Las primeras medidas están dirigidas al sector minero. Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., cualquier empresa estadounidense que haga negocios con la empresa estatal Minerven tiene hasta el 13 de febrero para «finalizar transacciones» con ella.
Esta decisión sigue a varias advertencias de Washington a Caracas para revertir la flexibilización de las sanciones que comenzaron el año pasado, después de los llamados Acuerdos de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana.
Machado, quien fue elegida como la candidata de unidad de la oposición en octubre, había sido inhabilitada en junio por la Contraloría General de Venezuela para postularse a cargos electivos durante 15 años. Además de mantener el veto a Machado, el Supremo confirmó el viernes pasado la inhabilitación de su posible sustituto en la oposición, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.
Estas acciones de veto y el retorno de las sanciones representan un retroceso para una posible normalización de las relaciones entre EE.UU., Venezuela y la oposición.
Además de las garantías electorales, Washington exigía a Caracas levantar las inhabilitaciones a miembros de la oposición, relajar prohibiciones y liberar a presos políticos y estadounidenses «detenidos injustamente».
En diciembre, Estados Unidos liberó al empresario colombiano Alex Saab, un aliado clave de Maduro, a cambio de varios venezolanos y estadounidenses detenidos en Venezuela.
Sin embargo, estos avances hacia una posible normalización parecen haberse detenido bruscamente con los últimos acontecimientos.
Horas antes de la reintroducción de las sanciones este lunes, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró que las medidas que tome EE.UU. dependerán d e Maduro y su gobierno.
El jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, advirtió este lunes que su país responderá con severidad si EE.UU. reanuda o impone nuevas sanciones contra el país.
Machado, por su parte, reiteró sus intenciones de competir en las próximas elecciones presidenciales a pesar del veto confirmado por el Supremo.
El clima político en Venezuela se ha deteriorado rápidamente en las últimas semanas, con denuncias de un presunto complot para asesinar a Maduro y detenciones de dirigentes regionales de la campaña de Machado, acusados de conspirar contra el gobierno.