(PD).- Cuelan detectives en bodas, exigen su parte en conciertos benéficos; sin embargo, la mala imagen de la SGAE se debe al desgaste sometido por los medios. Es la opinión de su presidente, José Luis Borau, quien tacha de «impredecible» el futuro de entidad privada.
A través de una carta presentada durante la asamblea general, Borau pronostica que «este año será, según todos los pronósticos, difícil y trabajoso» ya que «la fórmula en la que vivíamos acomodados -ahora caemos en la cuenta- parece no dar mucho más de sí y, por tanto, será preciso encontrar una nueva, cuyos factores determinadas distan de ser conocidas«.
El presidente de la SGAE se refiere a los culpables de que ese camino sea difícil: «Viejas batallas como la piratería en cuaquiera de sus modalidades o el acoso de ciertos medios que sólo pretenden desgastar nuestra reputación social, poniendo en tela de juicio la conveniencia de cuanto hacemos, se recrudecerán por la simple razón de que, en tiempo de vacas flacas, los frentes tienden a multiplicarse con mayor presión aún«.
Afirma que los próximos meses «significarán una dura prueba para quienes defendemos, por encima de cualquier otra mira, los derechos de nuestros asociaciados».
Recordemos que la razón nos acompaña, lo cual asegura el buen resultado final.
Problemas internos
Con esta declaración, la SGAE saca las uñas ante las críticas de peseteros que están llegando desde varios sectores y que se han agravado por las críticas de sus propios trabajadores que este martes se agolparon a las puertas de la sede para denunciar un ere encubierto.
Los representantes de los trabajadores acaban de rechazar la ‘Propuesta básica para un pacto laboral por el empleo’, ya que entienden que contiene medidas que sólo pueden «ser de aplicación por medio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)».
En declaraciones a Europa Press Televisión, el representante del comité de empresa, Eduardo Escobar, señaló que la mediación pretendida por la SGAE «no deja de ser un ERE pactado que afectaría a una parte importante de la plantilla -unos 480 empleados según el comité- que se encontraría en la calle y otra parte a la que cambiarían las condiciones de trabajo».
