En medio de múltiples crisis que apenas dejan espacio para el esparcimiento, los habitantes de la ciudad de «Mellit», en el norte de Darfur, vivían una vida marcada por la muerte o el desplazamiento, como el resto de los sudaneses.

El 18 de septiembre del presente mes, los residentes se vieron de nuevo ante uno de los crímenes de guerra que se cometen en Sudán de tanto en tanto desde el estallido del conflicto a mediados de abril de 2023.

Los mercados de la ciudad bullían de compradores como cualquier día, y un restaurante popular ofrecía un pequeño respiro a los vecinos de Mellit para compartir las tragedias de la guerra en platos de hambre y desplazamiento; niños que han pasado su infancia entre la muerte y el fuego.

De repente, un dron sorprendió a los habitantes y convirtió la calma en un infierno: instalaciones de la ciudad ardieron, provocando pánico entre la población, según el diario «Al-Jamahir».

Según un balance preliminar, seis civiles murieron por el bombardeo llevado a cabo por un dron perteneciente al ejército sudanés, mientras que más de {10} personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, de acuerdo con la misma fuente.

Testigos dijeron a «Al-Jamahir» que un dron perteneciente al «ejército sudanés» atacó el mercado central de la ciudad, lo que causó muertos y heridos, además de un gran incendio que provocó graves daños en varios vehículos y comercios.

La misma fuente señaló que el hospital de «Mellit» recibió {6} cadáveres de víctimas y a varios heridos, algunos en estado crítico, y añadió que los equipos de ambulancias tuvieron dificultades para llegar al lugar del bombardeo debido a la tensión de seguridad en la zona.

Vecinos relataron que las explosiones fueron violentas y que se veían columnas de humo elevándose desde el corazón del mercado, mientras que otras fuentes indicaron que el número de víctimas podría aumentar dada la gravedad de las lesiones, además de los cuantiosos daños causados en el lugar de la explosión.

Ataques indiscriminados y barriles explosivos

En un informe publicado el 4 de junio pasado, Human Rights Watch afirmó que «las Fuerzas Armadas Sudanesas» mataron «a un gran número de civiles en ataques en los que se utilizaron bombas no guiadas arrojadas desde el aire sobre barrios residenciales y comerciales en Nyala, en Darfur del Sur, a principios de febrero».

Añadió que los ataques fueron «indiscriminados, porque las bombas utilizadas tienen efectos de amplio alcance y precisión limitada y, en la mayoría de los casos, no pueden dirigirse a un objetivo militar concreto en zonas pobladas. Lanzar ataques indiscriminados, de forma intencionada o temeraria, es un crimen de guerra».

Señaló que recibió «informes fiables sobre numerosas incursiones aéreas entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, y que investigadores realizaron pesquisas detalladas sobre cinco incursiones llevadas a cabo el 3 de febrero, que causaron especialmente muertos entre la población civil. Los investigadores entrevistaron a 11 víctimas y testigos, y a tres miembros del personal médico que atendieron a las víctimas, y analizaron fotografías y videos de redes sociales, entre ellos los que muestran restos de municiones de tres incursiones».

«Las incursiones del 3 de febrero alcanzaron zonas residenciales y comerciales abarrotadas en los barrios de Al-Yumhuriya y Al-Cinema, en el centro de la ciudad, en rápida sucesión, además de la calle Congo, una de las principales vías», mientras que Médicos Sin Fronteras informó de que «32 personas murieron y decenas resultaron heridas, según se afirma. Testigos dijeron que un ataque aéreo alcanzó una tienda de comestibles cerca del “Hospital Meca de Oftalmología” en una calle atestada de gente y vehículos, lo que provocó un elevado número de muertos».

Entre el 2 y el 4 de febrero murieron entre 51 y 74 civiles y decenas resultaron heridos, según el «Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED)», que recopila datos sobre conflictos en todo el mundo.

Sudán, un escenario de violaciones

Desde el estallido de la guerra a mediados de abril de 2023, el ejército sudanés ha perpetrado crímenes de guerra en varias zonas del país, incluidos ejecuciones extrajudiciales, detenciones y la obstrucción de la entrada de ayuda humanitaria.

Organizaciones de derechos humanos, internacionales y locales, han documentado crímenes cometidos por el ejército, lo que llevó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a imponer sanciones a su comandante, Abdel Fattah al-Burhan, en enero de 2025.

El Tesoro acusó al ejército sudanés de perpetrar ataques contra escuelas, mercados y hospitales, de impedir la entrega de ayuda y de utilizar la privación de alimentos como «táctica de guerra».

Afirmó que las tácticas empleadas por las Fuerzas Armadas Sudanesas incluían el bombardeo indiscriminado de infraestructuras civiles, ataques a escuelas, mercados y hospitales, y ejecuciones extrajudiciales.

Señaló que Al-Burhan, inmerso en una lucha por el poder, se opone al retorno del gobierno civil en Sudán, rechazó participar en conversaciones de paz internacionales para poner fin a los combates y eligió la guerra en lugar de la negociación. Responsabilizó al ejército sudanés de privar deliberadamente a los civiles de la ayuda, utilizando los alimentos como táctica bélica.

El ejército continuó intensificando sus operaciones militares, lo que entorpeció los intentos de alcanzar una solución política al conflicto y prolongó el sufrimiento de la población civil.

En virtud de las sanciones, se bloquean todos los bienes e intereses de Al-Burhan en Estados Unidos, en caso de existir, y se imponen sanciones a las entidades y personas que mantengan tratos con el ejército.

Sanciones a las milicias islamistas

Las sanciones contra el campo de Puerto Sudán no se limitaron a Al-Burhan: el 11 de septiembre del presente mes, Estados Unidos anunció sanciones contra la milicia extremista Brigadas Al-Bará ibn Málik y contra Yibril Mahmud, ministro de Finanzas y líder del Movimiento Justicia y Igualdad.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. reveló estrechos vínculos entre Irán y las Brigadas Al-Bará, así como con Yibril Mahmud. Indicó que esta medida busca reducir la influencia de los grupos islamistas dentro de Sudán y frenar las actividades regionales de Irán que han contribuido a la desestabilización, al agravamiento del conflicto y al sufrimiento de los civiles. Afirmó que Estados Unidos está comprometido a trabajar con sus socios para lograr la paz y la estabilidad en Sudán y evitar que se convierta en un refugio seguro para quienes amenazan a los estadounidenses y sus intereses.

Añadió que las sanciones llegan «después de que los grupos islamistas en Sudán desempeñaran un papel destacado en el socavamiento de las instituciones del Estado, especialmente durante el gobierno del expresidente Omar al-Bashir, que duró tres décadas hasta su derrocamiento en 2019. Desde entonces, los islamistas han contribuido a obstaculizar la transición democrática, incluido el descarrilamiento del gobierno civil de transición y del acuerdo marco político».

Señaló que la Brigada Al-Bará envió a miles de combatientes a luchar contra las Fuerzas de Apoyo Rápido, apoyándose en armas y entrenamiento proporcionados por la Guardia Revolucionaria iraní; añadió que sus miembros cometieron graves violaciones, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias de personas sospechosas de tener vínculos con las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Indicó que Yibril, líder del Movimiento Justicia y Igualdad, movilizó a miles de combatientes para apoyar al ejército sudanés en sus batallas contra las Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que llevó a la destrucción de localidades y al desplazamiento de miles de civiles. Afirmó que buscó estrechar los lazos políticos y económicos con Irán y visitó Teherán el pasado noviembre.