Por increíble que parezca, la realidad es que Google, Youtube, Facebook o Twitter no son responsables de lo que publican.
Si echan ustedes un vistazo a la hemeroteca, verán que a nosotros nos condenó en su día a 5.000 euros de multa el Tribunal Supremo por llamar ‘gilipollas‘ a Pablo Iglesias.
Pero por mucho que rebusquen no van a encontrar una sentencia en la que esos magistrados o cualquier otro haya emplumado a uno de los gigantes tecnológicos, porque en sus incontables páginas haya un considerable contingente de noticias, comentarios, tuits y textos en los que se califica de asesino, pederasta, ladrón, criminal, maltratador o cosas peores al director de este medio y a un montón de ciudadanos más castos, puros, santos, decentes y honrados que Sor Pascalina, la monja alemana que durante tres décadas cuidó al Papa Pio XII.
En Periodista Digital sostenemos que gigantes tecnológicos como las redes sociales Facebook y Twitter, o el hegemónico buscador Google, deberían responsabilizarse de primera mano de los contenidos ilegales, sean del tipo que sean, que se encuentran en sus plataformas.
En el caso de que Google indexe un sitio web delictivo, o si alguien publica un vídeo infractor en YouTube, o si aparecen mensajes abusivos o violentos en Facebook o Twitter, el sistema carga contra la persona que haya puesto ese contenido.
Si viene al caso, la autoridad competente avisa a la multinacional que dicho contenido infringe la ley y debe ser eliminado. Ni juicio, ni multa, ni nada.
El argumento legal es que los gigantes tecnológicos son simplemente plataformas con contenido que otros publican, no medios de comunicación y por tanto no deben estar sometidas a la legislación que pesa sobre periodista, diarios de prensa y medios online.
En el caso concreto de España, nuestra Constitución garantiza, en el artículo 18.1, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Pero eso no afecta a Google, Youtube, Facebook o Twitter como empresas, porque supuestamente no son medios de comunicación y eso es falso.
Probablemente en sus orígenes fue diferente, pero en la actualidad Google, Youtube, Facebook o Twitter jerarquizan , seleccionan, priorizan, destacan y hasta eliminan o censuran la información.
Pueden, sin necesidad de que exista una sentencia judicial, cerrarle a alguien la cuenta, como han hecho con Donald Trump, porque no les gusta, o clausurársela por seis días, como acaba de hacer Twitter con VOX, con la excusa de que subir los datos del numero de MENAS y los delitos cometidos por ellos ‘incita a la violencia‘.
A nadie le extraña ya que la mayoría de los perfiles bloqueados sena críticos con el feminismo de corte neomarxista, el independentismo o escriban comentarios sagaces contra el establisment progre impuesto por grupos de izquierda en nuestro país.
En abril de 2020, cuando la pandemia de coronavirus tenía a España en ‘arresto domiciliario, Twitter anunció oficialmente que exigiría a las personas que eliminen los tuits que «nieguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias globales o locales».
Se refería, en el caso español, a los que criticaban al ‘experto‘ Simón, el que decía que solo habría dos o tres casos, a la vicepresidenta Calvo, que incitó a ir al akelarre feminista donde se infecto hasta la mujer del socialista Sánchez y al ya ex ministro Illa, que no sabía ni lo que era un virus.
Como empresas privadas, con inmensos beneficios, probablemente están en su derecho de implantar una ‘derecho de admisión’, como hacen cotidianamente periódicos y cadenas de televisión, pero en ese caso deben ser responsables de lo que sacan y difunden y por tanto susceptible de ir al banquillo de los acusados y multados.
Google, que sigilosamente y en el oscurantismo más siniestro decide que medios de comunicación aparecen destacados y pueden encontrar con facilidad sus usuarios, debe ser responsable de los datos personales incluidos en las páginas web a las que remite su servicio de búsqueda. De esos y de las noticias, fotos o vídeos que incluye, los suban quién los suba.
Y lo mismo para Twitter, que es muy divertido pero se ha convertido en un vertedero de odio, insultos y mentiras.
La tesis de los bien pagados abogados de estos gigantes y de los políticos que le bailan el agua es que no puede ser responsables por todo lo que hagan los usuarios y que imponerles las mismas obligaciones que tenemos los periodistas comunes y corrientes es llamar a la censura privada, al echar sobre buscadores y redes la responsabilidad de elegir qué contenidos mostrar y cuáles no.
Pamplinas porque ya lo hacen. Censuran a granel y hasta tratan de meternos con embudo su lenguaje políticamente correcto y sus fobias y filias.
Y ya no lo hacen solamente con robots, como antes. Ahora, sus opulentos ejecutivos toman las decisiones en el despacho, jugando al rico progre, y se permiten cerrar la boca al periodista Javier Negre de ‘Estado de Alarma‘ y ponerle un escaparate a Arnaldo Otegi, proetarra de Bildu, con condena por terrorismo y aplaudidor de asesinos.
ALFONSO ROJO
