Detrás del ‘humanitarismo0 de ONGs y entidades subvencionadas que dicen «acoger» a los menores extranjeros no acompañados hay algo bastante menos altruista: un negocio con márgenes de beneficio, facturación mensual por cabeza y un incentivo económico evidente para que esos menores permanezcan en España el mayor tiempo posible.
Con ese telón de fondo —y no como una anécdota aparte— hay que leer la última exigencia de Marruecos: que España le devuelva a sus menas, algo que Rabat reclama con más fuerza que nunca mientras coloca a Pedro Sánchez en el centro de lo que ESdiario ha calificado de «desastre».
Un negocio con etiqueta de humanitarismo
Que cada menor extranjero no acompañado cuesta dinero público es innegable; lo que resulta mucho más turbio es a dónde va exactamente ese dinero. Según ha documentado Vozpópuli, la gestión de los centros de menores en Canarias se ha convertido en «una actividad con mucho ánimo de lucro», un filón que empresas privadas y fundaciones se disputan bajo el paraguas de la protección infantil. El Diario ha llegado a describir el sistema, sin medias tintas, como «un lucrativo negocio» en el que las proclamas caritativas conviven con la lógica pura de mercado: cuantas más plazas se ocupan y más tiempo permanecen ocupadas, mayor es la facturación.
Las cifras respaldan la sospecha. La Administración abona de media unos 4.000 euros mensuales por menor a las entidades que gestionan los centros, aunque el importe varía enormemente según la comunidad autónoma: en Andalucía algunos centros públicos han llegado a superar los 9.800 euros al mes por plaza, y en Madrid ciertos centros de reforma facturan hasta 210 euros diarios por menor, más de 6.300 euros mensuales. En Ibiza, según ha trascendido, el propio Gobierno autonómico llegó a reconocer a las ONG adjudicatarias un margen de beneficio explícito del 6% sobre la gestión de estos contratos, una cifra que desmonta por sí sola cualquier relato de pura vocación altruista. Cuando la acogida a un menor genera más ingresos mensuales que un salario medio español, conviene preguntarse quién tiene realmente interés en que ese menor «no aparezca» un tutor, no se resuelva su expediente o, sencillamente, no regrese nunca a su país de origen.
Conviene matizar, por rigor, que no todo ese dinero se traduce en beneficio puro: cubre personal educativo, seguridad, manutención, apoyo jurídico y las obligaciones legales de protección al menor, y medios como Newtral, Save the Children o Maldita han recordado que esas cantidades no llegan como paga directa a los propios chavales, sino a las entidades gestoras, y que resultan comparables a los costes de otras residencias públicas, como las de mayores. Pero ese matiz no despeja la pregunta de fondo, sino que la agudiza: si el sistema es tan caro y tan opaco incluso para sus defensores, ¿por qué genera tanta resistencia cualquier intento de agilizar los retornos a Marruecos?
Marruecos exige, Sánchez calla
Y ahí enlaza la última polémica. Según ha publicado ESdiario, Marruecos reclama a España la restitución de todos sus menas y sitúa a Pedro Sánchez en el centro del «desastre». La frase resume bien el ambiente político actual: presión en la frontera, cruce de acusaciones y una controversia que ha dejado de ser un asunto puramente migratorio para convertirse en un problema diplomático de primer orden dentro de casa.
Rabat dice estar dispuesto a recibir a sus menores, pero condiciona ese gesto a que España elimine los obstáculos jurídicos y administrativos que, según Marruecos, bloquean las repatriaciones. El mensaje, difundido también por otros medios, reabre el debate sobre el acuerdo bilateral de 2007 y plantea la pregunta incómoda: ¿tiene el Gobierno margen real para acelerar los retornos sin chocar con la legalidad, con los tribunales… y sin tocar el negocio que se ha montado alrededor de la permanencia de estos menores en España?
Un choque que viene de lejos
La crisis no ha surgido de la nada. La afluencia masiva de personas en Ceuta a finales de julio reactivó un debate que llevaba tiempo latente: la complejidad de repatriar a menores marroquíes, la presión sobre los centros de acogida y la fragilidad de la cooperación entre ambos países. Desde entonces, la oposición ha presentado la situación como una muestra clara de debilidad del Gobierno, mientras el Ejecutivo insiste en que la solución debe pasar por el control, la coordinación y los procedimientos legales, no por la improvisación.
Marruecos, por su parte, mantiene una postura ambivalente: dice querer recuperar a sus menores, pero señala los obstáculos en España y evita asumir responsabilidad política directa por lo sucedido en la frontera. Esa doble narrativa alimenta una tensión de fondo, porque cada avance en la cooperación migratoria depende tanto de la confianza recíproca entre gobiernos como de la presión pública a ambos lados del Estrecho.
Qué pide Rabat y qué puede hacer España
El foco está en los retornos. Marruecos acepta el principio del retorno, pero lo condiciona a que desaparezcan las barreras jurídicas y administrativas españolas. Ese planteamiento choca con un marco legal que exige evaluar cada caso de manera individual y garantizar el interés superior del menor, lo que descarta de entrada cualquier salida rápida o masiva.
- Rabat exige que España facilite los retornos.
- Madrid debe respetar las garantías individuales de cada menor.
- Los tribunales limitan las devoluciones automáticas.
- La tensión política presiona por soluciones rápidas, pero la ley —y el negocio montado en torno a la acogida— marcan un ritmo mucho más lento.
En la práctica, esto significa que la discusión no se resuelve solo con voluntad política: hay un marco legal en juego, sí, pero también una red de contratos, subvenciones y adjudicaciones que no tiene ningún incentivo en que el proceso se acelere. El Gobierno puede negociar mayor cooperación con Marruecos, pero no puede —ni parece muy dispuesto a— desmontar de un plumazo un sistema que mueve varios cientos de millones de euros al año entre comunidades autónomas y entidades gestoras.
Sánchez, en el centro de las críticas
La figura de Pedro Sánchez se ha convertido en el objetivo de casi todas las críticas. El PP le acusa de negligencia en materia de migración, seguridad y política exterior. Vox va un paso más allá y habla de una supuesta subordinación a Marruecos, mientras que parte de la izquierda prefiere responsabilizar a Rabat de utilizar a personas vulnerables como instrumento de presión. El resultado es un panorama muy polarizado en el que cada actor pelea por imponer su relato antes que por resolver el problema de fondo.
Sánchez, eso sí, ha evitado señalar directamente al Gobierno marroquí y ha preferido apuntar a las mafias que trafican con personas. Esa decisión le permite mantener la cooperación con Rabat, pero le expone a las críticas de quienes creen que minimiza el papel de Marruecos en la crisis… y, de paso, evita entrar a fondo en quién se está beneficiando económicamente de que la crisis se alargue. En política, ese matiz cuenta: quien controla el diagnóstico también controla, en buena medida, la respuesta.
Cómo puede evolucionar la situación
A corto plazo, lo más probable es una combinación de gestos diplomáticos y bloqueos técnicos. Marruecos seguirá insistiendo en la repatriación de sus menores, mientras España busca aliviar la presión sobre los centros de acogida sin vulnerar la normativa. Eso podría abrir la puerta a acuerdos puntuales, traslados seleccionados o nuevas fórmulas de coordinación, pero no a una devolución masiva e inmediata: el sistema, tal y como está montado, no está diseñado para vaciarse rápido.
Si la tensión aumenta, cabe esperar tres derivadas: más presión parlamentaria sobre Sánchez, negociaciones más duras con Rabat y un uso político creciente de Ceuta como símbolo de una frontera ingobernable. El desenlace dependerá más de los hechos que de las palabras, y de si alguien se atreve, por fin, a preguntar en voz alta cuánto dinero público se sigue moviendo cada mes por cada expediente que no se cierra.
Queda, además, un aspecto poco mencionado que ayuda a entender la dimensión humana del asunto: cada expediente de menor requiere revisar la edad, la familia, la tutela y el destino final, de modo que detrás de la polémica política hay trámites lentos, papeleo y decisiones que afectan a la vida de cada joven. Pero conviene no perder de vista que ese mismo papeleo, esa misma lentitud, es también la que mantiene con vida a un modelo de negocio que factura por cada mes que un menor permanece bajo tutela española. Las soluciones simples, en este terreno, suelen durar muy poco; los contratos de gestión, en cambio, se renuevan año tras año.
