El Gobierno de Ximo Puig ha reservado para la recta final de la legislatura una magnífica noticia para alrededor de 78.000 empleados públicos. Su jornada laboral será reducida a 35 horas semanales.
Así se ha acordado ya para un total de 60.000 sanitarios, tal y como anunció este lunes 20 de marzo el conseller valenciano de Sanidad, Miguel Mínguez. Pero también se está negociando para otros 18.000 funcionarios del conjunto de la Administración autonómica.
El anuncio no es casual porque esta noticia, que agrada a todos los afectados, se produce a solo dos meses de las elecciones autonómicas. Se da la peculiar circunstancia de que el primer acuerdo anunciado es el que afecta al personal estatutario de la sanidad valenciana. Se trataba del más complejo de abordar, porque su reducción de jornada será la más costosa para la Generalitat Valenciana debido al elevado número de trabajadores en este sector.
Pero ha dado igual: priman las elecciones y un balón de oxígeno para un Puig acorralado por escándalos de corrupción del caso Azud y a punto de perder el Gover valenciano, según muchos sondeos.
Lo sanitarios pasarán así de las 37,5 horas de media a la semana que realizan actualmente a las prometidas 35. Y ello requerirá la contratación de alrededor de 2.500 nuevos profesionales, según fuentes sindicales. La Conselleria de Hacienda del Gobierno valenciano carecía este lunes de datos oficiales sobre el coste presupuestario de este movimiento, considerado «electoralista» por parte de la oposición, tal y como informa El Español.
El mismo se produce tras el acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos UGT y CCOO para facilitar la rebaja de la jornada semanal a 35 horas. La misma estaba vetada hasta la fecha para las Administraciones que no cumplían con sus objetivos de déficit. Pero ahora sí se puede implantar la reducción, incluso si el organismo que lo hace ha sobrepasado el nivel de deuda anual que tenía permitido.
A este pacto nacional se acogió UGT-PV para solicitar, el pasado enero, que se llevara a la práctica para el cuerpo de funcionarios de la Administración autonómica, compuesto por cerca de 18.000 trabajadores. En concreto, solicitó «implantar en el ámbito de la Administración del Consell y su sector público la jornada laboral de las 35 horas y cumplir así con los acuerdos alcanzados a nivel nacional con el Gobierno de España».
El propio sindicato concretó entonces que sólo la normativa estatal impedía este avance laboral «a pesar de estar recogido normativamente a través del decreto 42/2019 sobre condiciones de trabajo». «En su artículo 4 establece dos tipos de jornada laboral con carácter general: de 35 horas y de 37 horas y treinta minutos semanales», subrayaba el sindicato sobre el texto autonómico que ya abría la puerta a esta decisión.
«Pese a esta regulación, la jornada de 35 horas como tal no se ha aplicado porque estaba condicionada a que en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto», remarcó.
El sindicato no había obtenido hasta la fecha una respuesta. Pero en la última Mesa Técnica de Función Pública los representantes de la Conselleria de Justicia y Función Pública se mostraron favorables a aplicar también la reducción de jornada a este colectivo, que en la actualidad también trabaja 37,5 horas semanales.
