En La Retaguardia de este viernes 16 de mayo, Eurico Campano analiza con Juanma Cepeda, Eduardo García Serrano e Inés Sáinz el panorama judicial que Pedro Sánchez tiene por delante.
Y es que el cerco legal sobre Pedro Sánchez y su entorno más cercano se estrecha cada día que pasa. A las puertas del verano de 2025, el presidente del Gobierno se encuentra en una situación cada vez más comprometida mientras los casos que afectan a su círculo íntimo avanzan en los tribunales. El caso de su hermano David y las investigaciones sobre el rescate de Air Europa son solo la punta del iceberg de una crisis institucional que amenaza con desestabilizar al Ejecutivo.
El caso del hermano del presidente
Las acusaciones populares han solicitado tres años de cárcel para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. Organizaciones como Manos Limpias, VOX, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el PP han presentado un demoledor escrito de acusación de 38 folios que deja claro, según estas entidades, que David Sánchez «fue enchufado en la Diputación de Badajoz a petición de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo».
El escrito de acusación detalla que David Sánchez sabía que el puesto de coordinador de los conservatorios se había creado específicamente para él y que «las entrevistas al resto de candidatos eran un mero paripé». Además, las acusaciones afirman que «pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente».
Mientras tanto, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive el proceso, argumentando que la imputación «no se sustenta en la existencia de auténticos indicios racionales de criminalidad», sino «en conjeturas e hipótesis». Esta discrepancia entre la postura de la Fiscalía y las acusaciones populares ha intensificado la polémica en torno al caso.
Iustitia Europa: de los tribunales a la política
En este contexto de tensión institucional, Iustitia Europa se ha convertido en uno de los principales azotes judiciales del Gobierno. La organización que preside el abogado Luis María Pardo está personada como acusación popular en varias de las causas que cercan al Ejecutivo.
En enero de este año, Iustitia Europa ya expresó su «profunda preocupación» ante las actuaciones del Tribunal Constitucional, proponiendo que los magistrados conservadores no asistieran a los Plenos convocados para decidir sobre los controvertidos nombramientos impulsados por el Gobierno. Luis María Pardo defendió entonces que «esta acción no es solo una estrategia legítima, sino una necesidad histórica para enfrentar la injerencia política en el poder judicial».
Las encuestas reflejan el desgaste
El deterioro de la imagen del Gobierno se refleja en las encuestas. Según el último sondeo de SocioMétrica, si hoy se celebraran elecciones generales, Sumar perdería 24 escaños y se quedaría con sólo siete (5,5% del voto), lo que complicaría enormemente las posibilidades de Pedro Sánchez de mantener la coalición de gobierno.
En la disputa de todos contra todos, Pedro Sánchez sigue siendo el favorito para repetir como presidente del Gobierno, con el apoyo del 19,7%, seguido muy de cerca por Alberto Núñez Feijóo, con el 18,1%. Sin embargo, otros sondeos como el del CIS de marzo muestran una situación más favorable para el PSOE, que alcanzaría el 34,5% de la estimación de voto, seguido por el Partido Popular con un 29,2%.
Resulta curioso que mientras el CIS situaba al PSOE con una cómoda ventaja del 34,5% frente al 29,2% del PP en marzo, otros sondeos como el de SocioMétrica muestran una situación mucho más ajustada, con apenas cuatro décimas de diferencia entre la preferencia por Sánchez o Feijóo como futuros presidentes, lo que evidencia la polarización y la incertidumbre del panorama político actual.
Un Gobierno a la defensiva
La situación judicial y política ha colocado al Gobierno en una posición defensiva. La estrategia de Moncloa parece centrarse en desacreditar las acusaciones como parte de una campaña orquestada por la derecha y la ultraderecha. Sin embargo, el avance de los procedimientos judiciales y la acumulación de casos están erosionando la credibilidad del Ejecutivo.
El caso de David Sánchez es especialmente delicado porque, aunque las acusaciones no señalan explícitamente a Pedro Sánchez, su «sombra sobrevuela cada uno de los 38 folios que componen el documento». Además, en los hechos descritos por las acusaciones «han tenido participación otros afiliados y/o cargos orgánicos del PSOE, del que Pedro Sánchez Pérez-Castejón, hermano de David Sánchez, es secretario general».
El conflicto institucional se agudiza
La tensión entre poderes del Estado ha alcanzado niveles sin precedentes en la democracia española. Iustitia Europa ya advirtió en enero que «el conflicto institucional no es una anomalía, sino una respuesta legítima frente al asalto a nuestras instituciones».
La organización invitó entonces a la ciudadanía a reflexionar y a apoyar su propuesta como una medida para reivindicar un Poder Judicial independiente, argumentando que «si la Constitución permite que Pedro Sánchez transforme nuestro país en una tiranía, entonces los ciudadanos y la sociedad tienen el deber y el derecho de enfrentarse con todas sus fuerzas para defender la libertad, la justicia y la democracia».
Datos curiosos sobre el caso
El caso de David Sánchez ha revelado la existencia de una «amistad íntima» entre el hermano del presidente y Luis Carrero, un polémico asesor de Moncloa que le llamaba «querido hermanito». Este Carrero, sin relación familiar con el almirante Carrero Blanco, también está implicado en el caso y las acusaciones piden para él año y medio de cárcel por tráfico de influencias.
Un detalle llamativo es que tanto David Sánchez como Luis Carrero deberán devolver a la Diputación de Badajoz los salarios obtenidos más los intereses correspondientes si son condenados. Las acusaciones han solicitado que durante el juicio declaren 23 testigos, prácticamente los mismos que ya han pasado por el juzgado de instrucción 3 de Badajoz durante la fase de investigación.
