Piden a los obispos que “ejerzan su autoridad, para desenmascarar este escandaloso linchamiento de un inocente”
(José M. Vidal).- Fue amigo de arzobispos, obispos, curas, frailes y monjas, que acudían a él en busca de todo tipo de ayuda. Pero, desde que Feliciano Miguel Rosendo, fundador de Orden y Mandato de San Miguel, entró en prisión preventiva, el estamento clerical le abandonó. Menos tres curas madrileños, que arriesgan su estatus para defender a «un inocente que lleva en presión preventiva 21 meses», víctima de una «cadena de injusticias sobre las que se tramó el linchamiento eclesial, mediático y carcelario».
En un largo informe, al que ha tenido acceso RD, y en una carta abierta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, al Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo, los tres sacerdotes madrileños, Eduardo Lostao, Juan Luis Castón y José Ignacio Martín Sánchez (en proceso de incardinación en Getafe), niegan rotundamente que Miguel sea el líder de una «horripilante secta destructiva». Se trata, para ellos, de un laico con carisma, que lo dejó todo para fundar una asociación pública de fieles, bendecida canónicamente por la diócesis de Tui-Vigo.
Los tres sacerdotes madrileños hace cuatro años que conocieron a Miguel y a sus consagrados y consagradas, que animaban las celebraciones no sólo en la diócesis de Tui-Vigo, sino también en la archidiócesis de Santiago, en Orense o en Madrid, donde cantaron para el Papa en la JMJ. Todo cambió, según los curas, por «un conflicto eclesial de índole interna, orquestado en la diócesis de Tui-Vigo».
Los curas madrileños señalan directamente al que fuera capellán de Orden y mandato, el sacerdote vigués Isaac Vega, que «dio credibilidad a las acusaciones falsas» de que la asociación era una secta, donde se «organizaban orgías sacrílegas casi diarias». Y, además, lanzó el caso a los medios.
Cuando estalla el escándalo mediático, el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro pone en marcha una supuesta «visita canónica» a la Asociación, encomendada a Manuel Salcidos, amigo de Isaac Vega. La investigación «nunca se realizó», pero el visitador realizó «un informe-chapuza», donde vertió «la ignominia y unas acusaciones falsas espantosas».
Para dar mayor autoridad a las denuncias, algunos padres, alentados por el ex capellán, contrataron a un detective que, según los curas madrileños, «no investigó a nadie», pero «su mentira reviste de cierta autoridad civil a la previa y también fraudulenta, investigación eclesial».
Los tres sacerdotes sostienen que, en base a este montaje, se detuvo a Miguel, en un procedimiento judicial salpicado de irregularidades. Entre otras cosas, porque el «secreto de sumario duró quince meses», «la instrucción y las testificales van camino de dos años», y el fundador de la asociación católica «recibió y sigue recibiendo un trato propio de los más sanguinarios terroristas».
Tras desgranar todo un cúmulo de irregularidades eclesiásticas, judiciales y mediáticas, los tres sacerdotes concluyen: «Miguel es un padre de familia inocente, víctima de un tratamiento carcelario propio de delitos de terrorismo, porque Isaac de Vega y otros eclesiásticos originaron y alimentaron una acusaciones que jamás habrían recibido atención policial y judicial, si no hubiesen sido soportadas por su sibilina aquiescencia, aún activa a través del reincidente falso testimonio que han aportado en sede judicial».
Por eso, suplican a los obispos afectados por el caso que «ejerzan su autoridad, para desenmascarar este escandaloso linchamiento de un inocente». También piden a las autoridades policiales y judiciales que «hagan lo posible por contribuir al fin de una prisión preventiva, cuya duración resulta muy difícil de entender».
Como María y Juan, los únicos que se quedaron al pie de la cruz de Cristo, los tres sacerdotes madrileños, Eduardo Lostao, Juan Luis Castón y José Ignacio Martín Sánchez se juegan el tipo y su credibilidad por Feliciano Miguel Rosendo. Por algo será.
Texto de la carta resumida
Carta abierta al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo. (El siguiente texto resume la versión completa en Religión Digital).
Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, Excma. Sra. Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, Excma. Sra. Dña. Soledad Becerril Bustamante:
Los tres sacerdotes católicos que firmamos la presente carta, hemos sufrido una dura persecución desde que, hace tres años, comenzamos a advertir de la escandalosa cadena de injusticias sobre la que se tramó el linchamiento eclesial, mediático y carcelario de Feliciano Miguel Rosendo Da Silva, fundador de la Asociación Pública de Fieles de la Iglesia Católica Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. Firmemente seguros, como estamos, de la completa inocencia de Miguel -en prisión preventiva desde el 11 de diciembre de 2014-, es nuestra obligación, como hijos de la Iglesia Católica, después de haberlo denunciado ante varios Obispos y sacerdotes implicados, en razón del sacerdocio al que hemos entregado nuestras vidas, y de la justicia más elemental, denunciar públicamente los siguientes hechos.
1. El conocido como caso de los Miguelianos, que llegó a hacer creer a toda España que nos encontrábamos ante la desarticulación de una horripilante secta destructiva, no es sino la judicialización de un conflicto eclesial de índole interna, orquestado en la diócesis de Tui-Vigo.
2. En el origen de la persecución contra Miguel -laico, casado y con dos hijos- y contra esta asociación pública de fieles, se encuentran el sacerdote Isaac de Vega y otros eclesiásticos a él vinculados. El motivo: su juicio condenatorio acerca de una espiritualidad que no correspondía con lo que ellos entienden que debe ser la vida monástica. Su autoridad dio credibilidad a unas acusaciones falsas: el fundador, y algunas mujeres consagradas de la asociación, organizaban orgías sacrílegas casi diarias, lo cual, unido a otras falsedades, y bajo la apariencia de una asociación de fieles, revelaba el perfil de un grupo sectario cuyos miembros eran manipulados psicológicamente y adoctrinados en una espiritualidad distinta de la católica. Isaac de Vega, con las acusaciones de las que dice hacerse eco, provocó una investigación eclesial que el obispado encargó al sacerdote Manuel Salcidos, amigo de De Vega. Salcidos cometió una grave injusticia: no entrevistó a Miguel; ni expuso a las consagradas las verdaderas acusaciones. A todos les negó el derecho de defensa. La visita canónica fue la excusa para presentar unas acusaciones espantosas como fruto de una investigación que, en realidad, nunca existió. La ignominia se vertió en un informe que personas cualificadas han definido como «chapuza».
3. El obispo D. Luis Quinteiro apartó cautelarmente a Miguel de la presidencia de la asociación. Tras esta decisión episcopal, el pánico se asentó entre los padres de las supuestas abusadas. Isaac de Vega los congregó semanalmente, y esas reuniones sirvieron para judicializar el proceso. Contrataron un detective privado. El señor Armando González, a partir de tres testimonios indirectos sobre abusos sexuales a adultos, lanza una disertación erudita sobre las sectas destructivas y los grupos de manipulación mental. Apareció en varios programas de televisión, rostro en sombra, para explicar su proceso de infiltración en la, de pronto, denominada secta destructiva. También esto es mentira: en agosto de 2014, fecha del inicio de su informe, todos los supuestos implicados ya se habían dado de baja de la asociación. El detective privado no investigó a nadie porque ya no quedaba nadie a quien investigar. Su mentira -en la que vuelve a intervenir Isaac de Vega- reviste de cierta autoridad civil la previa, y también fraudulenta, investigación eclesial.
4. En octubre de 2014, el detective lleva su informe a la Guardia Civil. Días después, como por casualidad, comienza un terrorífico linchamiento mediático a nivel nacional. La bola de nieve rodó por las televisiones y los periódicos. Se afirmó que en el convento había tarros con fetos humanos, vídeos con los supuestos abusos sexuales, etc. Con testimonios de esta ralea se empezó a construir el sumario. Los padres, hasta hacía pocos meses amigos de Miguel, dijeron en rueda de prensa que llevaban años de sufrimiento en la, ya denominada, secta destructiva.
5. El 11 de diciembre de 2014, Miguel es detenido, acusado de asociación ilícita y abusos sexuales a adultos. El secreto de sumario duró quince meses; un trato propio de los más sanguinarios terroristas. Al juez Marcos Amboage, que dio entrada a la bola de nieve de la acusación, le sucedió en el cargo su esposa, la jueza Inés Nicolás. Sin embargo, no hay asociación ilícita. Todos los datos objetivos, periciales ginecológicos y de la policía científica, desmienten la existencia de los supuestos abusos sexuales. Y tampoco hay enriquecimiento ilícito. La mejor prueba de esto es la sonrojante deriva de un proceso que, desde algo parecido a una cinematográfica secta destructiva dispuesta al suicidio colectivo, se desliza hacia el intento de convertir a Miguel en un estafador de tres al cuarto. La realidad es que Miguel abandonó su trabajo, del que vivían holgadamente él y su familia, y del que se beneficiaban las numerosísimas personas a las que él constantemente ayudaba, para dedicarse de lleno a servir con amor a la Iglesia, especialmente a la gente más sencilla. Esta es la verdad.
6. La dilación de las testificales a lo largo de casi dos años no es fácil de entender. Es muy preocupante, porque su duración es el argumento que avala, sine die, la prisión provisional ante el riesgo, se dice, de influencia en los testigos restantes: contra un informe psicológico de la Guardia Civil que afirma no poder avalar científicamente este criterio.
7. Miguel es un padre de familia inocente, víctima de un tratamiento carcelario propio de delitos de terrorismo, porque Isaac de Vega y otros eclesiásticos originaron y alimentaron unas acusaciones que jamás habrían recibido atención policial y judicial si no hubiesen estado soportadas por su sibilina aquiescencia, aún activa a través del reincidente falso testimonio que han aportado en sede judicial.
8. Suplicamos a los Pastores de la Iglesia Católica en España afectados por este caso, que ejerzan su autoridad para desenmascarar este escandaloso linchamiento de un inocente.
Con base en las razones expuestas, queremos denunciar las irregularidades ocurridas en este proceso y la permanencia de un inocente en la cárcel por más de 21 meses. Encarecemos a las autoridades policiales y judiciales que hagan lo posible por contribuir al fin de una prisión preventiva cuya duración resulta muy difícil de entender, de manera que a Feliciano Miguel Rosendo Da Silva se le permita recuperar su dignidad y salud, muy deteriorada por esta durísima injusticia y, como es su deseo, y el de las numerosas personas y familias que le apoyamos, tener después la oportunidad de defender públicamente su inocencia en el correspondiente juicio oral, en el caso de que la justicia considere aún necesaria su celebración. Eduardo Lostao Boya, Juan Luis Castón López, José Ignacio Martín Sánchez, sacerdotes de la Iglesia Católica.
Texto íntegro de la carta abierta
Carta abierta al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al Fiscal General del
Estado y al Defensor del Pueblo
Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano:
Excma. Sra. Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda:
Excma. Sra. Dña. Soledad Becerril Bustamante:
El conocido como caso de los Miguelianos, que llegó a hacer creer a toda España que nos encontrábamos ante la desarticulación de una horripilante secta destructiva, no es sino la judicialización de un conflicto eclesial de índole interna, orquestado en la diócesis de Tui-Vigo.
En marzo de 2014, tras una supuesta investigación canónica, el obispo de Tui-Vigo, D. Luis Quinteiro, apartó cautelarmente de su puesto de presidente de la Asociación Pública de Fieles Orden y Mandato de San Miguel Arcángel a D. Feliciano Miguel Rosendo Da Silva, laico, casado y padre de dos hijos. La, así denominada, visita canónica fue la excusa para presentar unas acusaciones delirantes como resultado de una investigación que, en realidad, nunca tuvo lugar. La ignominia se vertió en un informe que, siendo benévolos, podría atribuirse a un estudiante de secundaria. En su origen: el señor Isaac de Vega, asistente eclesiástico de la asociación, y el señor Manuel Salcidos, visitador canónico.
Resulta, según cuenta él mismo, que al señor Isaac de Vega le dicen que Miguel mantiene relaciones sexuales con varias mujeres de la asociación, incluidas la madre superiora y dos hermanas de la comunidad femenina. Le dicen que durante muchos años han tenido lugar orgías en las que, además de otras mujeres casadas, estas consagradas eran las principales protagonistas de tales actos y le cuentan, asegura él, que estos y otros hechos, ocultos bajo la apariencia inofensiva de una asociación de fieles de la Iglesia Católica, descubrían el perfil de una secta destructiva cuyos miembros estaban manipulados psicológicamente hasta la pérdida de su libre voluntad.
El relato oficial afirma que Isaac de Vega se lo dice al obispo y que D. Luis Quinteiro decretó una visita canónica: una investigación que consiste en sentarse con cada una de las personas implicadas, exponerles sin ambigüedad las acusaciones y escuchar lo que ellas tienen que decir al respecto.
La realidad, que hace pensar que nadie en el obispado de Tui-Vigo ha dicho algo siquiera cercano a lo que efectivamente sucedió, es que el visitador canónico Manuel Salcidos no entrevistó a Miguel. Tampoco a la madre superiora ni a las hermanas, pero a éstas, para justificar el paripé, les pasó un cuestionario absurdo, con preguntas de catecismo, en el que se incluía una pregunta genérica sobre un supuesto trato carnal del presidente con algunos miembros de la asociación. El perito del obispo, por tanto, cometió una profunda injusticia: al ocultar a los acusados el motivo y la gravedad real de la investigación, les negó el derecho de defenderse con la concreción, los datos y las pruebas que hubiesen permitido refutar las acusaciones.
Es injusto no entrevistar al principal acusado, pero entrevistar sólo a algunos acusados, y hacerlo engañosamente, es aún más grave. Si luego, además, este clérigo es llamado a sede judicial y, delante de su señoría, con sibilina vaguedad y laconismo, reiteradamente da a entender que hizo lo que no hizo, entonces este ciudadano ha cometido un grave delito contra la dignidad de muchas personas.
Después de la supuesta visita canónica, D. Luis Quinteiro apartó a Miguel de su cargo y le empujó, así, al paredón, pues social y mediáticamente se dio por hecho que ese acto de gobierno episcopal había sido el resultado de una investigación seria y rigurosa. A partir de ahí, como culminación de los rumores que acompañaron la visita canónica, el pánico y la rabia sedimentaron entre los familiares de algunos miembros femeninos de la asociación, e Isaac de Vega se ocupó de congregarlos semanalmente, según él, para acompañarles en medio de tanto dolor.
La realidad es que las continuas reuniones de estos padres con Isaac de Vega sirvieron para orquestar la judicialización del proceso.
Contrataron un detective privado. El señor Armando González hizo un informe en el que, a partir de dos o tres testimonios indirectos sobre supuestos abusos sexuales a adultos -ahí es nada-, desarrolla un apasionante enjambre de vaguedades para, setenta páginas después, y aderezado con unos artículos bajados de internet, terminar con una disertación erudita sobre las sectas destructivas y los grupos de manipulación mental. Este individuo, después de la detención de Miguel, apareció en varios programas de televisión con el rostro ensombrecido, a modo de detective coraje, por así decir, para explicar su arriesgadísimo proceso de infiltración en la secta destructiva.
Pero también esto es mentira. El inicio de su informe está fechado en agosto de 2014. Para entonces, en Vigo sólo quedaban veinte miembros de la asociación, porque la mayoría de ellos, incluidos los que han podido tener un papel relevante en este caso, ya se habían dado de baja ante las consecuencias, para ellos irreparables, de la actitud de Isaac de Vega y Manuel Salcidos, incomprensiblemente amparada por D. Luis Quinteiro. Sencillamente, el detective no investigó a nadie porque ya no quedaba nadie a quien investigar.
Luego supimos que el informe se confeccionó en una parroquia de Vigo, donde los padres, reunidos por Isaac de Vega, todos juntos alrededor de una mesa, rellenaron un cuestionario en los términos que ilustra el siguiente ejemplo: el padre de dos de las supuestas abusadas, un católico normal, pero dispuesto a decir ahora cualquier cosa para contribuir a la idea pactada de que la asociación pública de fieles a la que él perteneció durante años era una secta destructiva, dijo que, cuando hablaban, él a Miguel solía llamarle «Dios». Huelga hacer comentarios. La verosimilitud de este relato es exactamente la misma que la de los testimonios que estos mismos padres dieron después en sede judicial.
El 6 de octubre de 2014 -hasta en la fecha buscó el señor De Vega darle apariencia providencial a su crimen-, el detective privado se va con su pseudoinforme a la policía judicial y la Guardia Civil, comprensiblemente alentada por la autoridad de las decisiones previas eclesiales, se pone en marcha. Para asegurar el éxito de la caza, Isaac de Vega y su grupo de padres elegidos tenían ya preparado el linchamiento mediático. Primero, un artículo incendiario el 20 de octubre: brillante, salvo en la mentira que contiene y en el intento inútil, pero llamativo, de excusar al señor De Vega. Ese mismo día todas las televisiones emitieron en directo sobre el caso. La bola de nieve rodó por los programas de la mañana y las tertulias nocturnas. El cuadro trasmitido por los medios fue inhumano, hasta ese punto de fuga donde la alucinación colectiva quiebra de facto el derecho de la vedad, y personas normales llegan a creer que la mentira es lícita si contribuye a poner fin a semejantes atrocidades. Y fue exactamente así, con estos relatos delirantes, como se compuso el sumario que se instruye hoy todavía en el juzgado nº1 de Tui.
El cariz religioso del asunto produjo algún desconcierto entre los periodistas, razón que aprovechó el portal de información religiosa del grupo Intereconomía, Infovaticana, para erigirse en narrador oficial de la historia y servir de alimento a otros medios. Su director, Gabriel Ariza, publicó un serial de artículos que culminaron con la presentación de tres sacerdotes madrileños como cabeza de la secta destructiva y satánica. Estos clérigos son los que entonces, y ahora, tuvieron la ocurrencia de defender la verdad de la inocencia de Miguel desde que, hace más de tres años, empezaron a ver cómo se construía este crimen. De hecho, el 10 de diciembre, delante de un testigo, uno de ellos le explicó los pormenores de esta historia al señor Ariza, quien, sin embargo, no quiso renunciar al éxito mediático de su relato. El linchamiento público de los sacerdotes en ese diario digital, propició que otras personas incautas, dispuestas a decir cualquier cosa para liberar a la Iglesia de semejantes monstruos, decidieran después, desde Madrid, lanzarse también a testificar contra Miguel en el juzgado de Tui.
El último impulso llegó el 10 de diciembre. Joaquín García, que hasta hacía pocos meses era amigo personal de Miguel, pero también padre de una de las hermanas y asiduo de las reuniones de Isaac de Vega, protagoniza ese día una rueda de prensa en la que, como portavoz suyo, dice que las familias llevan años de sufrimiento oculto, en la que dice que el miedo era tanto, y durante tanto tiempo, que nunca se habían atrevido a denunciar públicamente el horror que vivieron en la secta destructiva, donde, además, según habían podido saber recientemente, sus hijas eran obligadas a practicar rituales sacrílegos y satánicos.
Este comunicado leído por el portavoz de los supuestos afectados, afirmaba explícita y rotundamente que el único responsable de la supuesta secta destructiva era Miguel. Lógico, porque no había ninguna secta destructiva, sino un grupo de padres a los que Isaac de Vega y otras personas habían hecho creer que sus hijas, mayores de edad, estaban siendo abusadas sexual y psicológicamente. «Ante todo -afirma el comunicado- queremos manifestar que la responsabilidad de estos graves hechos corresponde a Feliciano Miguel Rosendo Da Silva, el fundador de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, y que quienes permanecen bajo su influencia son víctimas, personas cuya voluntad ha sido anulada por este individuo».
Sin embargo, un día después, en su domicilio madrileño y ante una nube de cámaras de televisión y fotógrafos, Miguel es detenido acusado de asociación ilícita. Junto a él detienen a Marta Paz, una de las hermanas que cantaba en el coro de la asociación de fieles. No es nada fácil entender esta decisión, porque si el relato de la acusación es cierto, esta joven era una de las principales víctimas en el orden de los abusos psicológicos y sexuales. Después, para desmentirlos, Marta tuvo que someterse a un peritaje ginecológico que probase que, en efecto, nunca había mantenido relaciones sexuales, ni con Miguel ni con nadie, porque resulta que, a pesar de que supuestamente había participado durante años en orgías casi diarias, es virgen.
El sumario permaneció secreto durante quince meses. Como ocurriera con la fraudulenta visita canónica del obispado, Miguel tampoco pudo entonces defenderse. Al juez Marcos Amboage, que dio entrada a la bola de nieve de la acusación, con su asociación ilícita, en 2014, le sucedió en el cargo su esposa, la jueza Inés Nicolás, que es quien instruye el proceso desde hace un año.
Ahora, después de 21 meses de prisión preventiva, la defensa parece no tener más alternativa que convocar a un equipo multidisciplinar de psicólogos judiciales, teólogos, antropólogos sociales, filósofos, sociólogos y juristas, para evidenciar la inconsistencia del relato de la acusación en todos estos ámbitos.
Pero, hasta donde somos capaces de entenderlo, quizás no debería hacer falta ese esfuerzo para reconocer que, una acusación de esta índole, se refiere a conductas que por su misma naturaleza son públicas y objetivas, ya que atraviesan la vida diaria de numerosísimas personas durante muchísimos años y que, precisamente por eso, porque son públicas, objetivas y contrastables, es sencillamente imposible que hubiesen podido pasar desapercibidas al asistente eclesiástico: las acusaciones son falsas, entre otras razones, porque de ser ciertas deberían responsabilizar también a Isaac de Vega y, a la inversa, la actitud de este ciudadano es un signo evidente del origen de las mismas. No es de recibo sostener que tanta gente y durante tanto tiempo haya podido estar manipulada, en los términos de intensidad absoluta, espacio y tiempo que refiere la acusación, sin que el entrenador del equipo notara nada.
Por supuesto, esas sectas existen, pero es imposible que existan como, o en la forma de, una asociación pública de fieles, con un asistente eclesiástico en medio. Si esta persona, además -dicho con el debido respeto, pero con la claridad que exige la gravedad del proceso en su estado actual-, quiere hacernos creer que él estaba allí como el niño de La Vida es Bella en el Campo de Exterminio, rodeado de muerte y destrucción mientras él jugaba con los tanques pensando que eran el premio de la rifa de una tómbola, entonces, cabe pensar, nos encontramos ante un indicio muy poderoso de que la raíz de este caso, como se dijo al comienzo, remite a un conflicto eclesial de índole interna, es decir, al juicio condenatorio previo que el señor asistente eclesiástico y otros compañeros suyos tenían acerca de una espiritualidad que no correspondía con lo que ellos, ellos y no la Iglesia, entienden que debe ser la vida monástica y religiosa.
Es algo más que un indicio poderoso, cabe pensar, pues téngase en cuenta que en el origen primerísimo de todas las acusaciones y, por tanto, de toda la bola de nieve que envenenó a los padres y después llegó a generar la referida alarma mediática, se encuentra el siguiente relato: una señorita de una asociación pública de fieles le dice al asistente eclesiástico que, de pronto, en sus clases de moral se ha dado cuenta de que las orgías sacrílegas en las que ha participado durante muchos años no estaban, por así decir, bien vistas por la moral de la Iglesia.
Nadie puede dar credibilidad a este relato, aunque es hasta comprensible que unos padres alarmados salten por encima de cualquier lógica prudencia. Pero si resulta que es el propio asistente eclesiástico el que, en sede judicial, pone su autoridad como aval de esta historia, hasta la responsabilidad de esa señorita -cuya voz no escuchamos sino hasta después de estar imputada, porque no quiso participar en la visita canónica- queda eclipsada por la gravedad de la calumnia de este ciudadano. Isaac De Vega salpica su testifical de cierta sorna, pero para trasmitir a su señoría de manera rotunda el siguiente mensaje: que, aunque él propiamente no vio ningún indicio, está completamente convencido de que Miguel era un manipulador que reunía a sus más allegados para adoctrinarles en una espiritualidad distinta de la católica, oscuramente secreta y plagada de rituales extraños y nocivos.
Su autoridad judicializa un relato psicológica, antropológica y teológicamente increíble.
Precisamente por eso, en la medida en que la actitud de este ciudadano no es descubierta ni su testimonio puesto inmediatamente en cuarentena, se propicia un colapso del sentido común más elemental, de manera que las palabras dejan ya de significar lo que significan y, en consecuencia, también se hace imposible emitir un juicio razonable: el eclesiástico ha conseguido provocar en el ámbito civil un cortocircuito semántico, de modo que afirmaciones psico-socio-teo-lógicamente imposibles empiezan a ser consideradas probables.
El aval de los precedentes apuntados, es decir, de la fraudulenta visita canónica, del apartamiento cautelar decretado por el obispado, del engañoso informe del detective privado y del terrible linchamiento mediático a nivel nacional, da razón en parte del modo en el que este cortocircuito del sentido común adquirió la inercia suficiente como para forzar su entrada e instalarse en el ámbito policial y judicial. Esto ha ocurrido con tal virulencia, que tampoco puede restarse importancia al hecho de que, una vez judicializado el caso en los términos referidos, y empujado por la punta de lanza de la asociación ilícita, varios testigos hayan sentido la necesidad de posicionarse con la acusación, ante el riesgo de ser arrollados por un proceso tan extraño como éste, en el que relatos sumamente inverosímiles habían llegado a constituirse en principios de razonamiento. No es justificable, pero es comprensible que, ante esa presión, algunas personas se protejan de esa manera.
Con el debido y profundo respeto a la instrucción de un proceso gravemente lastrado por todos los elementos previos ya apuntados, quizás sería importante, tras 21 meses de prisión preventiva, considerar de nuevo si la conjunción entre la asociación ilícita y el control mental de los implicados -en los términos de intensidad, espacio y tiempo que pretende la acusación-, puede ser o no una cuestión abierta a la libre interpretación, pues, hasta donde somos capaces de entender, más bien parece señalar una contradicción de orden lógico y conceptual. O todos estaban manipulados en los términos apuntados -y si no es así, entonces se desplomaría todo el relato de la acusación- o hay asociación ilícita.
En este sentido, y con idéntico respeto a la institución judicial, y conocedores del margen de libre interpretación que exige el ejercicio de toda instrucción, no podemos dejar de trasmitir una grandísima preocupación referida a la disposición en el tiempo de las testificales. La dilación de las mismas a lo largo de estos casi dos años no parece tener una fácil justificación. Esto es relevante, porque precisamente su duración es el argumento que ha servido para justificar la prisión provisional ante el riesgo, se dice, de influencia en los testigos restantes. Resulta preocupante que el 7 de junio de 2016, la testifical del señor Obispo de Tui-Vigo se suspendiera sine die treinta minutos antes de su inicio, con base en un problema de agenda de su señoría, quien, hora y media más tarde, realizaba una nueva testifical de este caso.
Ese otro testigo era intrascendente en comparación con lo que, además de constituir el núcleo y la raíz de este sumario, era ya sabido judicialmente, convenientemente documentado, desde el mismo comienzo de sus diligencias previas en octubre del año 2014. Por su parte, la testifical del señor Isaac de Vega, prevista para el 8 de enero de 2015, desaparece, sin rastro explicativo, hasta que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2015. En suma, las testificales referidas al núcleo de este caso se han hecho esperar: la primera, un año con respecto a la entrada en prisión de Miguel y, la segunda, si es que finalmente acontece, va a coincidir con el cumplimiento del segundo año de prisión preventiva. En el medio, esos testigos supuestamente susceptibles de ser influidos.
En la elección de las testificales llama también la atención el rechazo de algunas muy relevantes solicitadas por la defensa. Hasta donde somos capaces de ver, dicho desde el más profundo respeto, no es fácil localizar la razón de este desarrollo de las cosas.
Con respecto a los supuestos abusos sexuales a adultos y capaces, no existe ningún indicio objetivo contra D. Feliciano Miguel Rosendo. La acusación se basa en declaraciones de tres presuntas víctimas que no acompañan su testimonio con dato objetivo alguno que las avale. Más aún: el resultado de los análisis practicados por la policía científica, tanto sobre las prendas íntimas aportadas por una de esas personas, como sobre el lugar físico donde presuntamente, y durante muchísimos años, ocurrieron a diario estos supuestos hechos, ha sido negativo.
Además, las tres mujeres que afirman haber sufrido esos abusos sostienen, al mismo tiempo, que D. Feliciano Miguel Rosendo realizaba orgías sacrílegas en las que también participaban algunas de las mujeres consagradas de la Asociación Pública de Fieles Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. Estas mujeres consagradas no sólo niegan los supuestos hechos, sino que voluntariamente, y para probar la falsedad de estas acusaciones, se han sometido a un peritaje ginecológico, realizado por un equipo de tres expertos autorizados, en el que ha quedado demostrada su virginidad. Además, existen flagrantes contradicciones entre los relatos que esas tres personas hacen de esos supuestos hechos, relatos que han sido objeto de un peritaje psicológico solicitado por la defensa.
Por último, al contrario de lo que fue declarado por uno de los supuestos testigos, cuya denuncia fue uno de los detonantes de la investigación de la Guardia Civil, tampoco existe ningún vídeo en el que se vea a D. Feliciano Miguel Rosendo abusar sexualmente de otra consagrada. Es más, precisamente la mujer consagrada (N. F. M.) sobre la que se vertió esa calumnia, también ha acreditado su virginidad ante su señoría, la Señora Jueza Titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Tui.
Miguel es un inocente padre de familia. Contra él se instruye un proceso penal terrible, con un tratamiento carcelario propio de delitos de terrorismo, porque Isaac de Vega y otros clérigos originaron y alimentaron unas acusaciones dantescas que jamás habrían recibido atención policial y judicial si no hubiesen estado soportadas por su sibilina aquiescencia.
Detrás de la inocencia de Miguel, de sus amigos sacerdotes y de sus hijas e hijos espirituales, hay muchas familias que han sido vilipendiadas por defender la verdad, padres de familia que han perdido su trabajo y niños que han sufrido persecución en sus colegios porque, supuestamente, pertenecieron a una secta destructiva.
Con base en las razones expuestas, les suplicamos encarecidamente que hagan lo posible por contribuir al fin de una prisión preventiva cuya duración resulta muy difícil de comprender, de manera que a D. Feliciano Miguel Rosendo Da Silva se le permita recuperarse de esta durísima prueba y, como es su deseo, y el de todos los que le apoyamos, tener después la oportunidad de defender públicamente su inocencia en el correspondiente juicio oral, en el caso de que la justicia considere aún necesaria su celebración.
Muchas gracias. Atentamente,
Eduardo Lostao Boya, Juan Luis Castón López, José Ignacio Martín Sánchez, sacerdotes de la Iglesia Católica.