La Cámara de Representantes podría votar el próximo martes una resolución a favor del genocidio armenio

La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense podría votar este próximo martes una resolución para declarar oficialmente como «genocidio» la matanza de armenios a manos del entonces Imperio Otomano durante la I Guerra Mundial, una decisión que alimentaría la ira de Turquía, que no reconoce tal calificativo, a pesar de que Ankara cuenta con el respaldo del presidente de EEUU, Barack Obama, a la hora de impedir la resolución.

La votación fue anunciada el pasado viernes por el Comité Nacional Armenio de América –representación norteamericana de la extensa diáspora armenia– en su página web, recogida por el diario turco ‘Hurriyet’. La Cámara de Representantes, cámara baja del Congreso, no consiguió aprobar la medida en la primera sesión de ayer, y ha decidido votar el martes.

Armenia asegura que en torno a 1,5 millones de armenios fueron exterminados sistemáticamente por los otomanos. Turquía, por su parte, achaca las muertes a un conflicto civil desencadenado cuando los armenios se levantaron en armas para reclamar la independencia de la región turca de Anatolia Oriental.

Para el miembro del partido de Gobierno, Justicia y Desarrollo (AKP), y presidente del comité interparlamentario turco estadounidense, Suat Kiniklioglu, cuanto más tiempo pase antes de votar la medida, más posibilidades tendrá de ser rechazada. El pasado viernes, Kiniklioglu daba la resolución por aprobada. Ahora, según indica a la CNN, «el tiempo juega a favor de Turquía».

La presión para impedir la declaración de genocidio procedería directamente de Barack Obama, cuya administración «está aplicando una intensa presión sobre la actual presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para que no programe la votación», indicó una fuente anónima al ‘Hurriyet’. La diáspora armenia prefiere desarrollar la votación antes de que el sucesor de Pelosi, el republicano John Boehner, más favorable a los intereses de Turquía, asuma su puesto el 1 de enero del año próximo, lo que podría impedir definitivamente la resolución.

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