(PD).-La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado este martes la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) al estimar por unanimidad las demandas interpuestas contra esta formación por el Gobierno y por la Fiscalía.
La ilegalización de ANV ha sido confirmada posteriormente en rueda de prensa por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, que ha señalado que la sentencia -que no cuenta con ningún voto particular- se hará pública en los próximos días.
Según Hernando, la declaración de ilegalidad de ANV, que tendrá como consecuencia la disolución de este partido, también «comporta la liquidación y la puesta a disposición del Tesoro, según prevé la Ley de Partidos, de todos los bienes y efectos que pertenezcan» a la formación abertzale.
El Tribunal Supremo ha notificado verbalmente su decisión esta mañana a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia. La Sala del 61 volverá a reunirse el miércoles para comenzar a deliberar sobre las demandas de ilegalización que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) y, según las fuentes consultadas, podría anunciar el fallo el próximo viernes.
La Ley de Partidos establece que, tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución de una formación, «procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto». Además, señala que «la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora» y que «el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario».
El pasado 30 de enero el Gobierno -a través de la Abogacía del Estado- presentó su demanda de ilegalización de ANV ante la existencia de «una relación de sucesión o continuación» de este partido con la ilegalizada Batasuna.
En su escrito, los servicios jurídicos del Estado consideraban que ANV, que concurrió a las pasadas elecciones municipales, formaba parte de la Izquierda Abertzale del complejo Batasuna y que era la «candidatura de ETA».
Un día después la Fiscalía interpuso también una demanda de ilegalización de este partido, al considerar que se había producido una cesión a favor de la organización ilegal Batasuna de los derechos y prerrogativas que la normativa electoral concedía a ANV.
El Ministerio Público señalaba también que, tras una inicial ambigüedad calculada respecto de los actos terroristas de ETA, los miembros de ANV habían minimizado las acciones violentas de los terroristas, para terminar asimilando el discurso clásico de Batasuna.
