Voz del sur

Julio Frank Salgado

Piden a Corte Penal Internacional enjuiciar a Piñera

Presentación que denuncia al Presidente chileno por crímenes de lesa humanidad detalla la represión de su gobierno al estallido social generador del actual proceso constituyente, describe violaciones “generalizadas o sistemáticas” de derechos humanos y cuestiona la respuesta “asimétrica” de la justicia.

Vienen en solicitar, a través de la presente Comunicación, a esta Ilustre Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que inicie una investigación, formule acusación y requiera el inicio de un juicio conforme al Estatuto y Reglamentos de la Corte Penal Internacional por la responsabilidad que le cabe al Presidente de la República de Chile y demás autoridades civiles, políticas y policiales que se mencionarán y por los actos que se denuncian, ejecutados en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, ocurridos simultáneamente en todo el territorio nacional de la República de Chile desde el 6 de octubre de 2019 y hasta el día de hoy, los cuales consideramos constitutivos de Crímenes de Lesa Humanidad”.

Así parte la presentación conjunta de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) contra el Presidente Sebastián Piñera y, en su respectivo período, contra Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, ministros del Interior; Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, subsecretarios del Interior; Alberto Espina y Mario Desbordes, ministros de Defensa; Mario Rozas y Ricardo Yáñez, generales directores de Carabineros, y el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

“El Presidente de Chile –afirma- tuvo conocimiento de los ataques a través de los distintos informes de derechos humanos, entre los que destacan el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes hicieron claras recomendaciones para disminuir la represión policial y, sin embargo, no se adoptaron las medidas necesarias y razonables para impedir los actos criminales o castigar consecuentemente a quienes los perpetraron, como ha quedado de manifiesto en este documento”.

En su petición a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, presentada el jueves 29 de abril, los recurrentes recuerdan cronológicamente el llamado “estallido social” de 2019 y la represión gubernamental y policial de que ha sido objeto la protesta popular desde entonces, aun bajo pandemia; detallan casos tales como homicidios, torturas, lesiones, mutilaciones, violencia sexual y detenciones arbitrarias, e individualizan a sus víctimas, incluyendo profesionales de la prensa; y describen y califican como desigual o “asimétrica” la intervención de las instituciones encargadas de investigar y hacer justicia.

Citan los informes correspondientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como querellas de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y argumentan con base en normas de derecho nacionales e internacionales, especialmente las disposiciones del Estatuto de Roma.

Los firmantes insisten en que los hechos ilícitos denunciados “son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito, en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y, en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

Cuestionan también el comportamiento tanto del Ministerio Público como de los tribunales de justicia, los que, prosiguen, “han tenido un comportamiento asimétrico al momento de investigar y juzgar a los violadores de los derechos humanos versus a los manifestantes que han terminado encarcelados y acusados de graves delitos, que en muchos casos han sido posteriormente absueltos al no haber pruebas suficientes o incluso acreditarse que las acusaciones estaban fundadas en falsas pruebas (montajes) (sic)”.

Esta nueva denuncia contra el Presidente de la República en ejercicio –cuya resolución podría tardar varios años- se centra en la represión de su gobierno y no enjuicia los daños de la violencia callejera extendida por el territorio nacional. Aun así, constituye una bitácora de valor histórico al interpretar, en definitiva, el fondo de una protesta social que reivindicó un principio básico que la “clase” dirigente no fue capaz de aceptar de otro modo: en democracia, la decisión política final es del pueblo.

LA PRESENTACION

J.F.S.

Fuente: ciperchile.cl (Mauricio Weibel Barahona)

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Autor

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Activista digital por una Constitución democrática para Chile desde 2007. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XVI en la blogosfera de PD.

Julio Frank Salgado

Periodista y bloguero chileno. Reportero y editor en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales. Activista digital por una Constitución democrática para Chile desde 2007. Autor de "Médicos en la Historia de Chile" (2005) e "Idolos de blanco" (2011). Año XVI en la blogosfera de PD.

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