El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, pidió hoy a la población de su país que no prejuzgue a los acusados de la violencia postelectoral de 2007 y 2008, poco después de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) identificase a seis de ellos, considerados los más importantes.
En un comunicado de prensa emitido por la Presidencia, Kibaki, ante la tensión que el anuncio de la CPI podría causar, señala también que «el Gobierno ha intensificado la seguridad en todo el país» y facilitado «todo el apoyo a nuestras fuerzas de seguridad para que puedan cumplir con sus obligaciones de proteger las vidas de todos los ciudadanos y sus bienes».
Por otro lado, considera que adoptar en este momento acciones contra los sospechosos sería contrario a la justicia, ya que «no pueden ser considerados culpables puesto que ningún tribunal ha confirmado los cargos».
El cualquier caso, Kibaki recalca que Kenia, como país, está convencido de la necesidad de «la suscripción de convenios internacionales para hacer avanzar nuestros intereses nacionales, a nivel interno e internacional».
Por ese motivo, espera que «el proceso en la Corte Penal Internacional cumpla nuestras expectativas como nación», al tiempo que asegura que las autoridades de Nairobi velarán «por los derechos de nuestros ciudadanos y la dignidad de la nación».
El Gobierno, además, dice Kibaki, está plenamente comprometido con el establecimiento de un tribunal local para juzgar a quienes estuvieron tras la violencia postelectoral, de acuerdo con la nueva Constitución», aprobada este año en el país, para buscar la «reconciliación» en el camino de «la paz y la unidad nacionales». Estas declaraciones llegan después de que el fiscal general de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, anunciara hoy que ha solicitado a los jueces que citen a seis personas, entre ellas al actual viceprimer ministro de Kenia y ministro de Finanzas, Uhuru Kenyatta, por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Las otras cinco personas identificadas por Ocampo son dos ministros, un ex jefe de Policía, el responsable de los servicios civiles y un periodista, presuntas responsables de delitos supuestamente cometidos en el país durante los episodios violentos que sucedieron a las elecciones de 2007.
«Ahora son los jueces los que tienen que decidir», explicó durante una rueda de prensa Moreno Ocampo, quien espera que los que considera «máximos responsables» de esos crímenes se entreguen voluntariamente ante la CPI y que no haga falta solicitar una orden de arresto para capturarlos.
El pasado 13 de diciembre, el Gobierno keniano anunció su intención de crear un tribunal local para juzgar a los presuntos autores, pero según una encuesta de la empresa Synovate publicada hoy por la prensa keniana, el 85 por ciento de los 1.002 interrogados prefiere que los máximos responsables sean procesados por la CPI.
La ola de violencia que siguió a las elecciones en diciembre de 2007 se cobró la vida de unas 1.300 personas y desplazó a otras 300.000 entre finales de ese año y principios del siguiente.
Los disturbios, de origen tribal, se iniciaron después de que Raila Odinga, entonces candidato opositor a la Presidencia de Kenia, acusara al presidente, Mwai Kibaki, de haber ganado las elecciones de manera fraudulenta.
La violencia se frenó con la creación, en abril de 2008, de un Gobierno de coalición en el que Odinga fue nombrado primer ministro.
Tanto la comunidad internacional como varias organizaciones pro derechos humanos kenianas han reclamado que se acabe con la impunidad, ya que tres años después del inicio de los disturbios no ha habido ningún condenado por estos sucesos.
