FIN A LA MAQUINARIA SECESIONISTA

¿Ha llegado la hora de fumigar TV3, Catalunya Ràdio y otros órganos de propaganda?

La Generalitat subvenciona a medios de comunicación privados para fomentar el uso del catalán y tiene a su servicio los medios públicos autonómicos

¿Ha llegado la hora de fumigar TV3, Catalunya Ràdio y otros órganos de propaganda?
Censura, periodismo, prensa, información y propaganda. PD

Puigdemont fue el primer director de la Agència Catalana de Notícies y luego periodista en El Punt, que hoy gestiona su amigo Xevi Xirgo y el diario Ara lo dirige la ex jefa de gabinete del ex conseller de Economía, Andreu Mas-Colell

UNA de las múltiples e importantes tareas que deberá desempeñar el Gobierno cuando, finalmente, entren en vigor las medidas derivadas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución será desmantelar la amplia y engrasada «administración paralela» que han creado los nacionalistas catalanes con el único fin de alimentar el independentismo.

La Generalitat ha mantenido y desarrollado durante años un complejo entramado de departamentos, organizaciones, fundaciones y entes dedicados en exclusiva a difundir, promover y fomentar el movimiento secesionista en Cataluña, cuya financiación dependía del erario público.

Esta maquinaria independentista, ideada para desafiar al Estado de Derecho y avanzar en la culminación de su particular y disparatada utopía, trabajaba por y para el nacionalismo, persiguiendo con ello una concreta finalidad partidista, marginando así a la mayoría de la población e ignorando por completo el interés general de los catalanes, que es el principio básico que debería guiar la actuación de los responsables políticos.

Y todo ello haciendo un uso arbitrario e interesado del dinero de los contribuyentes, además de generar una nutrida red de clientelismo político de la que se beneficiaban personalmente los propios independentistas.

Sin embargo, el Gobierno dispone ahora de la oportunidad y las herramientas legales necesarias para desmontar este aparato de propaganda y adoctrinamiento político, ya que podrá destituir a sus dirigentes e incluso aprobar la extinción de dichas entidades y organismos públicos, una vez que el Senado otorgue luz verde al 155.

La función del Ejecutivo no solo ha de limitarse a restablecer la legalidad y garantizar el marco constitucional en Cataluña tras el golpe independentista, sino que también debe eliminar la estructura que ha posibilitado su desarrollo.

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