El Centro Jurídico Tomás Moro, una de las dos entidades que denunció la campaña, informa en su página web de que ha solicitado para Ruiz Fuentes un año de cárcel
Un juzgado ha abierto juicio oral contra Juan Carlos Ruiz Fuentes, ex secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía, por un delito contra los sentimientos religiosos por una campaña a favor del preservativo en la que usó a un sacerdote e hizo un paralelismo entre la comunión y el condón.
El Centro Jurídico Tomás Moro, una de las dos entidades que denunció la campaña, informa en su página web de que ha solicitado para Ruiz Fuentes un año de cárcel y seis meses de multa por un delito de provocación al odio por motivos religiosos y otra condena de doce meses de multa, con cuota de 400 euros, lo que equivale a 144.000 euros, por un delito contra los sentimientos religiosos.
La campaña, desarrollada en diciembre de 2010 con motivo del Día Mundial contra el Sida, utilizó la imagen de un sacerdote en el momento de la comunión pero con un preservativo en su mano, con expresiones como «Que no te den una hostia, ponte condón» y «Bendito condón que quitas el sida del mundo». Fuentes del caso han informado a Efe de que las JJSS fueron denunciadas, por separado, por el Centro Tomás Moro y por la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FECAPA) de Sevilla, pero esta última denuncia fue archivada y se encuentra pendiente de recurso ante la Audiencia provincial.
Ahora, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro informa de que su escrito de acusación contempla contra Ruiz Fuentes la circunstancia agravante de haber cometido el delito por motivos discriminatorios en razón de la ideología, creencia o religión. La denuncia correspondió al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, el mismo que investiga los ERE fraudulentos, cuya titular, Mercedes Alaya, la archivó por entender que en España se han superado «concepciones anteriores, en las que el Estado trataba de proteger mediante los delitos religiosos una determinada confesión religiosa oficial».
En sus razonamientos jurídicos, sostuvo que las campañas de prevención sanitaria, como la emprendida por JJSS, tienden a ser agresivas e impactantes «en razón a la eficacia que se pretende» y citó a modo de ejemplo las de la Dirección General de Tráfico para evitar los accidentes de circulación. La magistrada también descartó que esta campaña supusiera algún tipo de escarnio para la religión católica pues «acertadamente o no» lo que pretendía poner de manifiesto, «a modo de crítica, es la constante oposición de la Iglesia Católica al uso del preservativo aunque fuera para evitar una pandemia tan brutal como es el sida».
En septiembre de 2011, la Audiencia de Sevilla ordenó reabrir esta causa y practicar las diligencias necesarias para determinar si se produjo un delito. Según la Audiencia, el mensaje de la campaña era sin duda «impactante» y «sumamente afortunado», aunque «desde el punto de vista de una nada desdeñable porción de nuestra sociedad, supone un claro ultraje, una descarada ofensa, una inaceptable mofa de sus sentimientos religiosos». (RD/Agencias)
