Tremenda edición de ‘El Pentagrama’ la de este 14 de noviembre de 2025, con una mesa inédita llena de colaboradores de Periodista Digital bien distintos entre sí. De la mano de Rebeca Crespo, con Josué Cárdenas y con Eduardo García Serrano, Graciano Palomo y Carlos Paz.
Y nos adentramos en el horripilante mundo de un país presidido por Pedro Sánchez. Hay alguna voz de los contertulios, como Josué Cárdenas, que quieren tanto una moción de censura que, ¡hasta abogan por una presidencia en funciones a manos de Pilar Rahola! Imperdible.
Eduardo García Serrano se mosquea con Cárdenas: «Si tu pactas con esos cabrones, te van a pasar la factura. ¿Qué estás solucionando?»
Josué responde con severidad: «Si echan a Pedro Sánchez yo hago hasta un programa en catalán».
Graciano Palomo también se suma a apalear a Cárdenas: «Hoy Junts ha vuelto a votar con Sánchez en un tema nada menos que como las nucleares, no sé si te has enterado! No te digo que tomes nota para que aprendas algo, solo escúchame!»
Rebeca Crespo también se suma: «¡Tienes que dejar de hablar con Errejón!»
Una tertulia imperdible, seguramente la más caliente de la Red.
¿Está Puigdemont más cerca de España?
La difusión de las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, respecto a la polémica Ley de Amnistía, inaugura un nuevo capítulo repleto de dudas para Carles Puigdemont y el Tribunal Supremo.
Este dictamen, lejos de proporcionar certezas, abre un abanico de interpretaciones que transforma la aplicación de la amnistía en un rompecabezas donde cada pieza parece encajar… y a la vez desentonar.
Por un lado, Spielmann respalda gran parte de la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, descartando que la amnistía sea una “autoamnistía” o que infrinja la normativa antiterrorista europea.
Además, sostiene que los costes derivados del procés no han afectado los intereses financieros de la Unión Europea. Sin embargo, advierte que ciertos aspectos procesales, como el plazo de dos meses para resolver sobre la aplicación de la ley, podrían poner en riesgo el derecho a una tutela judicial efectiva.
Esto pone en entredicho uno de los argumentos más destacados desde Moncloa sobre la rapidez y seguridad jurídica del proceso.
