En el Estado autonómico español puede haber “un antes y un después” de Cospedal. Aclaro algo, aunque para muchos pueda ser obvio. Hace tiempo que defiendo, de escrito y de palabra, la propuesta de suprimir determinados órganos autonómicos. Pero no conozco a María Dolores de Cospedal excepto por la prensa y es altamente improbable que lea mis artículos o conozca mis opiniones. Dicho esto, analicemos la propuesta de Cospedal y su rechazo en Galicia.
La nueva presidenta castellano-manchega ha anunciado la eliminación de altos cargos y de determinados organismos autonómicos. Ambas propuestas suscitan varias reflexiones. En cuanto a la anunciada supresión de ¡un 60%! de los altos cargos de Castilla-La Mancha debemos hacernos dos inevitables preguntas: si ahora fuera posible el funcionamiento de la administración sin esos altos cargos… ¿por qué existían antes? ¿a qué se espera para exigir responsabilidades a los causantes de ese despilfarro? En cuanto a la propuesta de eliminar varios órganos autonómicos (Defensor del Pueblo, Servicio de defensa de la competencia, Consejo Económico y Social, Cámara de Cuentas), sólo puedo reiterar lo que ya he dicho aquí en otras ocasiones: todas, insisto, “todas” las tareas que realizan esos órganos autonómicos eran realizadas antes, de forma más eficiente, por órganos del Estado. Creo incluso que la lista de órganos suprimibles se puede ampliar al Consejo Consultivo.
Sin embargo, llama la atención que tanto el PP como el BNG hayan rechazado esta propuesta. En el PP de Galicia, algunos argumentan que esos órganos autonómicos se mantienen “coa vontade sos seus cidadáns”. Me permito dudarlo, al menos mientras no se establezcan referéndums autonómicos en los que los ciudadanos puedan decidir el mantenimiento o abolición de esos organismos. Me permito invitar al PP a que profundice en la democracia introduciendo el referéndum revocatorio de leyes para que la “vontade dos cidadáns” pueda expresarse en estas cuestiones. El argumento del BNG no es menos cuestionable. Dicen que se suprimen esos órganos “por miedo a la fiscalización”. Falso. Primero porque alguno de esos órganos (como el Consejo Económico y Social) no fiscaliza. Y segundo, porque la fiscalización sigue existiendo, realizada por el Defensor del Pueblo nacional, por el servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia nacional, por el Tribunal de Cuentas nacional.
Las propuestas de Cospedal me parecen un auténtico punto y aparte en la historia del Estado autonómico. Creo que esa es la dirección de la historia. Debieran meditarlo quienes pretenden ignorar o falsear el sentido de estas medidas trascendentale
NOTA:
Este artículo se ha publicado en el diario ABC, en su edición de Galicia, el 25 de junio de 2011.
