La desorbitada cifra de funcionarios ahoga a los contribuyentes

(PD).- Los españoles quieren ser funcionarios. Los jóvenes universitarios terminan sus estudios con la ilusión de pasar a formar parte de aparato del Estado. Un puesto blindado de por vida, un sueldo más que digno y horarios infinitamente mejores que los del sector privado. Y ya van por los tres millones de trabajadores públicos, los mismos que el número de parados. ¿Y los que ni siquiera tienen un puesto de trabajo tienen que apoquinar para la insoportable Administración?

En medio de una voraz crisis económica que ha elevado el número de parados hasta cotas desastrosas (3.207.900 personas en la actualidad), los españoles miran de reojo al sector público, que no deja de engrosar sus filas. A costa de los bolsillos de los sufridos contribuyentes, según El Semanal Digital.

Por primera vez España ha superado la barrera psicológica de los tres millones de funcionarios. Actualmente 3.029.500 españoles trabajan para la Administración, ya sea el Gobierno central, los de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos insulares, las universidades públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Justicia o las empresas públicas, como lo es la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

Son cifras recogidas en la última Encuesta de Población Activa (EPA) y referidas al último trimestre de 2008. Aunque los sindicatos no están muy de acuerdo con ellas: CCOO y UGT sostienen que están «sobredimensionadas» y que el número real es el que ofrece el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. El último, fechado en julio del año pasado, reduce esa cifra hasta los 2.594.664 funcionarios. Sin embargo, las estadísticas comparativas que elabora la Unión Europea se basan en la EPA, y poner en entredicho la cifra de funcionarios que arroja supondría dudar también de la de parados, por ejemplo.

Sea como fuere, el caso es que en España de cada cinco trabajadores asalariados (es decir, que trabajan por cuenta ajena), uno cobra su nómina de las arcas públicas, las que a su vez alimentan todos los españoles. Y los funcionarios ya representan más del 15% de la población ocupada española.

Ante tales cifras, el Gobierno de Zapatero ha decidido aflojar el grifo. Para este 2009, su Ejecutivo ha reducido la oferta pública un 70%: tiene previsto sacar 10.770. Claro que partía de unos antecedentes astronómicos: en 2008 Zapatero batió todos los récords al crear 35.895 nuevas plazas de funcionario en sólo un año, lo nunca visto.

Pero el problema es que, aunque el Ejecutivo central haga propósito de enmienda, en el resto de administraciones públicas las cifras no paran de crecer como la espuma. Especialmente en los gobiernos autonómicos, para los que trabajan más del 55% de los empleados públicos. En Extremadura -que lidera el ranking-, el 32,5% de los asalariados son funcionarios. Por contra, las comunidades más ricas son las que tienen los menores porcentajes: Cataluña y la Comunidad Valenciana cierran la lista.

Como se dice vulgarmente, nadie quiere ponerle el cascabel al gato, porque hablar de recorte drástico del número de funcionarios puede suponer un coste político. Pero aun así hay a quien no le tiembla la voz para hacerlo. Hace un par de semanas, durante el Foro Madrid, Esperanza Aguirre se preguntaba si, en los tiempos que corren España puede sostener «20 grandes administraciones (entre el Estado y las Comunidades autónomas) con extensas burocracias y con ejércitos de funcionarios para administrar competencias que están duplicadas».

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