El aislamiento del régimen de Nicolás Maduro no es solo político. Sus principales aliados comerciales han decidido no reconocer la Asamblea Constituyente y todas las decisiones que se deriven de ella, y eso tiene graves consecuencias económicas. La declaración implica que no se aceptará ninguna decisión ni contrato que no sea avalado por la Asamblea Nacional, dominada por la oposición y que Nicolás Maduro quiere relegar.
Se verán afectados todos los contratos de obra pública y sobre todo las operaciones de financiación que se hagan con empresas de los países que han decidido rechazar la Constituyente, según la Declaración de Lima, firmada el 8 de agosto de 2017 por 12 países, entre ellos los más importantes de la región.
Así las cosas, a Ramón Blanco Balín, cerebro financiero de la trama Gürtel y que acaba de firmar un proceloso negociete con Nicolás Maduro, la cosa se le puede poner más que cruda.
Y es que siete de los ocho socios comerciales más potentes de Venezuela ya le han dicho a Maduro que todo lo que no salga con el visto bueno de la Asamblea Nacional no será aceptado por el resto de países.
En la lista de los ocho principales socios de Venezuela, los que más venden y compran a este país, solo hay uno que reconozca la Constituyente: China. Los otros siete —EE UU, Brasil, Argentina, Colombia, México, Italia y Alemania— rechazan cualquier decisión que emane del nuevo órgano controlado por el chavismo y algunos, como Brasil o Argentina, hablan abiertamente de dictadura.
EL HISTORIAL DE BLANCO BALÍN
El dictador Nicolás Maduro, el amigo de Podemos, el responsable directo del asesinato de más de 120 jóvenes opositores, ha abierto las puertas de Venezuela chavista a un español, que tiene el dudo honer de ser considerado el cerebro financiero de la trama Gürtel y fue vicepresidente de Repsol, José Ramón Blanco Balín.
Leonés de 64 años, nacido en Bembibre, alumno de los Jesuitas en León donde estudió sólo un curso antes que Mariano Rajoy, economista, asesor fiscal y empresario, Blanco Balín es el gran tapado de la trama de Francisco Correa, El Bigotes y sus compinches.
Acusado también por su implicación en la presunta financiación ilegal del PP de Valencia, quien fuera amigo del ex presidente Aznar y número dos de la petrolera Repsol -con Alfonso Cortina como presidente- consiguió forrarse durante mucho tiempo como asesor fiscal de grandes fortunas españolas.
Su penúltimo ‘pelotazo‘ ha consistido en montar un banco en Senegal, operación en la que ha liado a varios de los implicados en la Gúrtel y a personajes de postín como Blas Herrero, Pedro Pérez y los Cortina. El ‘golpe‘ más reciente de Blanco Balín tiene como escenario la dolorida, hambienta y torturada Venezuela.
Tras unos años a la ‘sombra‘, casi oculto en su mansión de Puerta de Hierro y deprimido por lo que parecía que iba a caerle encima, ha decidido volver a hacer millones. Y fiel a su estilo, lo hace indiferente al sitio, lugar o personalidad de su socios.
CRISIS EN VENEZUELA, PELOTAZO PARA BALÍN
Hace apenas un mes, y en plena crisis venezolana, mientras los sicarios del régimen perdigoneaban, torturaban y violaban manifestantes, el presidente del país bolivariano accedió a la petición hecha por Blanco Balín para constituir una sociedad mixta con la estatal PDVSA para explotar una parte del yacimiento conocido como Franja Petrolífera del Orinoco.
Así consta en una sentencia del chavista y corrupto Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, fechada el pasado 10 de julio.
En ella, el impresentable TSJV declara «procedente la autorización y aprobación» de la empresa Petrosur, participada por una filial de PDVSA y una sociedad que responde al nombre de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, cuyo representante es José Ramón Blanco Balín.
Saltándose le preceptiva autorización de la Asamble nacional, controlada por la oposición democrática, el Máximo Tribunal, como se llama en Venezuela al Tribunal Supremo, dio ‘vía libre‘ a la creación de esta nueva sociedad para la «producción, mejoramiento y comercialización de petróleo crudo pesado y extrapesado en el área denominada Junín 10 de la Franja Petrolífera del Orinoco Hugo Chavez Frías».
Según consta en la sentencia, Petrosur tendrá como accionistas a la sociedad que representa el empresario español y a la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de PDVSA. El cometido del consorcio será la explotación de un bloque de uno de los yacimientos petrolíferos más extensos del mundo, la Franja Petrolífera del Orinoco.
Dicho de otra manera, extraer petróleo en una de las parcelas en las que está dividido el yacimiento, cuya extensión total asciende a 55.314 kilómetros cuadrados. Cada bloque tiene 500 kilómetros cuadrados.
La nueva empresa estará participada en un 60% por la Corporación Venezolana de Petróleo -empresa encargada de gestionar los negocios que PDVSA tiene con terceros, sobre todo con extranjeros-, y el otro 40% estará en manos de la sociedad representada por Blanco Balín, «domiciliada en Amsterdam conforme a las leyes de los Países Bajos», según consta en la sentencia.
Según el Registro Mercantil español, el imputado en el caso Gürtel -investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales y considerado el gestor del dinero de Francisco Correa- es socio de una empresa española bautizada, precisamente, con el nombre de Inversiones Petroleras Iberoamericanas, junto al que fuera presidente de Repsol en la época en que Blanco fue número dos de esta compañía y hermano de Alberto Cortina, Alfonso Cortina.
En la actualidad, el presidente de Inversiones Petroleras Iberoamericanas es Alfonso Cortina y el vicepresidente es Pelayo Luis Cortina Koplowitz, el hijo menor de Alberto Cortina y Alicia Koplowitz.
Varios miembros de la familia Cortina tienen negocios con ciudadanos venezolanos afincados en España. Es el caso de Alberto con Alejandro Betancourt López, uno de los llamados bolichicos, apodo con el que se conoce a los miembros de un grupo de jóvenes empresarios chavistas que hizo fortuna en el país bolivariano entre los años 2009 y 2011.
Betancourt es propietario de la lujosa finca El Castillo del Alamín, antigua propiedad del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán -en prisión desde el 3 de diciembre de 2012-.
