(PD).- La Audiencia Nacional ha condenado a Antonio Camacho, dueño de Gescartera y principal imputado en la estafa, a 11 años de prisión -ocho por apropiación indebida y tres por falsedad documental-.
Además, Pilar Giménez-Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, que dimitió seis días después de conocerse la estafa, ha sido condenada a 3 años y 6 meses de cárcel.
Al final, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que ha hecho público el fallo de la sentencia de 592 folios, absuelve a 6 personas y condena a otras 8 relacionadas con el caso.
También entrará en prisión el número dos de Gescartera José María Ruiz de la Serna, que ha sido sentenciado a 7 años por apropiación indebida y 3 años por falsedad documental, así como al responsable de la comercial de Gescartera Administración y Gestión de Patrimonios (AGP) Aníbal Sardón a 9 años de prisión por los mismos delitos. El tribunal absuelve a la mujer de Camacho, Laura García Morey, y otros cinco acusados.
Igualmente, la sentencia señala a Caja Madrid Bolsa y a La Caixa como responsables civiles subsidiarios del ‘agujero’ patrimonial, valorados en 87,99 millones de euros, del que deberán responder civilmente de modo solidario todos los condenados.
El caso Gescartera ocupó portadas de periódicos como un escándalo financiero con tintes políticos. En el verano de 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la sociedad y detectó un ‘agujero’ que afectaba aproximadamente a 4.000 pequeños clientes como ahorradores y un gran número de instituciones relacionadas con la Iglesia.
EL CASO GESCARTERA
12 imputados, 4.000 inversores sin ahorros y 50,22 millones de euros en paradero desconocido. Ése es el balance del caso Gescartera. La Audiencia Nacional dará a conocer este jueves su sentencia, en la que podría condenar a Antonio Camacho, dueño de esta agencia de valores, a 11 años de cárcel y una multa de 263.000 euros por apropiación indebida y falsedad documental.
El caso Gescartera ocupó portadas de periódicos como un escándalo financiero con tintes políticos. En el verano de 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la sociedad y detectó un ‘agujero’ que afectaba aproximadamente a 4.000 pequeños clientes como ahorradores y un gran número de instituciones relacionadas con la Iglesia.
Algunos inversores perdieron sus ahorros por confiarlos en manos equivocadas como las de Camacho y algunos de sus colaboradores más cercanos: Pilar Giménez Reyna, presidenta de la agencia cuando ésta fue intervenida; José María Ruiz de la Serna, apoderado; el consejero Francisco Javier Sierra de la Flor y el informático Miguel Ángel Vicente González; Inmaculada Baltar, administradora de AGP; los asesores Agustín Fernández Ameneiro y Julio Rodríguez Gil; el testaferro Carlos Pascual Ortín; y los empleados de La Caixa José Alfonso Castro y Miguel Carlos Prats.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la magistrada Carmen Paloma González, leerá la sentencia de forma pública a las 11.00 horas en el recinto de la Casa de Campo, donde se celebró durante varios meses el juicio.
Fuentes jurídicas señalan que es muy complicado recuperar el dinero de los imputados, dado que tienen un patrimonio embargado escaso. Además, la Audiencia Nacional podría rebajar las penas solicitadas por el Ministerio Público, con lo que Camacho podría eludir llegado el caso su entrada en la cárcel, ya que cumplió tres años de prisión preventiva.
Los inversores y su dinero
Las reclamaciones de los inversores ante el juzgado alcanzaron los 94 millones de euros al incluir las revalorizaciones prometidas por Gescartera. Hasta el momento, los afectados han recibido 26 millones de euros de indemnización del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), pero en ningún momento se ha recuperado nada de lo estafado.
Aunque los clientes tienen difícil recuperar su inversión errónea, Anticorrupción considera responsables civiles subsidiarios del dinero defraudado a Caja Madrid Bolsa y La Caixa, sobre los que podría recaer el pago de indemnizaciones.
El escrito de acusación del fiscal no fijó cifra alguna para Caja Madrid Bolsa, que previsiblemente tendrá que responder por la cantidad de dinero de los clientes que pasó por las cuentas de la entidad.
A La Caixa se le imputa una responsabilidad civil directa de 26,37 millones de euros por la actuación del director y subdirector de la sucursal de Majadahonda, donde Gescartera tenía depositada una cuenta ‘omnibus’ con los fondos de los clientes de los que se fueron apropiando poco a poco.
Entre las acusaciones particulares estuvieron personadas la Fundación Once, poseedora del 10% del capital social de Gescartera, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN), así como numerosas órdenes religiosas como el Arzobispado de Valladolid, el Instituto Español de Misiones Extranjeras o las Hermanas Dominicas.
La sentencia después de 7 años
La publicación de la sentencia cerrará el círculo después de casi 7 años de una estafa bien urdida y que venía de lejos: ya en 1993, la CNMV multó con 128 millones de euros a Bolsa Consulting, una sociedad creada por Camacho y su padre, que más tarde se transformaría en Gescartera.
Pero el juego del perro y el gato no acabó ahí. El órgano regulador no intervino en 1999 la sociedad, pese a que existían indicios de fraude con un descuadre de números de 30 millones de euros. Un año más tarde, la CNMV multa a Gescartera y a sus directivos, aunque permite su conversión a agencia de valores y la entrada de ONCE en el accionariado. Más leña sin quemar.
Lo que empieza torcido, acaba torcido. El 14 de junio de 2001, la CNMV interviene definitivamente la agencia de valores y todo salta por los aires. Como un ventilador al lado de una montonera de estiércol.
Escándalo financiero y político
Las razones de la enorme transcendencia del caso son sencillas: Pilar Giménez-Reyna es hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, que dimitió seis días después de conocerse la estafa. Además, el ex vicepresidente de la Comisión de Valores Luis Ramallo reconoció haber recibido regalos por 12.000 euros por parte de Camacho.
Estas declaraciones ponían sobre la mesa la posibilidad de que los altos cargos del regulador bursátil pudieran haber tenido una actitud laxa con Gescartera gracias a los ‘detalles’ de Camacho.
Las penas para los otros imputados
Aparte de Camacho, el fiscal imputó a 11 personas más. Ruiz de la Serna y Sardón podrían ser sentenciados a otros 11 años, al igual que Camacho, por un presunto delito de falsedad documental.
En un segundo escalón se encuentran Pilar Giménez Reyna, Miguel Angel Vicente y Javier Sierra de la Flor, para quienes el Ministerio Público solicitó ocho años de cárcel.
En un tercer estadio estarían, según el fiscal, Agustín Fernández Ameneiro y Julio Rodríguez Gil, además de Inmaculada Baltar, para quienes González Mota pidió seis años de prisión, al participar con su acción en la apropiación indebida.
En último lugar, se situarían, por complicidad, tanto el empresario Carlos Ortín Barrón, como los empleados de La Caixa, Alfonso Castro Mayoral y Carlos Miguel Prats, para quienes solicitó tres años de cárcel, al colaborar con sus acciones en la estafa y el encubrimiento de las cuentas a la CNMV.
