Aumenta la preocupación por el rumbo tomado por el Gobierno de El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó un decreto presentado por el presidente del organismo, Ernesto Castro, por el cual se prohíben hasta el 8 de diciembre las concentraciones públicas y privadas que no tengan que ver con actividades artísticas, culturales o deportivas.
Si bien la norma apunta al contexto sanitario y establece que no se podrán dar “concentraciones masivas, sin distanciamiento social” en las que participen “personas sin esquema completo de vacunación”, bien es cierto que su aprobación se da después de una serie de marchas el pasado fin de semana en contra del mandatario salvadoreño.
A pesar de los retenes militares que interceptaron autobuses, ciudadanos y organizaciones sociales salieron a las calles de la capital del país para protestar contra el presidente, Nayib Bukele, y sus políticas, especialmente las que refieren a la Ley Bitcoin, las reformas constitucionales o los permisos por hasta quince años para que empresas privadas se dediquen a la explotación del agua del país.
Así, el decreto apunta que “la Fiscalía General actuará de oficio ante el incumplimiento” y dependiendo del caso, el infractor “incurrirá en delito de desobediencia de particulares y será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 338 del Código Penal”.
Este epígrafe establece que la desobediencia a una orden legislativa se castiga con penas de prisión de entre uno y tres años y una multa que puede ascender hasta los 35.000 dólares (unos 30.000 euros), recoge el diario local ‘La Prensa Gráfica’.
El decreto, aprobado con 63 votos a favor y 17 en contra, choca con los artículos 6 y 7 de la Constitución salvadoreña que versan sobre las libertades de los ciudadanos para expresarse sin ser objeto de censura y asociarse y reunirse libre y pacíficamente.
Miles de salvadoreños regresaron a protestar en la capital de El Salvador contra las políticas del presidente Nayib Bukele pese a la alta popularidad que mantiene y cuando se acerca a la mitad de su mandato.
Convocados desde la redes sociales, sindicalistas, jueces, activistas de derechos humanos, exguerrilleros, veteranos de guerra, opositores, feministas y miembros de la comunidad LGTBI se concentraron para marchar hasta la plaza Gerardo Barrios, en pleno centro de San Salvador.
Fueron unas 4.000 personas las que reclamaron al mandatario por la falta de transparencia, las cifras de desaparecidos y feminicidios, la adopción del bitcóin como moneda de curso legal con fondos estatales y lo que consideran una deriva “autoritaria”.
Además se sumaron críticas por una reforma de pensiones que prepara el Gobierno, de la que no se conocen detalles, y la no entrega de archivos militares para procesos penales por crímenes de guerra.
