“La Audiencia abre diligencias contra el ministro Óscar Puente ante una posible infracción penal por el accidente de Adamuz”, de Javier Romera ; “Semana de protestas y tractores: el campo español estalla contra la PAC y los nuevos acuerdos comerciales de la Unión Europea”, de Alba Menéndez; “El esperpento sanchista”, de Francisco Marhuenda; y “La descomposición de España y la responsabilidad de PP y Vox”, de Federico Jiménez Losantos
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 26)
LA AUDIENCIA ABRE DILIGENCIAS CONTRA EL MINISTRO ÓSCAR PUENTE ANTE UNA POSIBLE INFRACCIÓN PENAL POR EL ACCIDENTE DE ADAMUZ
Artículo de Javier Romera publicado en El Economista el pasado día 27
La Audiencia Nacional abre diligencias previas de investigación contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que provocó el fallecimiento de 45 personas. A raíz de una denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia, el magistrado Antonio Piña ha dado traslado a la Fiscalía para que informe de la competencia del tribunal. En el auto, el magistrado asegura que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Las fuentes jurídicas consultadas explican, no obstante, que la admisión a trámite no significa que se esté prejuzgando nada y que tendrá que ser ahora la Fiscalía la que proponga continuar o no con el proceso.
Las diligencias se han abierto después de que la investigación del accidente ferroviario de Adamuz haya dado un paso relevante con los primeros hallazgos técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que sitúan el origen del descarrilamiento del tren de Iryo en una rotura del carril, en una soldadura, que se produjo antes de que pasase el convoy siniestrado, que acabó chocando con otro tren Alvia de Renfe en el instante en que se produjo la salida de la vía.
Los investigadores constataron que el carril, tras romperse, terminó volcado hacia el exterior, con huellas de paso lateral de ruedas, lo que encaja con que el coche 6 fuera el primero en descarrilar tras perderse por completo la continuidad de la rodadura.
Con el mantenimiento de la red ferroviaria bajo sospecha, España se ha convertido ya en el país de Europa con un mayor número de accidentes ferroviarios por descarrilamiento del tren. De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, suma en total 34 registrados entre 2022 y 2024, lo que supone el 18% del total registrado en la Unión Europea durante ese periodo. Por detrás quedan Francia, con 28, Polonia con 23 y Alemania con 16. En 2022 España era el tercer país con un mayor número de siniestros por salida de las vías, pero tanto en 2023 como en 2024 figura ya como el primero, en este último año al mismo nivel que Francia.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha certificado hasta diez descarrilamientos por defectos en las vías del tren en tan solo cuatro años, entre 2021 y 2024, advirtiendo, además, de que, en algunos casos, los incidentes se están repitiendo en los mismos tramos. Es el caso, por ejemplo, de uno de los accidentes que tuvo lugar en Cáceres en 2024.
SEMANA DE PROTESTAS Y TRACTORES: EL CAMPO ESPAÑOL ESTALLA CONTRA LA PAC Y LOS NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA
Artículo de Alba Menéndez publicado en El Independiente el pasado día 26
El campo español ha decidido sacar los tractores a las calles. Desde este lunes y hasta el viernes, se sucederán las movilizaciones por todo el territorio de España, convocadas en unidad de acción por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Así, el punto álgido llegará el jueves 29, cuando se concentrarán la mayor parte de las protestas anunciadas en más de 25 provincias.
De acuerdo con el secretario general de UPA, Cristobal Cano, las movilizaciones se producen «como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima Política Agraria Común (PAC), los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo». Un malestar que se produce en plena reordenación de prioridades en Bruselas: más gasto en defensa y más acuerdos comerciales para compensar el giro proteccionista de Estados Unidos, un giro geopolítico del que el campo europeo teme pagar el coste.
Menos PAC, más inversión en defensa
En primer lugar, los agricultores y ganaderos españoles rechazan el recorte del 22% en el presupuesto de la PAC, previsto en el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa su propuesta inicial para las cuentas comunitarias del próximo ciclo, marcada por un giro del gasto hacia nuevas prioridades estratégicas, como son la defensa, la seguridad y la competitividad industrial. Y como los recursos son limitados, el incremento de algunas partidas se traduce en la reducción de recursos en otras. En este sentido, la política agraria será una de las damnificadas si finalmente el Parlamento Europeo aprueba el marco presupuestario.
En el caso de España, la Comisión propone asignarle 79.900 millones de euros entre 2028 y 2034, y según los cálculos de las organizaciones agrarias, el ajuste europeo supondría 877,5 millones menos, con un impacto sobre el conjunto de instrumentos de la PAC: desde los pagos directos a los agricultores y ganaderos hasta las ayudas específicas, los incentivos a la incorporación de jóvenes al sector o las líneas de apoyo a la modernización. Un recorte que el sector contrasta con el incremento de otras partidas, como es el caso de la defensa. Así, con las movilizaciones, el campo español quiere trasladar a la calle una pregunta incómoda: ¿La Unión Europea quiere reforzar su agenda de seguridad a costa de deteriorar uno de los pilares sobre los que se construyó el proyecto europeo desde el Tratado de Roma de 1957?
Europa busca nuevos socios comerciales
La segunda gran batalla del campo español tiene menos que ver con el acuerdo de Mercosur en sí mismo y más con lo que simboliza: una Unión Europea acelerando su agenda comercial en busca de nuevos socios estratégicos. Tras años de negociaciones enquistadas —el diálogo con Mercosur se abrió en 1999—, Bruselas ha recuperado el brío negociador en un momento en el que Estados Unidos ha dejado de ser un socio previsible y el proteccionismo de la Administración Trump vuelve a condicionar el tablero global.
De hecho, en paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha señalado su intención de avanzar en acuerdos con otras potencias, como India. Y en referencia a esta negociación, la conservadora alemana aseguró este martes que la Unión Europea se encontraba «a las puertas de un acuerdo comercial histórico. Algunos lo llaman la madre de todos los acuerdos», antes de subrayar que permitirá crear un mercado de 2.000 millones de personas, casi una cuarta parte del PIB mundial.
En este contexto, la Unión Europea trata de blindar su competitividad abriendo mercados nuevos y diversificando socios, pero el campo español teme que este aperturismo se traduzca en una competencia desigual. Las organizaciones agrarias no rechazan la apertura comercial, pero advierten de que los productores comunitarios compiten con exigencias crecientes de trazabilidad, fitosanitarias, bienestar animal y sostenibilidad, y reclaman que los productos que entren de terceros países lo hagan bajo los mismos estándares.
Así, aunque el acuerdo UE-Mercosur recoge en su sexto capítulo el marco de medidas sanitarias y filosanitarias entre ambos bloques y refuerza sobre el papel la idea de que cualquier producto que acceda al mercado comunitario debe cumplir los mismos estándares de seguridad que se aplican internamente; el sector agrícola desconfía de que esa igualdad normativa se aplique en la práctica. En esta brecha entre el papel y la realidad, los agricultores y ganaderos apuntan al margen de inspección de las autoridades europeas, ya que, según un informe comunitario: «en 2024, las aduanas controlaron el cumplimiento normativo de solo el 0,0082% de todos los productos importados».
Mercosur, en manos del TJUE
El malestar, además, se ha intensificado después de que el Parlamento Europeo acordara este miércoles, por una diferencia de apenas diez votos, denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que en la práctica paraliza el proceso de ratificación hasta que Luxemburgo se pronuncie. Un movimiento que, sin embargo, no cierra la puerta a una posible entrada en vigor provisional de la parte comercial, ya que esta opción depende de la Comisión Europea.
Y precisamente desde Bruselas, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, criticó la decisión, ya que a su juicio supone «reabrir cuestiones ya resueltas» en un momento en el que «los exportadores necesitan certidumbre, previsibilidad y acceso a nuevos mercados». En la misma línea, desde el Gobierno de España, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió este jueves que «no hay tiempo que perder» y apostó por la implementación «inmediata» del acuerdo, pese a su judicialización, recordando que «no es la primera vez que esto sucede» y señalando que, como ocurre con Canadá, un tratado puede aplicarse «desde hace años» sin haber culminado su ratificación formal.
A esta división institucional se ha sumado también la oposición del Partido Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Comisión Europea que el acuerdo no entre en vigor si no existe «plena certeza» de que se aprobarán «las garantías que necesita el campo español». En concreto, reclamó que la aplicación provisional solo se produzca una vez se active «un procedimiento para que las cláusulas de protección sean automáticas», se refuercen «los controles en frontera» y se reduzcan «las actuales exigencias a los agricultores que impone Europa y el Gobierno central».
Por su lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, trasladó su apoyo al tratado UE-Mercosur y defendió que Europa debe acelerar su agenda comercial para no perder peso frente a otros actores. «Los datos que tenemos a nivel europeo son que el no firmar (el acuerdo) de Mercosur ha significado 180.000 millones de euros que hemos dejado de ingresar en Europa como consecuencia de las no exportaciones y, por otro lado, el cálculo que tenemos del 2021 al 2025, casi 300.000 millones de euros de pérdida de PIB en Europa». No obstante, también insistió en que debe aplicarse «en las mismas condiciones» para ambos mercados, evitando que entren productos sin las «exigencias» impuestas dentro de la UE.
Y desde el sector agrario, las organizaciones convocantes de las movilizaciones que se producirán esta semana reclamaron que las instituciones comunitarias «respeten» la voluntad expresada por el Parlamento Europeo y que «no se active» provisionalmente la parte comercial mientras el TJUE analiza su encaje legal, ante el riesgo de que ello «desvirtúe una resolución democrática» adoptada por una Cámara claramente dividida, y que «evidencia la existencia de dudas jurídicas y políticas de fondo sobre el acuerdo».
EL ESPERPENTO SANCHISTA
Artículo de Francisco Marhuenda publicado en La Razón el pasado día 26
Lo bueno de Sánchez es que siempre es capaz de superarse en sus aspectos negativos. Desde luego, no le importa la opinión pública y su idea de la resistencia se ha convertido en un esperpento. Su estándar ético no existe desde el momento en que ensalza la gestión de un inútil como Óscar Puente.
Tras una trágica catástrofe ferroviaria, unos servicios de cercanías que no funcionan y una red llena de incidencias desde hace muchos meses, ahora resulta que tiene «todo mi reconocimiento». La desfachatez llega al extremo de que ha destacado la «eficacia y la admiración en Europa» del sistema ferroviario español. Es un nivel de degradación política que no tiene parangón en la UE. Se le llena la boca con ese optimismo inconsistente y esa búsqueda permanente del relato como si los españoles fuéramos un hatajo de tontos a los que puede manejar como hace con su partido. La encuesta de NC Report que publicamos este lunes muestra el abrumador rechazo que provoca tanto el ministro Puente como las políticas gubernamentales en esta materia. El único que no se entera es Sánchez que vive en un decadente metaverso en el que todos le dan la razón.
La decisión lógica hubiera sido fulminar a un ministro cuya principal ocupación ha sido pasear su estulticia y mala educación por las redes sociales. Cuando Sánchez dice que «todos no responden de la misma manera ante las tragedias», hay que reconocer que refleja muy bien las actuaciones del Gobierno socialista comunista. No pone en el centro a las víctimas, sino que se mueve con el único objetivo de garantizar su supervivencia. Puente es uno de los suyos. Un botarate pretencioso que será recordado, precisamente, por su desastrosa gestión como ministro y su ausencia de ética. Es un señorito de provincias sin posibles que necesita aferrarse al sueldo público y no quiere ser un picapleitos del montón que languidece en un despacho cutre en Valladolid. Desde luego, nadie le contrataría por sus conocimientos jurídicos y lo tendría imposible como lobista si Sánchez prescinde de él. Es un personaje tóxico como lo es su líder para cualquier candidato autonómico o municipal. Es lógico que La Moncloa esté preocupada, porque las perspectivas electorales son desastrosas. La continuidad de Puente es el mejor regalo que le puede hacer al PP.
Artículo en: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/el-esperpento-sanchista/ar-AA1UWQR4
LA DESCOMPOSICIÓN DE ESPAÑA Y LA RESPONSABILIDAD DE PP Y VOX
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 25
¿Están los dos partidos de derechas dispuestos a sacrificar algo por el bien de la nación?
Es imposible sustraerse a la impresión de que el Estado Español se está descomponiendo ante nuestros ojos. Y no es sólo la demolición de su base, que es la nación española, sino el funcionamiento de la Administración, el día a día de los que pagan impuestos de Primer mundo y reciben servicios de Tercer o Cuarto. La tragedia de Adamuz ha desvelado a los que prefieren vivir dormidos y ha alarmado a los que pensaban que esto estaba mal, pero no tanto. Lo que hemos visto es que, producto de la imprevisión socialista, de la incompetencia y la corrupción del Gobierno hay infraestructuras tan básicas como carreteras y vías férreas hechas pedazos. Añádase el cercano apagón, obra de los mismos y que sin que los mismos hayan dado aún una explicación y tendremos que otra infraestructura esencial, la de la energía, está como las carreteras y los ferrocarriles, en situación de colapso diario.
Un gobierno para una situación ingobernable
Las causas vienen de lejos, pero el resultado de una política antinacional y orientada exclusivamente a mantener en la Moncloa a Pedro Sánchez, no puede estar más cerca. Lo de Adamuz puede ser mañana lo de cualquier lugar de España. Y ni siquiera Cataluña, la criatura sobrealimentada del sanchismo, se libra del efecto de sus propias incompetencia y corrupción. Llevamos más de siete años viviendo al día, en un clima de guerra civil inducido por el Gobierno y sus medios de intoxicación desinformativa, sin presupuestos desde hace tres años, y sin ninguna expectativa de mejora. Tras formar gobierno con la ayuda de todos los enemigos de España, y él el primero, Sánchez es incapaz de aprobar una sola ley ni de gestionar nada. Su única política, su única estrategia y su única táctica es dejar pasar el tiempo sin hacerse jamás responsable de ninguna de sus responsabilidades, cuando no culpabilidades directas, que intenta siempre cargar a los demás.
Los demás son la Oposición, el PP y Vox, que, en todas las encuestas, salvo la ridícula del CIS, aparecen destinados a derrotar a Sánchez y a formar gobierno. Lo primero está claro, por la debilidad estructural del Ejecutivo; lo segundo, no tanto. La actuación de los dos partidos —el mayoritario, estancado, y el minoritario, al alza— tras las elecciones en Extremadura y ante las de Aragón, es deprimente, por el desprecio de los candidatos a los electores y por el triunfo de las estrategias de partido sobre las necesidades nacionales. Si esto no se remedia, o vamos a un gobierno minoritario del PP para durar un año o llegaremos a un Gobierno dividido sin ninguna capacidad de establecer una estrategia de reconstrucción nacional a largo plazo. Un fracaso o un desastre, a elegir; y vuelta a la demolición total.
Ridiculeces en Extremadura, indecisiones en Aragón
En Extremadura se ha podido constatar el profundo cambio a la derecha de toda Europa y las rigideces de una clase política regional, tirando a aldeana. La convocatoria de elecciones obedeció a la seguridad de Guardiola, ante el pésimo cartel electoral del PSOE, de conseguir un gobierno sin la hipoteca de Vox. La ruina del PSOE se produjo, pero el voto del PP, con un número mayor de abstencionistas, fue casi el mismo de las últimas elecciones; y el partido que más subió fue Vox, como salía —y sale— en todas las encuestas. La fatuidad de una candidata que se cree mejor que su partido acabó mal, si se tiene en cuenta el voluntario adelanto electoral. Y aunque Vox pudo cantar victoria, tampoco cambió su relación con el PP, que lo necesita para formar gobierno, mientras Vox necesita al PP para evitar que gane el PSOE.
Esa es, a priori, la misma previsión en las elecciones aragonesas. Azcón ha adelantado elecciones, pero fue con Vox fuera de los gobiernos regionales, digamos que obligado a confiar su continuidad a unas urnas prometedoras. Hace muy poco, Abascal ha vuelto a cambiar de estrategia: de salirse de todos los gobiernos autonómicos, a entrar en todos ellos, con arreglo a su fuerza electoral, que prácticamente dobla su representación en todas partes. Hay alguna posibilidad, remota pero real, de que el escaño 31, por encima de las previsiones del PP —29 o 30— y el tercer escaño de Aragón Existe, que oscila en las encuestas entre dos y tres, alcanzara la mayoría absoluta: 34.
El necesario pacto de cuatro años
En teoría, el PP no estaría en manos de Vox; pero ¿es eso lo que conviene a Aragón en particular y a España en general? En mi opinión, no. Creo que el mapa de fuerzas en la derecha, salvo en las regiones con mayoría absoluta claramente repetible, lo mejor es formar gobiernos coherentes y duraderos para sacar a España de la ruina en que la está dejando el Gobierno Sánchez. Un partido pequeño, pero en el poder, invita a la compra de diputados, y en Aragón eso ya ha pasado bastantes veces. Tantas como para no fiarse de Guitarte, que, aunque ahora quiera lucir un perfil centrista, ha sido aliado fiel del sanchismo en sus primeros años y en las dos investiduras. El cupo fiscal catalán es perjudicial y humillante para Aragón, pero es muy difícil mantener una postura coherente cuando la fuerza depende de una alianza.
Lo correcto sería pactar un plan de gobierno sólido, a cuatro años y lejos de mezquindades partidistas. Es lo que necesita España. Pero ¿están los dos partidos de derechas dispuestos a sacrificar algo por el bien de la nación? Eso está claro en el ánimo de los electores. En el PP y, sobre todo, en Vox, no. ¿Deberían recapacitar, y dejar de ver al otro como su gran enemigo? Por supuesto. ¿Apreciarían los votantes ese pacto para borrar el sanchismo? Seguro. ¿Se observa en los partidos un movimiento en esa línea? Ninguno. Cuando Abascal dice que «no quiere ser el vicepresidente de Feijóo», amén de un alarde de vanidad caudillista, muestra un sectarismo difícil de asumir en un cuerpo electoral alarmado y con razón. Invirtamos el planteamiento: ¿aceptaría Abascal que Feijóo fuera su vicepresidente? Quiero creer que sí, pero temo que, en ambas fuerzas, la respuesta sea absolutamente negativa. Y si eso no cambia, el futuro de España, incluso con Sánchez, pinta fatal.
