Desde el Exilio

Miguel Font Rosell

Discrecionalidades a discreción

 

Al hilo de ese prodigio que tenemos como vicepresidente del gobierno, llamada Carmen Calvo (o Calva), que dice haber sido cocinera antes que “fraila”, que espera que la Unesco legisle para todos los planetas y que hoy atribuye el feminismo (la igualdad de derechos entre hombres y mujeres: un objetivo universal para todos), únicamente a las mujeres y concretamente a ciertas mujeres de izquierdas (comprendes bonita… dixit), que aboga por la “discriminación positiva”, confundiendo feminismo con hembrismo, y ello en la linea de aquella otra perla: “el dinero público no es de nadie”, confundiendo nadie con todos, me apetece conducir mis reflexiones al espectáculo que cada cuatro años, al igual que las olimpiadas, nos ofrecen esos que se dicen llamar nuestros representantes, y que se creen que los hemos elegido por ser los mejores, como si de poder elegir a los que realmente consideramos los más preparados tuvieran algo que ver en este asunto, casualmente fueran ellos, y ello desde el más humilde concejal al presidente del gobierno, ese guaperas de tan pocos escrúpulos que nos toma el pelo miserablemente, fingiendo buscar pactos de gobierno, cuando lo único que le preocupa es chupar poltrona, vivir a cuerpo de rey, perpetuarse en el cargo y sumirnos en nuevas elecciones porque con ello cree que saldrá personalmente beneficiado, le venga bien o mal a un país que le importa un higo.

Vayamos.

Lamentablemente, y como viene siendo habitual tras unas elecciones locales, “democráticamente” nuestros representantes se aprestan a llevar a cabo el más urgente acuerdo, cual es el de subirse el sueldo, una práctica en la que invariablemente suelen estar de acuerdo todos los partidos a los que les afecta, con unanimidades que ya no volverán a verse a lo largo de toda la legislatura. Lo hacen sin vergüenza alguna, aunque ninguno de ellos lo hubiera incluido en su programa de gobierno, ni como un logro a procurar, ni menos como el primero de los acuerdos, ni por supuesto tienen la decencia de justificarlo ante sus votantes.

Hay que recordar que para el común de los mortales, las referencias en cuanto a revisiones anuales, con independencia de pactos empresariales a considerar, son el IPC y el incremento de las pensiones de jubilación, que para 2019, son respectivamente el 0,5% para los currantes y el 1,6% para los jubiletas, entre los que me cuento, con la particularidad para estos, de que a la cifra resultante hay que deducirle el Impuesto sobre la “Renta” de las Personas Físicas, un IRPF que ya cotizamos en su día y que a modo de doble impuesto, por supuesto inconstitucional, sin que nadie lo resuelva, se nos vuelve a aplicar.

En estas recientes tomas de posesión, la palma del subidón se la ha llevado, de momento, el alcalde de Pilar de la Horadada (Alicante), en donde el recién nombrado alcalde del PP, se ha subido el sueldo la friolera del 160%. Le sigue el de Ponteareas (Pontevedra) con un 60%, decidido entre el PSOE y el BNG, con un 50% además de incremento por “asistencia” a plenos y comisiones, aun cuando la interventora

municipal haya advertido de la inexistencia de asignación suficiente. A continuación Pollensa (Mallorca), de Tots per Pollensa, con un 44%. Los vascos tampoco se andan con chiquitas (¿o si?) y el de Lequeitio, del PNV, se sube sus emolumentos en un 34%, casi lo mismo que el de Valdemoro (Ciudadanos), con el 33%, la misma cantidad que el de Sevilla, del PSOE (estos ya tienen costumbre), con apoyo del PP a quienes se lo suben un 43% (no vaya a ser…). Las Palmas, en un Pleno convertido en viral, de duración record, los nuevos regidores de PSOE y Unidas Podemos, un 30%, demostrando que “unidas” todo se puede.

Por no aburrir acabaremos en Gondomar (Pontevedra), donde el nuevo alcalde, del PSOE, eleva su incremento salarial en un 22%, incrementando al tiempo la masa salarial de la Corporación hasta el 89,3%.

Como vemos, en esto están de acuerdo todos en general, consiguiendo con ello el haber hallado el tema de máxima unanimidad nacional, pues no se conoce asunto alguno que congregue tanta unanimidad, tanto si se trata del PP como del PSOE, Ciudadanos, las que unidas si que pueden, nacionalistas, coaliciones locales, etc., quedándonos la duda de si los de Vox estarían también en esa movida si hubieran pillado. Ya veremos.

Pero, ¿esto es absolutamente arbitrario?.

Recordemos que la diferencia entre arbitrario y discrecional es que lo primero carece de justificación racional y de lo segundo se espera una explicación coherente.

Hemos de admitir que no. Es discrecional dentro de unos topes legalmente asignados, pero de una discrecionalidad poco justificada a la hora de dar explicaciones.

En 2013, el gobierno del PP, ante el pitostio reinante, aprueba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, estableciendo unos topes máximos de los sueldos de los alcaldes, referenciados a los sueldos que para los Secretarios de Estado establecía la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, de tal manera que los emolumentos serían los mismos que para alcaldes de poblaciones superiores a los 500.000 habitantes, que para el año 2019 se establece en 106.130 euros brutos, bajando en porcentajes en una escala de población, que para el caso de las dos ciudades mayores de Galicia, por poner un ejemplo, al estar comprendidas en la gama de entre 150.001 y 300.000 habitantes, resulta ser del 80%, es decir de un máximo de 84.904 euros brutos anuales.

La relación finaliza con un sueldo del 40% para alcaldes con población entre 1.000 y 5.000 habitantes, pues para poblaciones de menos de 1.000 habitantes se establece en función del grado de dedicación parcial del regidor a su ayuntamiento, yendo desde el 75% de dedicación al 25%, situación en la que el alcalde tiene un tope para 2019, de 15.920 euros.

También se regula el cobro por el tipo de dedicación, e incluso la asistencia a los Plenos y a las distintas Comisiones, para los distintos corporativos.

Lo cierto pues es que al no tratarse de sueldos obligatorios, sino fijados como tope, la gama actual, sin sobrepasar los topes establecidos, es absolutamente dispar, desde los que cobran el máximo (muy pocos), hasta los que no cobran absolutamente nada (el 31,61%), siendo así que de los 8.131 ayuntamientos españoles, en 2.571, sus alcaldes no cobran sueldo alguno, por voluntad propia.

Así las cosas, el salario medio de los alcaldes en España es actualmente del 82% de lo estipulado como tope máximo, por lo que en el mejor de los casos esas subidas escandalosas, responden a la regulación de cifras anteriores bastante distantes de los topes establecidos, aunque no siempre.

Por poner un ejemplo, si Pilar de la Horadada tiene un censo de 21.500 habitantes y a su alcalde, por ello, le correspondería un tope máximo de 58.372 euros, la subida producida del 160% (51.800 euros), entre otras cuestiones, significa que el anterior alcalde estaba cobrando una cantidad muy inferior a la que podría, y que el recién elegido considera que debe estar más cerca del tope máximo establecido.

Curiosamente, para casos como el de Vigo, con un tope de 84.904 euros, con un alcalde que ya prácticamente los cobra en su totalidad y una ciudad que se encuentra a pocos habitantes de dar el salto a la gama superior a los 300.000, el incremento salarial le supondría unos 10.000 euros más, un logro en la linea del empeño en que Vigo sobrepase los 300.000 habitantes, cifra mágica pero también significativa a esos efectos, al situarse ya en los 95.000 euros anuales, que repartidos en 14 pagas, da un sueldo bruto de 6.785 euros mensuales, o alrededor de los 4.000 netos, una cifra que parece incluso más bien escasa para un alcalde de una población de 300.000 habitantes, aunque evidentemente se complementa con las asistencias a Plenos y Comisiones, y compensado con unos gastos particulares que suelen ser reducidos, pues la representación diaria, con sus correspondientes importes que comporta, complementa y van por otro camino.

Como consecuencia, creo que no es demasiado lo que cobran nuestros alcaldes, aunque quizá si lo sea en relación a la valía de la mayoría, pues en la mayor parte de los casos, su preparación, en todos los aspectos, deja bastante que desear (eso, no obstante, trae su consecuencia de la propia democracia. Vigo ha llegado a estar “representada”, por una senadora analfabeta), pero lo que no parece tener demasiado sentido, es el que la cantidad de que se trate no se haya sistematizado, no como tope, sino como cantidad a percibir, sin tener que compensarse las asistencias a lo que implica su trabajo, pues eso ha de suponerse implícito al cargo.

Hay que decir, no obstante, que estos pluses por asistencia vienen dados debido a que cuando no existían, muchos (concejales e incluso alcaldes) no se presentaban ni a los Plenos ni a las Comisiones, que solo tenían lugar de vez en cuando en el año, lo que no ocurre ahora que a todos interesa al suponer mayores ingresos, aunque solo sea para limitarse a levantar la mano unas cuantas veces a las ordenes del cacique de turno, que suele ser su jefe de filas, quien les dice lo que hay que votar… y a callar.

Lo que si resulta un espectáculo lamentable es el revivir cada cuatro años el circo de la autorregulación de sus sueldos, como misión fundamental y urgente de su mandato, evidenciando, por otra parte, el grado de consideración hacia si mismo que algunos tienen cuando sus antecesores en el cargo omitían el cargar las tintas a la hora de auto premiarse, por el bien del pueblo, por quedar bien, porque no lo necesitaban, o por lo que fuese.

De todas formas, no nos olvidemos. Para ellos, subirse el sueldo solo tiene un objetivo: dignificar la ciudad… ¿o no?.

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Miguel Font Rosell

Licenciado en derecho, arquitecto técnico, marino mercante, agente de la propiedad inmobiliaria.

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