PALO AL GOBIERNO

Nueva juez coraje: desoye a Fiscalía y va ‘a cazar’ a Sánchez e Illa por malversación

La magistrada no solo ha descartado la petición del Ministerio Público sino que prorroga la causa y practica nuevas diligencias

Salvador Illa y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.
Salvador Illa y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.

Se llama Concepción Jerez y ya recuerda a la juez Mercedes Alaya, la encargada contra viento y marea, de instruir el caso que derivaba en el mayor caso de corrupción en Europa: el caso de los EREs de Andalucía.

Ahora Jerez, desoyendo a la Fiscalía y pasando de no pocas presiones, ha ordenado que su Juzgado, Instrucción 26 de Madrid, amplíe diligencias y volverá a tomar declaración, en noviembre, a los dos exaltos cargos del Ministerio de Sanidad y la directora general del Ministerio de Hacienda investigados por presuntas irregularidades en una docena de contratos adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la primera ola de la pandemia. Una investigación que ha sido prorrogada hasta finales de año a pesar de que el Ministerio Público solicitaba cerrar el caso.

La Fiscalía Provincial de Madrid había pedido en junio el archivo de la causa a quienes se investiga por posibles irregularidades en la adquisición de material sanitario. El Ministerio Público consideraba que la querella formulada se sustentaba «en meras conjeturas y sospechas».

Sin embargo, la juez a cargo del caso no solo ha descartado la solicitud de la Fiscalía sino que ha decidido prorrogar la causa y practicar nuevas diligencias para esclarecer si los hechos denunciados pudieran concurrir con un delito de malversación. Las pesquisas se centran por el momento en una docena de contratos, por los que el Estado pagó 310 millones de euros y que fueron adjudicados entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, organismo del Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa.

La titular del Juzgado acordó prorrogar otros seis meses la investigación el pasado 13 de junio, en contra de la solicitud de archivo de la Fiscalía. Y como parte de las nuevas diligencias acordadas, la juez ha tomado la decisión de citar a declarar de nuevo a los tres investigados para el próximo mes de noviembre.

Se sospecha que los contratos firmados por el Ingesa se suscribieron sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo.

Concepción Jerez tomó declaración en abril, en calidad de investigados, a los tres altos cargos del Gobierno contra los que iba dirigida la querella: Alfonso María Jiménez, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ahora jubilado; Paloma Rosado, actualmente titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, y Patricia Lacruz, exdirectora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

Esta última fue cesada en su cargo el 30 de agosto -después de que la jueza decidiera ampliar y prorrogar la investigación-. La directora general de Farmacia, que protagonizó la polémica adquisición de test fallidos a una empresa china a principios de la pandemia, presentó su dimisión alegando motivos personales.

La juez les tomó declaración sobre las adjudicaciones a empresas, en su mayoría chinas, que no tenían domicilio fiscal ni razón social en España. Los tres investigados defendieron ante la juez haber actuado conforme a la normativa vigente y aseguraron haber informado en todo momento a sus superiores. En concreto, Jiménez aseguró que informaba al menos dos veces al día al entonces ministro Salvador Illa sobre los contratos adjudicados.

La Fiscalía, que ni siquiera estuvo presente el día en que se les tomó declaración, exculpó a los investigados y pidió archivar la causa contra ellos. Pero eso ahora, gracias a la juez, no va a ocurrir.

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Autor

David Lozano

Voluntarioso contador de hechos. Frases verdaderas contadas con palabra.

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