Estaba cantado (Acoso y terror de los taxistas a las VTC: «Nunca sabes cuándo te van a parar y a bajar del coche»).
La Autoridad Catalana de Competencia (ACCO) recomendó este 7 de febrero de 2019 no convalidar el Decreto ley 4/2019 contra los vehículos de alquiler con conductor (VTC) aprobado por la Generalidad el 29 de enero porque, entre otras razones, es «negativo para la ciudadanía» al introducir artificialmente «ineficiencias» en el servicio, es «incoherente con los objetivos medioambientales y de congestión» y es «discriminatorio» entre operadores.
Dicha norma introduce importantes restricciones que, en la práctica, impiden el normal funcionamiento de las VTC, razón por la cual Uber y Cabify han dejado de operar en Cataluña, con el consiguiente despido de miles de trabajadores. Establece un tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos, ampliable hasta 1 hora por los entes locales según sus particularidades territoriales y ambientales, al tiempo que prohíbe el estacionamiento en la calle de las VTC y el uso de geolocalización para ubicar los vehículos con carácter previo a la contratación.
Así pues, introduce «ineficiencias artificiales e injustificadas» que suponen la «protección del sector del taxi» ante la competencia. El ACCO considera que estas medidas, y en especial el establecimiento de un tiempo mínimo de precontratación, obstaculizan «gravemente» el funcionamiento de los mecanismos competitivos. El debate no es si uno u otro plazo de precontratación es «proporcional», sino si su establecimiento es admisible, añade el organismo.
Además, son «incoherentes», dado que limitan la actividad de las VTC para, supuestamente, reducir los problemas de congestión y contaminación, pero resulta que estos servicios -que siempre operan con precontratación- son «más eficientes en términos de congestión y contaminación, ya que no circulan vacíos a la búsqueda de clientes y, por lo tanto, no efectúan desplazamientos innecesarios», advierte el informe. «Es un contrasentido restringir la actividad de VTC cuando es el modelo de actividad más eficiente en términos económicos y medioambientales», enfatiza.
Por último, la ACCO también señala que implica un «tratamiento discriminatorio entre operadores», que, en última instancia, se traducirá en elevación de precios, un peor servicio y un freno a la innovación. Los servicios entre VTC y Taxi son equivalentes (transportar personas en vehículo de hasta 9 plazas) y, por tanto, la regulación no tendría que crear entornos diferenciados entre ambos.
A modo de conclusión, dicho organismo sugiere la no convalidación del referido decreto y recomienda un marco regulatorio común que permita a los taxis competir en igualdad de condiciones con las VTC en Cataluña.
