El primer ministro británico Keir Starmer se enfrenta a una creciente tormenta política tras las acusaciones del magnate tecnológico Elon Musk sobre su implicación en el encubrimiento de abusos sexuales a menores cuando era jefe de la Fiscalía.
Este escándalo, que involucra a más de 1.500 niñas tuteladas víctimas de explotación sexual por parte de bandas organizadas, principalmente de origen paquistaní, amenaza con desestabilizar al gobierno laborista apenas seis meses después de su llegada al poder.
La controversia estalló en los primeros días de 2025 cuando Musk, utilizando su plataforma X, lanzó una serie de mensajes incendiarios acusando a Starmer de ser «culpable de crímenes terribles contra el pueblo británico» y de no haber investigado las «violaciones masivas» ocurridas en Reino Unido durante su mandato como Director del Servicio de Fiscalía de la Corona entre 2008 y 2013.
El caso, conocido como el escándalo de las «grooming gangs», salió a la luz pública en 2014 gracias a un informe independiente que reveló la existencia de redes organizadas de abuso sexual a menores en varias ciudades británicas, incluyendo Rotherham, Rochdale, Oxford y Newcastle.
Según las investigaciones, estas bandas operaron con impunidad durante años, aprovechándose de niñas vulnerables bajo tutela del Estado.
La reaparición de este oscuro capítulo de la historia reciente británica ha reavivado el debate sobre la gestión de la inmigración y la integración de comunidades minoritarias en el país.
Los críticos argumentan que el miedo a ser tachados de racistas llevó a las autoridades a ignorar las señales de alarma y a no actuar con la contundencia necesaria.
El efecto boomerang de las políticas migratorias
El caso británico no es un fenómeno aislado.
En toda Europa, los partidos de centro e izquierda están pagando el precio político de sus políticas de puertas abiertas hacia la inmigración.
La canciller alemana Angela Merkel, quien en 2015 abrió las fronteras a más de un millón de refugiados, vio cómo su partido perdía apoyo en las urnas en los años siguientes.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha tenido que endurecer su discurso sobre inmigración para contrarrestar el auge de la extrema derecha.
En España, el gobierno de Pedro Sánchez también se ha visto obligado a matizar su irresponsable postura inicial de acogida sin trabas, tras enfrentarse a crecientes tensiones sociales y presiones políticas.
La realidad es que la integración de grandes números de inmigrantes en un corto período de tiempo ha planteado desafíos significativos para las sociedades europeas, desde la presión sobre los servicios públicos hasta los choques culturales.
La respuesta de Starmer y su gobierno
Hasta el momento, el primer ministro Starmer ha optado por no responder directamente a las acusaciones de Musk.
Sin embargo, miembros de su gabinete han salido en su defensa.
El ministro de Sanidad, Wes Streeting, sugirió que las acusaciones de Musk «tienen un error de juicio y falta de información», al tiempo que tendió la mano al empresario para colaborar en la lucha contra el abuso sexual infantil.
La oposición conservadora, liderada por Kemi Badenoch, ha aprovechado la controversia para exigir una nueva investigación independiente sobre los abusos, una demanda que los anteriores gobiernos tories habían rechazado.
Por su parte, el populista Nigel Farage ha respaldado abiertamente a Musk, alimentando los rumores sobre una posible financiación masiva del multimillonario a su partido, Reform UK.
El factor Musk en la política internacional
La intervención de Elon Musk en este asunto no es casual.
El magnate tecnológico se ha convertido en un actor político de peso, especialmente tras la adquisición de Twitter (ahora X) y su creciente influencia en el círculo cercano de Donald Trump.
Su capacidad para movilizar a millones de seguidores en las redes sociales le otorga un poder sin precedentes para influir en la opinión pública y en la agenda política.
La promesa de Musk de inyectar fondos en partidos políticos europeos alineados con sus ideas representa un nuevo desafío para los gobiernos tradicionales.
Su visión libertaria y su escepticismo hacia ciertas políticas progresistas encuentran eco en un creciente sector del electorado desencantado con el establishment político.
