Calvo adelantó que se creará una comisión que analice qué bienes inmatriculados por la Iglesia Católica pueden ser registrados si no existen títulos suficientes para sostener su propiedad
(J. B./Agencias).- La ‘fórmula italiana‘. Esa es la vía a seguir para que la Iglesia española comience a tributar por aquellos inmuebles y actividades no destinadas expresamente al culto, y en la que parece concuerdan tanto el Gobierno como la Santa Sede.
Así lo aseguró este mediodía la vicepresidenta Carmen Calvo, quien trasladó ayer al cardenal Parolin que es «urgente y necesario» que la CEE acepte la fórmula que, desde 2012, acordaron el Estado y los obispos italianos.
Según explicó Calvo, Parolin «entendió perfectamente» la propuesta del Ejecutivo, y quedaron en «trabajar conjuntamente» las posibles «fórmulas» para llevarlo a cabo. «Él entendió que las exenciones fiscales para los asuntos no relativos al culto no parecen sostenibles», apuntó la vicepresidenta.
Al tiempo, Calvo adelantó que se creará una comisión que analice qué bienes inmatriculados por la Iglesia Católica pueden ser registrados si no existen títulos suficientes para sostener su propiedad, subrayando que la propia Iglesia ha reconocido que puede haber algún «error» o incluso «exceso» en dicha lista.
Sobre la mezquita, Calvo -que es de Córdoba, y vive muy de cerca la polémica- subrayó que se precisan «articular medidas» no solo sobre la titularidad del monumento sino sobre su «gestión».
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Por otro lado, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para «recuperar» todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde el año 1979 hasta 2015.
La proposición, presentada por el portavoz de Cultura, Eduardo Maura, insta al Ministerio de Justicia a dirigir una orden ministerial al colegio de Registradores de la Propiedad para que se cancelen las inmatriculaciones desde el comienzo de la democracia.
También exige la reforma de la ley 16/1985 de la Ley de Patrimonio Histórico Español para que se incluya una categoría de «bien común» a partir del concepto jurídico de bien de dominio público eminente.
Con esto, lo que busca el grupo parlamentario -puntualiza Maura- es una «fórmula jurídica» que recoja los bienes de «extraordinario valor histórico y cultural vinculados al uso religioso».
La proposición también incluye una petición al Vaticano para que reconozca que los bienes de dominio público eminente de uso religioso pertenecen al Estado, «como así lo hizo con el Gobierno portugués» en 1940, ha recordado el portavoz.
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Finalmente, una vez que se anulen las inmatriculaciones desde 1978 -añade Maura- la Iglesia católica «podrá inmatricular» aquellas propiedades que pueda acreditar que le pertenecen siempre que paguen los «correspondientes impuestos» en caso de inmuebles y actividades no sujetas a las exenciones que marca la ley.
Ha señalado que por el momento no ha abordado este asunto con el Gobierno pero asegura que le transmitirá al Ejecutivo «el contenido» de la proposición, aunque el texto -puntualiza- no es privado, por lo que el Gobierno lo conoce.
