El reciente accidente ocurrido en el tramo de Adamuz, en Córdoba, ha sacado a la luz serias irregularidades en la gestión de Adif.
Un correo enviado por Manuel Fresno, director general financiero, a Isabel Pardo de Vera indica, que, de los 1.037.088 euros adjudicados en 2016 a Áridos y Recuperaciones SLU para el balasto en la Alta Velocidad Madrid-Sevilla, únicamente se ejecutaron 214.314 euros en 2020. Este material es esencial para estabilizar las vías, lo que resulta crucial tras el siniestro del domingo.
El email, que forma parte del sumario del ‘caso PSOE’ en la Audiencia Nacional y saca a la luz la periodista María Jamardo en El Debate, buscaba establecer estrategias de negociación con proveedores.
Pardo de Vera, actualmente imputada por amaño de contratos, dirigió Adif entre 2018 y 2021. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga su participación en adjudicaciones sospechosas.
Conexiones con la trama Koldo
Ángel Contreras, quien preside Adif durante 2023-2024 y fue destituido por Óscar Puente, firmó contratos con una UTE que incluía a Azvi. Esta empresa habría pagado comisiones a Koldo García, según conversaciones registradas en febrero de 2024 en informes elaborados por la Guardia Civil. Además, Azvi, junto a Convensa, Gunovart y Ferrovial, se adjudicó lotes valorados en 21 y 26,8 millones para renovar desvíos entre Madrid y Sevilla, así como suministros por un total que podría alcanzar hasta los 100 millones.
- La Fase 1 se licitó en marzo de 2021 bajo el mandato de José Luis Ábalos y fue adjudicada en septiembre con Raquel Sánchez.
- La Fase 2 se llevó a cabo en junio de 2023, directamente relacionada con el tramo de Adamuz.
- Existen sospechas sobre el uso intencionado de materiales económicos para aumentar beneficios sin ampliar los presupuestos originales.
La UCO considera que podría haberse buscado reducir costos para mejorar márgenes, como alternativa a sobrecostes en otras obras. Las obras están programadas para finalizarse en mayo de 2025, tras una inversión total que asciende a 700 millones destinada a «rejuvenecer» la línea Madrid-Sevilla después de más de tres décadas.
Presupuestos crecientes y degradación
Por otro lado, Adif ha incrementado su gasto en mantenimiento: se prevén 1.119 millones para 2025 y 1.062 millones para 2024. Además, recibió mil millones anuales provenientes del fondo Next Generation. Sin embargo, sindicatos como Semaf alertan sobre una «degradación profunda»: desde 2021 hasta 2025 se han registrado hasta 70 incidencias en Adamuz, con catorce solo en el último año, abarcando averías tanto en vías como en catenarias.
- Se solicita reducir la velocidad máxima permitida de 300 a 250 km/h en tramos críticos.
- Se critican prácticas como el «vaciamiento técnico» y la externalización excesiva, evidenciada por un contrato por valor de 1,5 millones destinado a evaluar riesgos.
Puente ha prometido asumir responsabilidades tras el accidente, especialmente tras las «desapariciones» del ex presidente Luis Pedro Marco de la Peña, quien asumió el cargo desde septiembre del pasado año.
Histórico de sospechas en Adif
En cuanto a las sospechas que rodean a Pardo de Vera, se han encontrado mensajes intercambiados con Koldo sobre posibles amaños: desde el AVE Extremadura (37,91 millones otorgados a una UTE no amiga pese a las presiones) hasta la estación AVE Elche (13,2 millones concedidos a Levantina) o trabajos relacionados con estabilización en Asturias (592.053 euros). La UCO ha implicado su nombre en cuatro proyectos por un total aproximado de 123 millones, señalando una «discrecionalidad notoria».
Más sombras persiguen al organismo:
- El caso conocido como Galibogate, donde trenes no cabían adecuadamente dentro de túneles asturianos.
- Contratos otorgados a Soluciones de Gestión por un total cercano a los 12,5 millones destinados a mascarillas.
- Prácticas clientelistas como el caso conocido como «La Patri» dentro del ámbito laboral.
El Tribunal de Cuentas ha corroborado alteraciones en las puntuaciones relacionadas con las licitaciones para la empresa pública OPR. En el año 2021, tanto Adif como el Gobierno firmaron un compromiso para priorizar la seguridad con una inversión prevista que alcanzaría los 10.200 millones; sin embargo, el reciente accidente pone bajo escrutinio dicha hoja de ruta.
Finalmente, es curioso cómo Puente ha señalado directamente a ArcelorMittal sin solicitar información sobre los raíles utilizados en Adamuz. El responsable que adjudicó las inspecciones fue sorprendido por la UCO involucrado en amaños contractuales. Todo parece indicar que los fallos acontecidos en Adamuz no son fruto del azar; las investigaciones continúan abiertas.
Derecho de rectificación
Grupo Azvi rechaza de forma tajante cualquier intento de vincular el trágico accidente del pasado 18 de enero de 2026 con investigaciones judiciales ajenas al mismo, en particular las relativas a Koldo García Izaguirre y/o Víctor Gonzalo de Aldama Delgado.
Las informaciones publicadas desde el 19 de enero de 2026 reeditan informaciones difundidas con anterioridad y desmentidas por Grupo AZVI.
Estas informaciones, que nada tienen que ver con los hechos ocurridos ni con las investigaciones sobre el mismo, se limitan a reactivar acusaciones falsas ya superadas, aprovechando un accidente de enorme gravedad humana con fines sensacionalistas.
1. Con respecto a Erikapat Consultoría Internacional, S.L., Grupo Azvi aclara que:
– La relación contractual, formalizada con absoluto y completo desconocimiento de los hechos delictivos que se imputan a Koldo García, tuvo una duración inferior a cuatro meses (noviembre de 2023 a febrero de 2024) y fue finalizada de forma inmediata al conocerse el arresto de Koldo García, por ser un hecho incompatible con el Código Ético y el Sistema de Compliance de Grupo Azvi.
– El contrato se circunscribía exclusivamente a un proyecto de expansión en Sudamérica y prohibía expresamente a la consultora representar o contratar en nombre de Grupo Azvi. Los servicios contratados no guardaban relación alguna, ni temporal ni material, con los hechos imputados a Koldo García Izaguirre o Patricia Uriz Iriarte.
– Durante el breve lapso de tiempo en el que el contrato estuvo vigente, parte de los pagos realizados se efectuaron directamente a la Agencia Tributaria como consecuencia de embargos existentes.
– Dicho contrato no devengó ningún tipo de retribución variable asociada a la consecución de proyectos, toda vez que no se materializó ninguno.
2. En cuanto a Víctor de Aldama Delgado, Grupo Azvi señala que:
– El pago de 18.000 euros realizado en 2019 y que se ha querido configurar como comisión ilegal estaba vinculado exclusivamente a una aportación para la compra de una acción en un futuro proyecto deportivo privado que finalmente no prosperó: el Club de Natación Trastámara de Sevilla.
– Pocos meses después de su abono, al no prosperar el proyecto deportivo, dicha aportación fue reclamada y devuelta íntegramente, con fecha 17 de marzo de 2020, existiendo respaldo documental bancario.
– Ante las acusaciones falsas vertidas por el Sr. Aldama en sus escritos ante el Tribunal Supremo, Grupo Azvi solicitó autorización al Alto Tribunal para ejercitar acciones penales por injurias y calumnias. Aunque la licencia fue denegada por razones estrictamente procesales, el propio Magistrado Puente señaló expresamente que no existía evidencia alguna de participación de Grupo Azvi en los hechos ilícitos alegados, además de considerar que dichas acusaciones de Aldama podían asociarse a su derecho de defensa y la obtención de eventuales rebajas de pena por su confesión.
– De hecho, el propio Víctor de Aldama, en publicaciones del pasado 20 de enero en sus redes sociales, se ha desmentido a sí mismo reconociendo que dicho pago no correspondía a una comisión de ningún tipo.
3. Tras más de dos años de investigaciones policiales y judiciales, y la emisión de diversos informes por parte de la UCO en el marco de las mismas, ni Grupo Azvi ni sus directivos, administradores o empleados tienen la condición de investigados con relación a estos asuntos. El único foco existente ha sido exclusivamente mediático, sostenido por diversos medios de comunicación.
4. Grupo Azvi nunca ha realizado pagos para finalidades que supongan un incumplimiento de su Sistema de Compliance Penal, ni a Víctor de Aldama, ni a
Koldo García, ni a ninguna otra persona.
5. Grupo Azvi siempre ha actuado siguiendo los principios básicos de legalidad, integridad, transparencia y trazabilidad absoluta de todos sus actos.
6. Todos los contratos de obra pública que Grupo Azvi se ha adjudicado a lo largo de sus más de cien años historia y bajo los distintos gobiernos y administraciones, se ajustaron siempre rigurosamente a los procedimientos legalmente establecidos.
La compañía cuenta desde 2019 con un Sistema de Compliance Penal certificado, conforme a las normas UNE 19601:2017 y UNE-ISO 37001, impulsado por la Dirección y el Consejo de Administración, y plenamente integrado en su cultura corporativa. Grupo Azvi lamenta profundamente el daño reputacional que se le está causando por informaciones falsas y maliciosas que afectan a una compañía familiar, centenaria y generadora de miles de empleos, y apela al respeto, la prudencia informativa y la responsabilidad en el tratamiento mediático de un suceso tan grave, mientras se esclarecen definitivamente sus causas.
