La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, ha destacado este martes en una comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados la necesidad de incorporar en la sanidad pública las técnicas instrumentales de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y no sólo las farmacológicas.
Actualmente, tal y como ha informado, hay comunidades autónomas que han incorporado sólo los métodos farmacológicos precoz de IVE y no los instrumentales en sus sistemas sanitarios públicos como, por ejemplo, Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra y la Comunidad Valenciana, a pesar de que los segundos han demostrado ser más seguros para las mujeres y de que ellas los suelen preferir.
Y es que, aludiendo a diferentes estudios nacionales e internacionales, García ha explicado que, mientras que con los métodos farmacológicos provocan más efectos secundarios físicos y psicológicos a las mujeres, más tiempo de tratamiento y más dolores, las técnicas instrumentales se hacen en un solo día, hay menos riesgos siempre y cuando el profesional domine la técnica y tiene un menor impacto emocional en las mujeres.
«¿Por qué cuando nuestra sanidad es puntera se incorpora el aborto como una práctica sanitaria de segunda categoría porque sólo incorpora una técnica?», ha cuestionado la presidenta de ACAI, para responder que se debe a que el método farmacológico no requiere la formación de los profesionales y, por tanto, una «técnica aliada» de la objeción de conciencia de los expertos.
Y es que, tal y como ha denunciado, cada comunidad está haciendo una objeción de conciencia «a la carta». En concreto, ha puesto el ejemplo de Navarra, donde los profesionales pueden objetar conciencia hasta por el tipo de técnica que se va a utilizar a la hora de practicar un aborto, algo que hacen el 82 por ciento de los facultativos.
ESTIGMATIZA A LAS MUJERES
«Todo esto estigmatiza más a las mujeres, por lo que es necesario crear una regulación que establezca que sólo puedan objetar aquellos profesionales que intervienen en el proceso de interrupción libre del embarazo, pero no por la técnica», ha detallado la presidenta de ACAI.
Dicho esto, García ha subrayado la importancia de que en los servicios sanitarios públicos se ofrezcan a las mujeres las posibilidades de elegir entre uno u otro método y de que, además, se mejore la formación de los profesionales, avisando de que el relevo generacional de los que están especializados en abortos no está garantizado y de que estas técnicas no se estudian en las facultades de Medicina.
«No hay especialidad y no hay formación en Medicina, porque algunas administraciones piensan que hacer técnicas farmacológicas es más barato, aunque ninguna tiene contabilizado cuántas mujeres acuden a los servicios de Urgencias porque tienen una complicación tras someterse a una interrupción voluntaria del embarazo con un método farmacológico», ha enfatizado.
Asimismo, la presidenta de ACAI ha lamentado la inexistencia de unidades especializadas en IVE en la sanidad pública, avisando de que al practicarse estas técnicas en entornos donde hay diferentes profesionales no se respeta la confidencialidad de la mujer e, incluso, se favorece el estigma que rodea a esta práctica.
«Para preservar la calidad de la prestación, la mujer debe ser libre de elegir el método más acorde a sus circunstancias y que los profesionales estén formados en todas las técnicas. Además, hay que cambiar la actual legislación revisando el periodo de reflexión de tres días establecido, la mayoría de edad y dotarla de un mayor presupuesto», ha apostillado, para zanjar subrayado la necesidad de crear una ley general contra los grupos antiderecho y antiobjeción.
