La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha propuesto hoy impedir a las entidades de gestión crear sociedades mercantiles, obligarlas a someterse a una auditoría pública de funcionamiento y crear un régimen sancionador para aquellas que no cumplan con sus obligaciones.
González-Sinde ha presentado este conjunto de medidas en el pleno del Congreso durante una interpelación del grupo popular cuyo portavoz, José María Lasalle, ha planteado la posibilidad de que exista una Agencia Estatal de la Propiedad Intelectual que cohesione, gestione y dirija el funcionamiento de estas entidades.
La titular de Cultura ha anunciado una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que impida a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles, de tal forma que solo serán autorizadas por la Administración pública competente aquellas que tengan un interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades complementarias.
González-Sinde ha recordado que la investigación judicial de la Audiencia Nacional se centra en la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una sociedad mercantil cuyo exdirector general, José Luis Rodríguez Neri, está en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
La ministra, que esta tarde comparecerá ante la Comisión de Cultura del Congreso, ha indicado que «no es que las entidades funcionen mal, simplemente unos individuos presuntamente han violado la ley y se les ha detenido, no hay que olvidarlo».
Tanto en la interpelación como en la contestación a la pregunta que el diputado del PP Rafael Rodríguez Ponga le ha planteado en el mismo pleno, la ministra ha recordado que las competencias del Ministerio sobre esas entidades se limitan a otorgar o revocar la licencia, exigir información, ordenar inspecciones y tener un representante con voz pero sin voto en sus juntas.
Ninguna de ellas ha sido suficiente para detectar los problemas que se han producido en una sociedad mercantil dependiente de la SGAE, sobre la que no tienen competencias, ha reiterado.
Además, ha recordado que fue durante el mandato de Esperanza Aguirre como ministra de Educación cuando la SGAE propuso un cambio en sus estatutos para poder crear sociedades mercantiles.
González-Sinde ha advertido, no obstante, de que ahora no es posible encontrar una solución definitiva mientras Bruselas no resuelva la Directiva de la UE sobre entidades de gestión.
La ministra ha defendido la actuación de su departamento ante la crisis de la SGAE, en la que ha actuado con todas las posibilidades que le otorga la ley.
Lasalle ha acusado al Gobierno de intentar eludir su responsabilidad en este asunto escudándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que lo que hace, ha dicho, es reforzar sus competencias sobre las entidades de gestión.
También ha considerado que existen «claras responsabilidades del Ministerio de Industria, que entre 2008 y 2010 otorgó a sociedades vinculadas a la SGAE subvenciones por importe de 3,6 millones de euros».
El portavoz popular ha recalcado que las sociedades de gestión deben ceñirse a gestionar los derechos de los autores bajo la supervisión estatal y «probablemente a través de una ventanilla única».
El diputado del PP ha aplaudido las iniciativas presentadas hoy y, aunque ha estimado que se han presentado tarde, ha confiado que se esté a tiempo de «paliar los daños que penden sobre el conjunto de las sociedades».
