El arzobispo de Barcelona es investigado por la expulsión de un sacerdote

El cardenal Omella declara por una presunta falsificación de documentos

El cardenal Omella declara por una presunta falsificación de documentos
El cardenal Omella, a la salida de la Ciudad de la Justicia. EP

El cardenal arzobispo de Barcelona, el turolense Juan José Omella, tuvo que ir a declarar ayer a un juzgado de Barcelona como investigado por una presunta falsificación de documentos privados de un sacerdote que ha sido apartado de la Iglesia por, supuestamente haber roto con el celibato y haber tenido una hija. El sacerdote niega los hechos y le acusa de no haber cursado los documentos que probarían su inocencia.

Omella, a la salida del tribunal, aseguró estar «contento» y «confiado en que todo irá bien» porque, según recogió EFE, respondió a las preguntas de la jueza «tratando de decir la verdad y nada más que la verdad».

El sacerdote que ha llevado ante la Justicia al cardenal Omella no es otro que el expárroco de Épila Miguel Ángel Barco, que se vio implicado en una falsa acusación de abusos al diácono Daniel Peruga, y que acabó con el cese del arzobispo de Zaragoza Manuel Ureña, la renuncia del diácono y, tras varias vicisitudes, la expulsión de Barco del seno de la Iglesia.

CARDENAL STELLA

El cardenal turolense tuvo que acudir al Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona en la Ciudad de la Justicia y en una breve atención a los medios aseguró que confía en la Justicia y que «la jueza ha entendido bien de qué se trataba. Ahora se trata de esperar».

La decisión de apartar a Barco de la Iglesia fue tomada por la Congregación del Clero del Vaticano a finales del 2017 «por inobservancia» del celibato y «concepción y posterior nacimiento de prole».

Aunque el sacerdote siempre ha mantenido que los hechos, ocurridos cuando estaba en la diócesis de Alcalá, no son ciertos y que tanto el testimonio de la madre de la criatura como un informe de ADN prueban que no es el padre, apunta que el cardenal no ha hecho llegar esos documentos a la Congregación. Además, el prefecto encargado de ese veredicto no es otro que Biniamino Stella, un cardenal a quien siempre se ha situado, junto al jesuita Germán Arana, al propio Omella y al embajador en la FAO Fernando Chica, como urdidores de la trama (Vatileaks maño) para desalojar a Ureña del palacio episcopal, con la colaboración del exvicario judicial de Zaragoza Roberto Ferrer, la exnotaria María del Carmen Amador y el ya fallecido arzobispo emérito de Zaragoza, Elías Yanes.

Barco, que también acudió al juzgado, no hizo declaraciones, pero en la querella presentada contra Omella una de sus alegaciones hace referencia a los perjuicios morales y económicos que le ha causado esta situación. Además mantienen que las acusaciones se hicieron a sabiendas de que eran falsas (con lo que se podría incurrir en un delito de prevaricación) ya que, según el Código de Derecho Canónico (canon 1718), debe ser el obispo del lugar donde se comete el supuesto delito eclesiástico el que inicie la investigación.

En este caso les habría correspondido a Juan Antonio Reig Pla, responsable de la diócesis de Alcalá, o a Vicente Jiménez, de la de Zaragoza, donde Barco estaba en comisión de servicios. Ambos prelados negaron haberla iniciado.

Autor

Pablo Santos

Experto en información religiosa

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