Desde el Exilio

Miguel Font Rosell

Anulemos el referendum, ¿Y ahora…?

 

 

Hoy, 11 de septiembre, Cataluña celebra la Diada, la derrota de su opción política en la guerra de sucesión española, que habría de traer a los Borbones a España y al pueblo catalán la pérdida de sus fueros. El 1 de octubre, irremediablemente, será otra fecha clave para la historia de Cataluña, su derrota ante la posibilidad de que su pueblo se manifieste en cuanto a la posible proclamación de su independencia y su libertad. Pero, no olvidemos que un pueblo que celebra amargamente sus derrotas es un pueblo con asignaturas pendientes, lo que no augura nada parecido a un fin del problema, sino al recrudecimiento del mismo, la trayectoria de la deriva catalana a partir del día 2 de octubre de 2017. Al tiempo.
Hace ahora algo más de un año, intentaba afrontar de nuevo el llamado problema independentista desde la objetividad y la equidistancia que me da el ser catalán y español, de razón y sentimiento. Mis propuestas de solución al problema, expuestas con anterioridad en ocasiones sucesivas, no han variado un ápice desde entonces, aunque las ocasiones perdidas de haberlas llevado a la práctica, se han ido esfumando a la medida que el tancredismo de un presidente de gobierno, que es incapaz de afrontar problema alguno que no resuelva el tiempo, y este no lo resuelve el paso del tiempo (el cáncer se agrava dejando pasar el tiempo), utilizaba torpemente esta arma temporal como único remedio a un problema secular, hasta el punto de habernos llevado, a día de hoy, a una situación francamente alarmante de desmembramiento, odio, rencor, incomunicación y todo tipo de barreras a la búsqueda de cualquier solución.
El problema de Cataluña no se termina impidiendo el referéndum el próximo 1 de octubre, sino que a partir de ahí, el día 2, se inicia una nueva fase todavía más preocupante cualitativamente, de posible radicalización, pues a la nueva herida que se abra con la frustración del referéndum, Rajoy seguirá aplicando el mismo pasotismo, pensando que de nuevo el tiempo lo curará todo y, equivocado una vez más, nos irá metiendo poco a poco en una situación que, con suma facilidad, podrá llegar a convertirse en irreversible en el corto o medio plazo.
En Euskadi, la política policial consiguió que se dejara de matar, pero resulta de una ingenuidad absoluta pensar que el problema está resuelto, que ya no existe una sentimiento independendista profundamente arraigado, que el asunto puede volver a aflorar de nuevo a la menor ocasión, pues recordemos que las pretensiones vascas se encuentran minimizadas por las extraordinarias compensaciones económicas que representan para ellos la aplicación de aquellos fueros que, a diferencia de Cataluña, nunca se suspendieron y que les garantiza un trato económico muy favorable, por encima de cualquiera otra autonomía del Estado.
Siempre se ha dicho que los pueblos suelen ser sensatos, lo cual solo es cierto en determinadas circunstancias. Los pueblos se unen en la adversidad, sobre todo si, con razón o sin ella, se sienten ofendidos, despreciados, atacados, cuando la sensatez solo hace acto de presencia si se cuenta con ellos, si se les informa, si se les razona, si se le dan argumentos y siempre, siempre, cuando se llega a los extremos a los que ya hemos llegado en este asunto, es porque hay quienes, de un bando y de otro, actúan en connivencia enfrentada, hacia el mismo objetivo de enrocamientos intransigentes. Los independentistas de la Generalitat, se cargan de razones fomentando el odio al centralismo, mientras los unionistas del Gobierno hacen lo propio hacia lo catalán, aunque al estilo Rajoy (si pero no, aunque ya veremos, no obstante pudiera ser, o no, depende, más adelante…, etc.) mientras va consiguiendo que en el resto de España el rechazo generalizado a lo catalán vaya haciendo mella, poco a poco y mirando hacia otro lado, sin demasiada condescendencia hacia la mitad de un pueblo que quiere seguir siendo español, y que ha de luchar por ello en la cueva del lobo, en una Cataluña tomada por el más puro fascismo independentista.
No me resisto a trasladar a estas líneas, aquellas escritas hace ahora ya más de un año, como colofón a anteriores artículos escritos con el mismo propósito, desde el mismo fracaso y con el mismo fondo de búsqueda de soluciones.
“Siento, de nuevo, tener que afrontar el asunto del que trato, teniendo que hacer una pequeña entradilla para evitar lecturas inducidas por claros prejuicios, al considerar el origen de mis apellidos. Para ello diré que soy catalán, que no reniego ni renegaré nunca de mi tierra pero que, sobre todo, y entre otras consideraciones por ser catalán, soy español y estoy encantado de ejercer como tal, en un país al que a fuerza de criticarle todas sus miserias, ante sus innumerable virtudes, no lo cambio por ninguno. Sea.
La Constitución española de 1978 pronto cumplirá 40 años. La España de entonces, en lineas generales, era muy distinta a la actual, aunque en otras, nada o casi nada ha cambiado. En materia política el cambio, no obstante, ha sido considerable.
Nuestra Constitución pretendía, entre otras cosas, regular el paso de una España que salía de una dictadura y se encaminaba a vivir en democracia, y aunque es cierto que teóricamente ello se ha conseguido, en la práctica ni estamos tan lejos de una dictadura, al menos de una dictablanda, ni tan cerca de una democracia.
En una democracia el poder pertenece al pueblo, es el pueblo quien toma las decisiones fundamentales, bien es cierto que ello solo es factible en muy pocos lugares en el mundo, siendo el gobierno, el poder ejecutivo, quien ejecuta tales decisiones, el parlamento quien elabora las leyes para llevar a cabo lo dispuesto bajo el imperio de la ley, dando cuerpo al Estado de Derecho, y el poder judicial quien controla que se cumplan tales planteamientos, corroborando con ello tal Estado de Derecho, pero la decisión, en última instancia, le pertenece al pueblo, y si no es así, no estamos hablando de una democracia, sino de un sucedáneo muy propio de los momentos políticos que vivimos a diario, en este ocaso de un sistema al que nunca hemos dejado acercarse a su ideal.
En España, los llamados problemas catalán y vasco siguen siendo cuestiones sin resolver. Con independencia de reivindicaciones novelescas más o menos fundadas, de fantasías o de exaltaciones románticas de minorías ilustradas, y de falsedades históricas de bulto, pues ni Euskadi pasó nunca de ser un Señorío, ni Cataluña un Condado, algo que, a estas alturas no debería tener el más mínimo peso sobre el fondo de la cuestión, existía ya con cierto cuerpo de conflictividad, con anterioridad a nuestra guerra de sucesión, algo que los vascos resolvieron, en parte, gracias a ser partidarios de los Borbones quienes por ello mantuvieron sus fueros, mientras los catalanes lo empeoraron al haber optado por los Austrias, siendo estos finalmente traicionados por el pueblo prototipo de traición por excelencia, los ingleses, y haciendo de ello una curiosa victoria, la Diada.
Hoy, las reivindicaciones independentistas capitaneadas históricamente tanto en Euskadi como en Cataluña por la derecha, han pasado a ser patrimonio fundamental de una izquierda, tan beligerante con el gobierno español como con esa derecha local, para ellos sometida y ajena a sus planteamientos de un nacionalismo beligerante (léase Pujol, Mas y toda la tropa de trincones de hecho diferencial), lo que ha inclinado la balanza de un sobrevenido centro-derecha hacia planteamientos independentistas, al menos sobre el papel, prisioneros de un sentimiento que, al menos en el caso de Cataluña, se incrementa en correspondencia con la poca cintura, la negligencia y la falta de ideas del gobierno de Rajoy, identificado con la derecha más casposa, heredera de un franquismo que nunca tuvo allí el menor apoyo.
Al final, unos y otros se encuentran enrocados en un callejón sin salida. Para unos se trata de buscar apoyos para independizarse de esa visión parcial de esa España cerrada e intolerante que tan bien representa Rajoy, y para otros de mantener que España es indisoluble por obra y gracia de la Constitución, y punto.
Aquí nadie parece hacer nada por conocer un paso anterior a todo ello, un paso que constituye el alma misma de la democracia, ¿que piensa el pueblo al respecto si se consigue que esté bien informado y sin tener que actuar por visceralidad?.
Ahí unos creen que solo es su pueblo concreto el que debe opinar sobre el particular, mientras que los otros creen que sobre ese asunto debe ser la totalidad del pueblo español quien opine.
Pero, ¿que dice la Constitución al respecto en cuanto a sopesar la opinión sobre el particular?.
Son cuatro los artículos a los que podemos remitirnos para conocer una repuesta.
*Artículo 2. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”
*Artículo 92. 1 “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. 2 “El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. 3 “Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previsto en esta Constitución”
*Artículo 137. “El Estado se organizará territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozarán de autonomía para la gestión de sus propios intereses”
*Artículo 149. Competencias del Estado. 32ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.”
Por el Artículo 2 sabemos que con la Constitución actual no es posible escisión, ni segregación, ni ningún tipo de independencia por parte de autonomía alguna en España, por lo que en tanto no se modifique la Constitución en este sentido, no cabe llevar a la práctica ninguna pretendida independencia, siendo además las Fuerzas Armadas, según reza la propia Constitución, las garantes del cumplimiento del mencionado artículo. Otra cosa pudiera ser el tratar sobre el asunto, sopesar la voluntad popular para la modificación de la Constitución y conocer el parecer de una parte o de la totalidad del pueblo sobre esta cuestión.
El articulo 92 nos dice que para decisiones políticas de especial trascendencia (el conocimiento sobre la voluntad de la pretendida independencia de una parte de España lo es) se podrán llevar a cabo referéndums consultivos de “todos” los ciudadanos, referéndums que han de ser autorizados por el Congreso de los Diputados, con propuestas del Presidente del Gobierno y convocados por el Rey. Es evidente entonces que han de serlo desde las propias instituciones del Estado, no desde las propias Autonomías.
Por otra parte, el artículo 137 autoriza a las Comunidades Autónomas a ser autónomas para la gestión de sus propios intereses. ¿Que mayor interés que el de conocer la opinión de sus ciudadanos en materia tan trascendente?.
Finalmente el artículo 149 es claramente determinante cuando adjudica al Estado la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
Este es el marco legal en el que hay que moverse al objeto de conocer el alcance legal de la convocatoria de un referéndum para conocer el parecer de los catalanes sobre una posible independencia del Estado español. La respuesta es meridianamente clara (artículos 92 y 149) aunque no exenta de ciertas contradicciones (articulo 149), pero carente del espíritu democrático que ha de presidir cualquier Constitución en una democracia avanzada, donde la consulta popular es la base de cualquier conocimiento previo a cualquier ejercicio de poder. De ahí que decirle a alguien que no puede consultar a los suyos sobre lo que piensan, rechina aquí y en Honolulú.
¿Como salir de este callejón sin salida cumpliendo con la Constitución y a la vez consultando con el pueblo sobre tal cuestión?. Llevo ya años apuntándolo en repetidos artículos, los mismos que Rajoy se enroca en su irritante inmovilismo.
No se trata de llevar a cabo un referéndum vinculante, pues el asunto de que se trata (la independencia de Cataluña) no es factible sin antes modificar la Constitución, por lo que habría que llevar a cabo un referéndum puramente consultivo. En aplicación del artículo 137, y por considerar la Generalitat que la consulta es fundamental para la consecución de sus propios intereses, debería solicitar al Congreso de los Diputados, la autorización para la celebración de un referéndum nacional que, en aplicación del artículo 92 debería afectar a “todos” los ciudadanos. Autorizado por el Congreso, el Presidente del Gobierno llevaría a cabo la propuesta y finalmente el rey la convocaría. Considerando que la Constitución atribuye al Presidente la propuesta, esta debería ser redactada para poder ser votada por todos los españoles, de manera que fuéramos todos los españoles los que opináramos sobre un posible desmembramiento de España, no solo de Cataluña, sino en general. Evidentemente la cuestión a debate sería la propia pregunta, pero salvado tal difícil escollo, el asunto podría tener múltiples lecturas, ya que cada Comunidad podría leer la respuesta tanto en clave de Estado como de la querencia de su propia comunidad por un posible camino hacia la independencia.
Evidentemente, la campaña previa al referéndum sería clave para inclinar la balanza, sobre todo en las regiones más conflictivas como son Cataluña y el Pais Vasco, y ahí el gobierno debería poner toda la carne en el asador para desmontar falacias, mentiras y deseos imposibles de cara al bienestar futuro de nuestros ciudadanos.
La medida sería muy positiva para todos, pues clarificaría de una vez una voluntad popular que aun a pesar de moverse por instintos y querencias, también sabría reaccionar ante argumentos de razón práctica y de un acercamiento mucho más real entre los pueblos, que el que de simples intereses políticos lamentables y de ambiciones personales de poder pudiera desprenderse. No se trata de un referéndum vinculante como en el caso del Brexit (aquí no es posible), sino simplemente de sopesar un estado de opinión.
Particularmente no tengo la menor duda de que el resultado, en lineas generales, sería muy positivo para nuestra continuidad como pueblo unido, y aunque con mayor equilibrio en Euskadi y Cataluña, argumentos de raciocinio bien asumidos y la voluntad de entendernos generosamente, acabarían por diluir el problema en la resolución de los verdaderos problemas que nos afectan a todos los españoles, a nuestras inquietudes como ciudadanos y a nuestros anhelos como personas.
Hoy, si el conflicto vasco y catalán, en bien de todos los pueblos de España, no se resuelve, o al menos no se intenta seriamente, se debe por una parte a una panda de politiquillos locales de chicha y nabo, pero fundamentalmente a una actitud inmovilista, conservadora a ultranza y lamentable, del nuevamente investido, por obra y gracia de un pueblo que en esto se deja llevar exclusivamente por razones viscerales, y de partidos como Podemos primero y Ciudadanos y el PSOE después, Mariano Rajoy Brey.”
Hoy, desgraciadamente, estamos centrando el conflicto en un enfrentamiento entre la Democracia (argumento de los independentistas) y el Estado de Derecho (argumento de los unionistas), y ello entre otras consideraciones debido a una Constitución que no hemos querido acondicionar al devenir de nuestros acontecimientos políticos. Por un lado hemos salpicado España de Comunidades Autónomas, cada vez con mayores atribuciones en cuanto a la toma de decisiones, en materias que, a mi entender, nunca deberían haber sido transferidas, pero por otro lado, sin profundizar para nada en la democracia directa, en aquella que ha de ejercer el pueblo, en la auténtica democracia, y ahí la Constitución incluso niega a sus autonomías la posibilidad de conocer directamente de sus ciudadanos opinión alguna sobre asuntos de cierto calado, llevando a cabo referendums, no ya vinculantes, lo cual tendría cierto sentido, sino siquiera consultivos, lo que no se compadece de ninguna manera con espíritu democrático alguno.
El Estado de Derecho, por otra parte, no es otra cosa que el imperio de la ley, que el poder no puede ejercerse, ni la vida de relación, de espaldas a la ley, pues es el Derecho el que garantiza nuestras libertades, de ahí que cuando algo no funciona en nuestro ordenamiento jurídico, por muy antidemocrático que parezca, deba ser una ley quien lo modifique, no la voluntad sin más del poder de que se trate, sino una ley elaborada y aprobada por nuestros representantes políticos, por la mayoría de nuestros representantes políticos, por los de todo el país cuando la materia de que se trate nos afecte a todos, y desde luego, la amputación de un brazo afecta a todo el cuerpo, ¿o no?, tanto como la capacidad de poder expresar nuestra opinión democrática ante cualquier problema que a todos nos afecte.
Hoy la independencia de Cataluña, con la Constitución en la mano, es absolutamente inviable, por lo que nuestro Estado de Derecho, el de todos, catalanes incluidos, lo impide e incluso arbitra formulas para su defensa.
Otra cosa es el ejercicio de la democracia, el necesario conocimiento de la opinión del ciudadano en toda democracia que se precie, algo que en España siempre nos ha alejado de la auténtica democracia, algo de lo que carecemos, de ahí el enfrentamiento entre dos posturas que, si de una Constitución actualizada dispusiéramos, quizá no se habría planteado nunca.
Pero, ¿que se piensa en Europa, en general, sobre el particular?. Aquí de nuevo, Rajoy vuelve a pasar de todo, contarnos a nosotros milongas y tener a sus colegas europeos hasta el moño. Europa no entiende como una Constitución basada en unas autonomías a las que le ha traspasado casi todos los poderes en casi todas las materias, lo que no ha hecho nadie en su entorno, le pueda negar, no obstante, a tales entes, la capacidad de preguntarle a sus ciudadanos sobre aquellas materias sobre las que quiera tener respuesta, de forma simplemente consultiva, no ya vinculante como ha hecho Gran Bretaña con el brexit. Por otra parte los socios europeos están sumamente preocupados por la deriva independentista, ya que de prosperar en España con Cataluña, inmediatamente vendría el País Vasco, y con ellos las alrededor de 15 regiones europeas de distintos países, pendientes de proclamarse cabeza de ratón en sus países de origen.
En Europa no se apoya el referéndum independentista catalán, pero no por otra cosa que por miedo a que ello represente una cascada de reinvindicaciones independentistas en un buen número de regiones de la vieja Europa, y ello desde la boca pequeña de no tener que dejar a las claras que les parece una aberración el no permitir un referéndum, la esencia misma de la democracia.
En definitiva, España no puede permitir el manido referéndum porque lo impide su Constitución y en definitiva el Estado de Derecho, pero, menuda Constitución la que impide un referéndum puramente consultivo…
La solución, una vez más, y ya tarde: referéndum si, aunque para todo el país, por cumplir con la Constitución y el Estado de Derecho, pero con una campaña informativa absolutamente opuesta al sistema Rajoy, es decir, con todo lujo de información hacia el ciudadano, explicando hasta la saciedad los problemas que para el bienestar de todos, Catalanes y vascos incluidos, acarrearía una separación del Estado Español y no haciendo hincapié sobre todo en lo anímico ni sentimental (mal asunto) sino en lo económico, en lo que representa el bienestar, la competitividad, la riqueza, un futuro de prosperidad, etc.
Los pueblos son sensatos, pero solo si se actúa con sinceridad, información, claridad y sensatez hacia ellos.

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Miguel Font Rosell

Licenciado en derecho, arquitecto técnico, marino mercante, agente de la propiedad inmobiliaria.

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