La mayor parte de los directivos de Bankia y Caja España-Duero ocultan sus sueldazos
Cobran sueldos millonarios. Gozan de todo tipo de privilegios. Tienen fondos de pensiones majestuosos y aunque su gestión sea un desastre y terminen arruinando la entidad que dirigen, cuando se van, lo suelen hacer con indemnizaciones faraónicas.
Pues a pesar de todo esto, muchos directivos de las cajas de ahorro españolas se negaron este 30 de diciembre de 2011 a hacer públicas sus remuneraciones, como les había solicitado el Banco de España.
Ha habido excepciones. Rodrigo Rato, presidente de Bankia, optó por la transparencia y reveló que cobra un mínimo de 2,3 millones de euros.
Lo mismo el cesado José Luis Olivas, 1,6 millones; Adolf Todó, presidente de Catalunya Banc, 1,5 millones, y Jordi Mestre, de Unnim, casi un millón.
En total eran siete las entidades obligadas a dar a conocer las retribuciones de sus consejeros y directivos: Bankia, Banca Cívica, Banco BMN, Caja España-Duero y las nacionalizadas Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Unnim.
Los ejecutivos que han optado por ocultar sus cifras, están sobre todo en Bankia y Caja España-Duero. Entre ambas entidades, casi 60 consejeros o directivos se acogieron a la Ley de Protección de Datos, que establece el derecho a preservar el secreto sobre los ingresos personales.
Desde el punto de vista legal, no hay duda de que no tienen obligación de decir cuánto ganan., pero tienen obligaciones morales.
Deberían revelar sus salarios por una cuestión elemental de transparencia los consejeros y ejecutivos cuyas entidades han sido intervenidas por el Estado o han recibido ayudas públicas, que son la gran mayoría.
Los gestores de las cajas deberían seguir el ejemplo de los miembros de los consejos de las empresas que cotizan en el Ibex, que sí deben hacer públicos sus ingresos.
Y ello porque los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto ganan directivos de entidades que han recibido miles de millones de euros en ayudas.
Muchos no quieren hacerlo porque se les caería la cara de vergüenza al revelar que perciben cantidades cercanas o superiores al millón de euros en cajas que han tenido que ser rescatadas por el Estado.
Por otro lado, las cajas de ahorros eran hasta hace bien poco entidades sin ánimo de lucro, lo que hace todavía más incomprensible ese secretismo.
