Este es un artículo de Albert Puig del 7-5-12 en elEconomista.es:
En su encuentro de primavera de la pasada semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consiguió del G-20 430.000 millones de dólares adicionales para su muro cortafuegos, con el fin de prevenir una crisis de solvencia en la zona euro. Esta cantidad permite al FMI tener una capacidad de préstamo superior al billón de dólares para ayudar a países en crisis de financiación. Por su parte, los países de la Eurozona están tratando de construir su propia barrera por valor de 800.000 millones de euros. Estos fondos se utilizarían cuando un país se encontrara al borde de la suspensión de pagos; es decir, cuando no pudiera hacer frente a sus obligaciones de devolución de la deuda pública colocada.
En la situación actual, los principales tenedores de los títulos de deuda pública de los países con mayores riesgos de impago son los bancos europeos. Los acuerdos de Basilea III, además de exigir una mucha mayor capitalización de las entidades financieras, dirigieron a los bancos a invertir en la deuda pública que emiten los gobiernos, puesto que ésta apenas consume recursos propios, capital, mientras que los préstamos al ciudadano y a las empresas -sean hipotecas, inversiones empresariales o créditos al consumo- merman la exigida capitalización bancaria.
Sin embargo, cuatro años después de que estallara la crisis hay que volver a ayudar a la banca europea con fondos públicos para salvarla del naufragio. Después de varios salvamentos previos de los bancos británicos, holandeses, alemanes, suizos, franceses, italianos, españoles, todo ello con dinero público, los bancos siguen sin estar saneados y precisan de más capital. Naturalmente, ese dinero no vendrá del sector privado, que no está dispuesto a arriesgar en la banca europea, sino del sector público, es decir, de todos. Por lo tanto, la ampliación de los cortafuegos establecidos por el FMI y el BCE constituye una nueva operación de salvamento de los bancos europeos insolventes.
Por otro lado, el FMI y el BCE, imponen para acceder a sus fondos de rescate draconianas condiciones de austeridad pública. Es decir, toda la política económica queda condicionada a la obtención de recursos para hacer frente a las obligaciones de la deuda pública. Ello se traduce en dos actuaciones principales: 1)por un lado, se fuerza al establecimiento de normativas que prioricen el pago de la deuda pública frente a cualquier otro gasto (en el caso español se reformó incluso la Constitución a tal efecto) y, 2)por otro lado, se recortan los gastos públicos, especialmente los sociales (sanidad, educación, pensiones). Este entramado deriva en un círculo vicioso, puesto que la austeridad pública condena a la recesión, mientras paralelamente el déficit y el endeudamiento público siguen aumentando, y con ello también el servicio de la deuda. Es lo que se conoce como la «trampa del endeudamiento».
El caso griego, que ya lleva tres años en este proceso, nos ilustra el triste destino de los países que se dejan arrastrar por esta «trampa del endeudamiento«. Los salarios han disminuido un 22%, un 32% para los jóvenes menores de 25 años; el salario mínimo se ha reducido a 586,08 euros; las jubilaciones se han reducido en cuatro ocasiones; la tasa de desempleo se acerca al 22%, etc. Durante los tres años de la crisis (2009-2011), el PIB retrocedió un 14,5% y un 17% desde 2007; es decir, cinco años consecutivos de recesión.
Sin embargo, los problemas de deuda pública tampoco se han aligerado substancialmente. Cuando Grecia recurrió por primera vez al FMI, la deuda pública alcanzaba un 127,1% del PIB. En la actualidad, después de dos años de aplicación de las draconianas medidas de austeridad y tres rescates, la deuda pública asciende al 161% del PIB. Y las propias previsiones del FMI apuestan en el mejor de los casos por una vuelta a un endeudamiento del 120% del PIB en el horizonte de 2020 y sólo con la condición que se restablezca el crecimiento económico.
La alternativa sería dejar quebrar a los bancos «de facto» ya quebrados, tal y como hizo Islandia, un caso, dicho sea de paso, sospechosamente muy poco publicitado. Esto sería un problema para los accionistas e inversores del banco pero no necesariamente para sus depositantes. Hay que tener en cuenta que todos los gobiernos europeos disponen de un plan de salvamento de los depósitos bancarios. Alemania garantiza el 100% de los depósitos; España, hasta 100.000 euros.
En cualquier caso, otro salvamento bancario con fondos públicos, cuando se dice que hay que recortar los gastos dirigidos al Estado de Bienestar es, en el mejor de los casos, una nueva injusticia social; y además constituye un impedimento para la reactivación de la inversión pública y, con ello, para la recuperación económica.
*Albert Puig, economista y profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidat Oberta de Cataluña.
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