar por aguantar, es aguantar para gobernar. Si no hay apoyos, elecciones, claro, pero creo que aguantamos», sostiene un responsable de un aparato importante. «Con la situación que tenemos hoy, podemos resistir hasta 2027», indica otro. Para otro compañero de igual rango, «es verdad que la petición de adelanto crece», aunque entiende que «aún no es mayoritaria: las elecciones tienen que hacerse cuando toque, y no cuando interese a la caverna». Un cuarto responsable de Organización, este de una federación muy potente, matiza: apunta que si el Gobierno logra amarrar este otoño unos Presupuestos Generales del Estado, «todo cambia», aunque es consciente de la dificultad de poder amarrarlos. «Pero si no los tenemos», prosigue, «y con esta tralla, es evidente que se hará más complicado aguantar». «Necesitamos más perspectiva para decidir. Pero si vamos o no a elecciones solo lo sabe él», remata uno de los principales alcaldes socialistas.
¿Y qué piensa Sánchez? El presidente, insisten los suyos, no piensa en unas generales, no piensa en tirar la toalla. Según relatan desde su círculo de confianza, este fin de semana está recluido. Reflexionando, «pensando qué hacer, viendo opciones», llamando a sus colaboradores más cercanos, consciente también él mismo de que le toca mandar mensajes más contundentes.
Pero, ¿cuáles? Es lo que no está todavía claro. Sus colaboradores recalcan que no se inclina por adelantar las generales. «Los dirigentes territoriales velan por sí mismos y quieren quitarse de encima esto, pensando que les quedarán dos años hasta las autonómicas y municipales para recuperarse. Pero es que no va de esto, va de una solución de conjunto. Hay que mirar por el interés de todos. Es que, ¿cómo vamos a ir elecciones ahora? Es regalarle las llaves de la Moncloa a la derecha y a la ultraderecha. Parece que todo lo que corre es verdad, pero hay que tranquilizarse. Teníamos a tres mangantes, no unos cualesquiera, que han sido secretarios de Organización del PSOE, pero corrupción sistémica no ha habido», apunta un ministro. El presidente, continúa, «está convencido de que tiene que dar la cara». «En qué se va a traducir, no lo sé, no creo que ni él lo sepa aún», remacha. «No es que no veamos el adelanto, es que no es deseable —expresa otro integrante del Gabinete, perteneciente a su círculo más íntimo—. La primera opción es llegar a 2027, y para ello cobran mucha importancia los Presupuestos. ¿Los podremos tener? Esa es la duda, pero habrá que pelearlos».
En el núcleo duro de Sánchez se rechaza, por tanto, el anticipo electoral, igual que no se acaba de ver la cuestión de confianza, por el riesgo que entraña. Tampoco «tiene en mente» una salida que muchos dirigentes invocan, la remodelación del Ejecutivo, porque el líder socialista mantiene la tesis de que «este caso afecta al partido, no al Gobierno». En el primer anillo del presidente descartan igualmente la convocatoria de un congreso extraordinario o que dimita y dé un paso a un sucesor. ¿Entonces? «Él sorprende siempre», responden. En el partido algunos apuntan que puede lanzar en los próximos días una salida «audaz», tal vez de cara a la ejecutiva del próximo lunes.
Lo más urgente, y ahí coinciden todos, es cubrir la vacante de Organización, dejada por Cerdán. Es el puesto más relevante de toda la dirección, del que depende todo el partido, y por eso se considera que no caben las interinidades. Ni siquiera se ha podido abrir expediente al ex número tres, recuerdan, porque formalmente no hay aparato. Los nombres que circulan como relevo de Cerdán desde el primer momento son los del ministro de Transportes, Óscar Puente —uno de los escuderos de mayor peso del jefe del PSOE, aunque se teme que su estilo pueda dividir más al partido—, y el secretario de Acción Electoral y Análisis de la actual cúpula y secretario general de Coordinación Institucional en la Moncloa, el sevillano Paco Salazar. Ellos están en las quinielas, pero en ellas también figuran el ministro Félix Bolaños o la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad de la ejecutiva, Pilar Bernabé. Los más próximos a Sánchez defienden que el nuevo secretario de Organización, un cargo icónico, por su relevancia, en el escalafón socialista, ha de ser «alguien inatacable, con prestigio y que conozca el partido». Y señalan un ejemplo: Marcelino Iglesias, expresidente de Aragón que se hizo con las riendas del aparato en 2010, ya en pleno declive del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. «Hay que acertar y poner a una persona limpia, con autoridad y de peso. Y que se haga público lo antes posible», recomiendan estas mismas fuentes de primer nivel.
En lo que sí existe un consenso absolutamente total, fuera y dentro del Gobierno, en Ferraz y en las federaciones, es en que Sánchez ha de darle la vuelta a su dirección en el PSOE. Completa. Primero, sacando de ella a los colaboradores directos de Cerdán —su adjunto, el diputado jiennense Juanfran Serrano, y el leonés Javier Alfonso Cendón, además del parlamentario Manuel Arribas, miembro de la cúpula del PSOE de Castilla y León—, y de otros cuadros que estaban en su entorno, más «todos aquellos que entraron en la cúpula por el propio Santos». En los territorios reclaman igualmente una revolución de las estructuras, una renovación total, profunda de la ejecutiva.
