El ‘caso Julen’ ha vuelto q tener un giro inesperado de los acontecimientos. La Sala de lo Penal número 9 de Málaga podrá ratificar, el martes 21 de enero, el acuerdo extrajudicial al que llegaron la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. Lo que permitirá emitir la sentencia por conformidad y evitar ‘in extremos’ un juicio por la muerte del pequeño que falleció tras precipitarse en un minúsculo y profundo pozo ilegal en una finca del Cerro de la Corona, ubicado en la localidad malagueña de Totalán.
El acuerdo, que podrá ser ratificado, establece que David Serrano (dueño de la finca donde ocurrió el accidente) asume una pena de prisión que podría situarse entre seis meses y un año de cárcel, a lo que se suma una indemnización que rondaría los 175.000 euros. Una sentencia que han aceptado José y Victoria, los padres de Julen.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aclaró que sí habrá una primera sesión del juicio y en ella las partes podrán señalar la existencia de este acuerdo, que debe ser aceptado por David Serrano y ratificado por el magistrado.
Antonio Flores, abogado defensor de Serrano, no quiso comentar los detalles del acuerdo, pero reconoció la existencia de una cantidad económica que el acusado deberá abonar a los padres de Julen. “Hay una parte económica, pero no porque los padres lo reclamaran, sino porque la Justicia así lo determina. Hay que recordar que David Serrano es insolvente y por ello se solicitó concurso de acreedores”, asegura Flores.
A pesar de que las cifras oficiales de la indemnización serán fijadas por la magistrada, diversas fuentes hablaban de unos 175.000 euros o algo más. Estaba previsto que el acusado abonara unos primeros 25.000 euros y se comprometía a pagar un mínimo de 50 euros al mes hasta que mejore su situación económica, ya que actualmente tiene todos los bienes embargados y sin empleo.
A pesar de que se le estipula una pena de cárcel, Serrano no entraría en la prisión al carecer de antecedentes penales, pero está condicionado a que abone la indemnización de acuerdo con los términos del acuerdo. El pago de los primeros 25.000 euros sería efectuado por el bufete que le defiende, quien asegura que han sido proporcionados por un benefactor del que mantienen el nombre en secreto.
