La mayoría del Parlamento regional de Castilla y León, con la abstención de PSOE y Podemos, ha solicitado este miércoles al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que no lleve a cabo el acuerdo del régimen fiscal catalán, pactado entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña.
Durante el pleno, el nuevo portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Ricardo Gavilanes, presentó la Proposición No de Ley (PNL), calificando el pacto como «inaceptable» al considerarlo un «ataque a los principios de equidad y cohesión social«.
Según la información recabada por Periodista Digital, Gavilanes señaló que «dicho acuerdo perjudicaría gravemente los intereses de Castilla y León, comprometiendo la financiación de los servicios esenciales y reduciendo la capacidad económica del Estado».
La propuesta del PP también reafirma su compromiso con el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española, exigiendo que ninguna ley contenga disposiciones que otorguen privilegios a una región sobre otra.
Además, aboga por mantener un desarrollo económico y social equilibrado en todo el país y promover un diálogo constructivo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por último, la iniciativa del PP insiste en la necesidad de revisar el sistema de financiación tanto local como autonómica, con el fin de evitar que futuras legislaciones incluyan medidas que puedan ser interpretadas como discriminatorias.
«Cuponazo catalán»
Esta propuesta, nacida de la necesidad de Pedro Sánchez de «poner encima de la mesa» un Gobierno encabezado por Salvador Illa en Cataluña, es la propuesta más insolidaria que se puede llevar a cabo en una democracia. La propuesta que ha generado polémica en el ámbito político y consiste en un acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña que otorgaría a esta comunidad un régimen fiscal especial similar al «concierto económico» del País Vasco y Navarra. Este modelo permitiría a Cataluña gestionar y recaudar de forma autónoma una mayor parte de sus impuestos, en lugar de depender del sistema de financiación común que comparte con el resto de las comunidades autónomas.
Quienes apoyan el acuerdo, principalmente desde Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), argumentan que este régimen fiscal otorgaría más independencia financiera a la región, permitiéndole invertir de manera más eficiente en sus propios servicios públicos, y lograr un reparto más equitativo de los recursos que se generan en Cataluña.
En todo caso, el «nuevo cuponazo» supone un grave riesgo para la cohesión territorial y la igualdad entre las comunidades autónomas, genera inquietud y desigualdad e impedirá la convergencia entre los diferentes territorios, condenando a las Comunidades Autónomas más pobres a la incapacidad de gestionar de forma igualitaria con Cataluña.
