Este viernes 30 de enero de 2026, Delcy Rodríguez, dictadora encargada de Venezuela, hizo un anuncio que ha sacudido el panorama político en el país. En el Tribunal Supremo de Justicia, reveló una ley de amnistía general destinada a todos los presos políticos desde 1999 y confirmó el cierre definitivo de El Helicoide, esa prisión emblemática que ha representado la represión chavista durante dos décadas.
La decisión se produce un mes después de que fuerzas estadounidenses detuvieran a Nicolás Maduro el 3 de enero, y tras las presiones del Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Desde aquel momento, el gobierno ha ido liberando a algunos presos, aunque con cuentagotas: mientras que el chavismo asegura que han sido más de 800, organizaciones no gubernamentales como Foro Penal solo cuentan 302 liberaciones. La nueva amnistía no se limitaría a liberar a los encarcelados; también anularía las causas judiciales en su contra. Aquellos excarcelados podrán dejar atrás las restricciones sobre su salida del país o su comunicación con los medios.
Delcy fue contundente al admitir que desde el inicio del chavismo se han violado normas, leyes y derechos humanos: “Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política desde 1999”.
Como si ella no hubiese sido responsable, hizo un llamado a evitar las venganzas y abogó por un respeto mutuo entre todos los ciudadanos. La responsabilidad de elaborar esta ley recae en la Comisión de Revolución del Poder Judicial, bajo la dirección de Diosdado Cabello, y en el Programa de Convivencia y Paz.
Se espera que la Asamblea Nacional la apruebe en cuestión de días.
🚨 Delcy Rodríguez anuncia oficialmente una ley de amnistía desde 1999 hasta el presente.
El chavismo por orden de EEUU dará amnistía a todos los opositores que injustamente secuestraron y torturaron por décadas.
Gracias presidente @realDonaldTrump pic.twitter.com/6QOhFhxskF
— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 31, 2026
Contexto histórico de represión y liberaciones
En sus instalaciones, El Helicoide ha sido ‘hogar’ para figuras como Catalina Ramos, del partido Vente Venezuela, o Javier Tarazona, un destacado activista por los derechos humanos. Ahora, esta prisión emblema de las violaciones a los derechos humanos y de lo retorcido del poder absoluto, se transformará en un centro para servicios sociales y deportivos destinado a policías y sus familias.
Actualmente quedan entre 700 y 1.000 presos políticos, según diversas fuentes: muchos son líderes vecinales vinculados a María Corina Machado, periodistas, estudiantes.
Entre los liberados recientemente se encuentran Juan Pablo Guanipa (número dos de Plataforma Unitaria) y Arturo Gallino Rullier (ciudadano peruano-estadounidense).
Entre los españoles aún detenidos están Jorge Alayeto (en prisión desde 2017) y Ángela Expósito (líder de Fundanimal).
Durante años, el chavismo utilizó a los presos como moneda de cambio.
En 2007, Hugo Chávez otorgó una amnistía a quienes participaron en el intento de golpe del 2002. En 2016, la oposición intentó aprobar una ley para liberar a los presos políticos que fue bloqueada por el TSJ dirigido por el chavismo. Ya en 2020, Maduro indultó a 110 personas, aunque incluyó también a delincuentes comunes para inflar la cifra total.
La presión social ha aumentado considerablemente: vigilias organizadas por madres, estudiantes confrontando a Delcy. Tanto la oposición como ONG han demandado una amnistía plena como paso hacia una transición real.
El anuncio coincide con una llamada reciente entre Donald Trump, Marco Rubio y Delcy. Durante esta conversación se abordó la posibilidad de reabrir el espacio aéreo (cerrado desde 2019) y reformar la legislación petrolera, lo que provocó críticas dentro del chavismo duro y del Partido Comunista por considerarlo una «venta de soberanía».
La nueva ley excluye delitos graves como homicidios, narcotráfico y otros delitos comunes.
