Como en la Alemania nazi y en los países comunistas, en los que las terribles agencias de represión se tapaban con nombres que aparentaban cuidar a los ciudadanos, la Generalidad catalana ha creado una “Oficina para la defensa de los Derechos Civiles y Políticos” para fichar a quienes estén contra el “prosés” separatista.
La policía política del franquismo tenía como nombre oficial Brigada de Investigación Social (BSI), que disimulaba sus objetivos dando a entender que trabajaba para mejorar la vida ciudadana.
El nuevo organismo, dentro de la vicepresidencia de la Generalitat, otra estructura más de supersueldos, está dirigido por Adam Majó, veterano miembro de la CUP, Candidatura de la Unidad Popular, base de las revueltas contra las leyes y la Constitución.
Su objetivo real es denunciar, fichar y reprimir – los ficheros llegarán a la CUP– a quienes…
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