El escándalo por las irregularidades detectadas en la participación de Cataluña en las pruebas PISA sigue creciendo y amenaza con convertirse en una de las mayores crisis políticas del Govern de Salvador Illa. La comparecencia de la consellera de Educación, Esther Niubó, en el Parlament no logró apagar el incendio. Al contrario, la oposición redobló sus críticas y exigió responsabilidades políticas, con el Partido Popular y Vox situándose a la cabeza de las peticiones de dimisión.
Los dos partidos acusaron al Ejecutivo catalán de haber ocultado durante meses la existencia de los errores que han invalidado una parte importante de la muestra remitida a la OCDE, dejando a Cataluña sin resultados comparables en la edición de 2025 de las pruebas internacionales.
El PP acusa al Govern de «trilerismo» y de intentar ocultar el fracaso educativo
El diputado del Partido Popular, Cristian Escribano, protagonizó una de las intervenciones más contundentes de la sesión. El parlamentario acusó directamente al Govern de haber intentado engañar a los catalanes para evitar que salieran a la luz unos malos resultados académicos.
«Ustedes han recurrido al trilerismo ante los malos resultados», denunció desde la tribuna, asegurando que el Ejecutivo autonómico actuó con «pánico» ante el deterioro del sistema educativo catalán.
Escribano recordó que cerca de uno de cada cuatro alumnos seleccionados quedó fuera de la muestra, una circunstancia que impide validar los resultados según los estándares fijados por la OCDE. A su juicio, el Govern prefirió esconder el problema antes que asumir públicamente un nuevo fracaso educativo.
El dirigente popular también criticó que el caso trascendiera gracias a las informaciones publicadas por los medios de comunicación y no por iniciativa del propio Ejecutivo catalán.
Según afirmó, el Govern confió en que el anuncio, realizado a las puertas del verano, pasara desapercibido para la opinión pública.
«Pensaban que el verano lo taparía todo», reprochó.
Durante su intervención, Escribano preguntó quién dio la orden de ocultar durante meses la información al Parlament y reclamó responsabilidades políticas «al más alto nivel». Además, lamentó que Cataluña vaya a permanecer varios años sin poder disponer de datos comparables que permitan evaluar la evolución del sistema educativo.
El diputado popular concluyó reclamando la dimisión inmediata de Esther Niubó por «mentir, por la incompetencia demostrada y por intentar culpar a los docentes de un error que corresponde exclusivamente al Govern».
Vox exige la dimisión inmediata de Esther Niubó
En la misma línea se expresó el diputado de Vox, Manuel Acosta, que calificó el episodio como un hecho «extremadamente grave» y acusó al Departamento de Educación de actuar con una mezcla de «ineptitud política y profesional».
Acosta sostuvo que el Govern conocía desde el pasado mes de marzo que la muestra enviada no cumplía los requisitos exigidos por la OCDE y, pese a ello, decidió continuar adelante sin informar ni al Parlament ni a la comunidad educativa.
Para Vox, la explicación ofrecida por la consellera, que atribuye todo a una incidencia técnica, resulta insuficiente y poco creíble.
El diputado fue más allá al insinuar que detrás del error podría existir una voluntad política de impedir que vieran la luz unos nuevos malos resultados del sistema educativo catalán.
«La negligencia del Govern impedirá saber si la educación en Cataluña ha mejorado o continúa hundiéndose», afirmó durante su intervención.
Por ello, Vox reclamó la dimisión inmediata de Esther Niubó y exigió que se depuren responsabilidades por la gestión de un proceso que, según denuncian, ha perjudicado la credibilidad internacional de Cataluña.
El resto de la oposición también carga contra el Govern
Aunque PP y Vox fueron los grupos más duros durante la comparecencia, el resto de la oposición tampoco respaldó las explicaciones de la consellera.
Junts cuestionó que durante meses nadie detectara el error y puso en duda que todo se deba únicamente a una cadena de fallos administrativos, mientras que ERC denunció cuatro meses de silencio y criticó la falta de transparencia del Departamento de Educación.
Los Comuns calificaron la situación de «error muy grave» y censuraron que el Govern esperara hasta finales de julio, con la comunidad educativa ya de vacaciones, para comunicar la incidencia. Por su parte, la CUP también pidió responsabilidades políticas y Aliança Catalana llegó incluso a reclamar un adelanto electoral.
El PSC cierra filas con la consellera
Frente al aluvión de críticas, el PSC volvió a cerrar filas con Esther Niubó.
La diputada socialista Gisela Navarro reconoció que la incidencia era importante, aunque acusó a la oposición de intentar «maximizar» el caso y de haber dictado una «sentencia política» antes de que concluyan las investigaciones abiertas por el Departamento.
Navarro defendió que el Govern está ofreciendo explicaciones y sostuvo que gobernar también implica asumir errores cuando estos se producen, insistiendo en que la prioridad ahora debe ser esclarecer qué ocurrió durante el proceso de selección de la muestra remitida a la OCDE.
Sin embargo, la defensa socialista no logró frenar una oposición prácticamente unánime que considera insuficientes las explicaciones ofrecidas hasta ahora y que mantiene la presión sobre la consellera, cuya continuidad al frente de Educación vuelve a situarse en el centro del debate político.
