Lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la Iglesia Católica para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena
(J. B./Ep).- «El Estado tiene instrumentos suficientes para impedir» la inhumación de Franco. Esta es la tesis de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien compartió con los medios algunas de las claves de su reunión de ayer con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin.
«El propio Osoro lo dijo el otro día; a ellos no les parece bien y en este sentido, lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la Iglesia Católica para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena», subrayó la vicepresidenta.
En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados, Calvo indicó que acordó con Parolin que Gobierno e Iglesia intentarían «encontrar una salida» para inhumar los restos de Franco cuando sea exhumado del Valle de los Caídos, salida «que obviamente no puede ser La Almudena».
Calvo ha recordado que el Estado tiene la obligación de vigilar que el dictador no sea enaltecido en ningún punto de España, por lo que sus restos deberán inhumarse «en un lugar en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en los que pueda ser objeto de ningún tipo de homenaje».
Sobre la reunión, Calvo subrayó que fue «importante, cordial y fructífera», y que «finalmente, fue muy constructiva».
Enhorabuena a @carmencalvo_. Se ha conseguido evitar, mediando con la Iglesia, que los restos de Franco vayan a la Almudena. Chantajes de una familia de genocidas y expoliadores no se pueden tolerar. https://t.co/PbtOvyEMwX
— Ger Arribas! (@Geertxu) October 30, 2018
Como indicó en su día RD, el Gobierno estaría barajando incluir, dentro del proceso de alegaciones, un ‘protocolo de inhumación‘ que incluiría un cauce legal mediante el cual no se permitiría el entierro de Franco en un lugar donde se pueda alterar el orden público, o perjudicar el desarrollo normal de la actividad que allí se desarrolle, ya sea de culto católico (como sucedería en la cripta) o de otro tipo.
Las directrices de este proceso están siendo dirigidas desde Vicepresidencia, junto con el Ministerio de Justicia y la Abogacía del Estado, con la premisa de evitar actos masivos de exaltación de la dictadura, que contravendrían la Ley de Memoria Histórica. En todo caso, no se ha descartado la posibilidad de que uno de los nietos rompa la unanimidad que parece estar mostrando la familia en este tema.
Precisamente, una de las claves que estaría manejando la Abogacía del Estado para impedir la inhumación de los restos del dictador está en que la cripta tiene actividad parroquial, y ésta se vería alterada con la presencia de Franco. Del mismo modo, su ubicación junto al Palacio Real podría suponer, entienden fuentes jurídicas, un ‘efecto llamada’ para posibles concentraciones de nostálgicos del régimen.
Por su parte, fuentes del Arzobispado de Madrid consultadas por RD niegan que hayan llegado a ningún tipo de acuerdo con el Gobierno, entre otras razones porque la decisión final «corresponde al Gobierno y a la familia«. En este sentido, han pedido que no se les utilice como «pelota en el juego político«.
Así, la diócesis se mantiene en lo que, desde el principio, ha planteado el cardenal Osoro: esto es, que la Iglesia no se puede oponer al entierro de Franco en un terreno propiedad de la familia, y que cumplirán la ley. En este sentido, la Archidiócesis sigue apelando «al diálogo entre la familia y el Gobierno» que son los que, a su juicio, tienen que cerrar el enterramiento de Franco.
Fuentes de la Archidiócesis aseguran desconocer los términos de la conversación entre Calvo y Parolin, e insisten en que es una decisión que «corresponde sólo al Gobierno y a la familia de Francisco Franco».
