Mafia.
Barata y chapucera, pero mafia.
El 27 de febrero, la realidad superó a la ficción en los pasillos de la Fiscalía Anticorrupción.
Un periodista, con pedigrí en tribunales y acrisolada trayectoria como sicario sanchista, se presentó ante el fiscal José Grinda con una oferta digna de thriller político: enterrar un vídeo sexual comprometedor y ofrecerle un cómodo destino en el extranjero a cambio de dos favores nada triviales.
Primero, debía cerrar varias investigaciones candentes, entre ellas las relativas a la corrupción en Cataluña —caso 3% y familia Pujol— y al empresario Javier Pérez Dolset.
Segundo, debía proporcionar información que permitiera “destruir” a su superior, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón.
El trasfondo del escándalo remite a una operación orquestada supuestamente por miembros del entorno socialista, con la ya célebre fontanera del PSOE, Leire Díez, moviendo los hilos junto a empresarios investigados y colaboradores políticos.
El plan era tan burdo como ambicioso: premiar la colaboración de Grinda con dinero (90.000 euros para “frenar” la denuncia del vídeo sexual) y con un futuro laboral dorado lejos de España. De no aceptar, le auguraban un calvario judicial y personal.
A oscuras planeaban acabar con la UCO. Habría preferido interrogar a Pérez Dolset en un Juzgado. Pero aquí también ha quedado claro que solo hace falta apretarles un poco para dejarles acorralados con sus mentiras. pic.twitter.com/pOMNKRiIJI
— Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 6, 2025
10 curiosidades sobre el fiscal José Grinda
- Ser juez por vocación inicial: Intentó ser juez pero suspendió tres veces las oposiciones antes de optar por la carrera fiscal a los 26 años.
- Primer destino en Gerona: Comenzó su carrera en 1993 en Gerona y luego fue trasladado a San Sebastián, donde enfrentó el auge del terrorismo de ETA.
- Especialista en crimen organizado: Es reconocido por investigar mafias rusas y casos como la Operación Emperador contra la mafia china.
- Amenazas de la mafia: En 2016, fue amenazado por la mafia rusa Tambovskaya, lo que llevó a reforzar su seguridad y la de su familia.
- Polémicas acusaciones: Ha enfrentado acusaciones de pederastia y pornografía infantil, aunque nunca fue imputado y los casos fueron archivados.
- Críticas a la Fiscalía General: Afirma que la cúpula de la Fiscalía está sometida a criterios del PSOE, generando controversia.
- Caso del 3%: Lideró la investigación sobre la trama de corrupción de Convergència, lo que lo puso en el punto de mira de políticos.
- Denuncias archivadas: Ha denunciado intentos de chantaje y difamación, como un supuesto vídeo sexual, pero las investigaciones no prosperaron.
- Defensa del Supremo: El Tribunal Supremo lo respaldó en 2023, condenando a herederos de un abogado por difamación contra él.
- Resistencia a presiones: A pesar de campañas en su contra, sigue activo en casos sensibles, como el de la trama Zed.
El modus operandi: periodistas, vídeos y “mucho ruido”
En el centro de esta trama aparece el uso instrumental del periodismo como correa de transmisión para presionar y condicionar decisiones judiciales.
El periodista-intermediario conocía previamente a Grinda, lo que facilitó el contacto y aportó un matiz inquietante: la cercanía personal se utilizó como palanca para trasladar amenazas revestidas de “oferta”.
La conversación giraba en torno a varios elementos:
- El chantaje con un vídeo sexual: una grabación que amenazaba con destruir la reputación del fiscal si no colaboraba.
- Cerrar investigaciones sensibles: especialmente las que afectan al entorno nacionalista catalán (caso 3%, familia Pujol) y al empresario Pérez Dolset.
- Desprestigiar a Alejandro Luzón, jefe directo de Grinda en Anticorrupción.
- Recompensa económica y profesional: 90.000 euros para silenciar a la presunta denunciante del vídeo y un puesto internacional seguro.
El intermediario llegó incluso a prometer que detrás de la operación estaba “una alta instancia del Gobierno”, señalando directamente a Leire Díez como cerebro político de la maniobra.
En paralelo, las grabaciones desveladas muestran cómo Díez insistía en la importancia de tener “todo lo que tengas sobre Grinda” bien documentado para cuando fuera necesario neutralizarlo, mientras recalcaba que cuanto más ruido mediático se generase, mejor.
La respuesta institucional: amparo unánime y carpetazo judicial
El fiscal Grinda no dudó: rechazó el soborno e informó inmediatamente a Luzón, quien remitió los hechos a la Fiscalía General del Estado. La reacción corporativa fue inmediata; el Consejo Fiscal amparó por unanimidad al fiscal acosado, destacando la gravedad inédita del ataque al principio de imparcialidad que debe regir el Ministerio Público.
Sin embargo, aquí comienza el segundo acto del drama. La Fiscalía de Madrid abrió diligencias… para cerrarlas poco después. Según su relato oficial, intentaron localizar hasta nueve veces al periodista intermediario sin éxito; como no obtuvieron respuesta ni pruebas adicionales más allá del testimonio inicial, archivaron el caso por entender que se trataba de una conversación entre conocidos. El estupor cundió entre fiscales veteranos por lo que consideran una reacción tibia ante uno de los mayores intentos de coacción sobre un alto cargo judicial.
Para añadir sal al asunto, Interior retiró hace dos meses la escolta policial a Grinda sin explicaciones públicas —justo cuando el fiscal barajaba un destino fuera de España— pese a ser uno de los objetivos prioritarios de estas operaciones clandestinas.
El contexto: guerra sucia entre cloacas políticas y judiciales
Este episodio es solo la punta visible del iceberg en una guerra soterrada por el control (o neutralización) de las investigaciones más delicadas contra políticos nacionalistas catalanes, empresarios próximos al poder o incluso miembros del entorno familiar del presidente Sánchez.
La participación activa o encubierta de personajes como Pérez Dolset (procesado por fraude), junto a operadores políticos como Leire Díez —la fontanera que presumía poder “arreglar” problemas judiciales desde Ferraz— revela hasta qué punto las cloacas partidistas han intentado infiltrarse en los órganos jurisdiccionales más sensibles.
La obsesión era triple:
- Blindar al PSOE ante escándalos que pudieran salpicarle electoralmente.
- Desactivar investigaciones sobre sus socios independentistas catalanes.
- Garantizar impunidad para empresarios afines o colaboracionistas.
Los audios filtrados muestran conversaciones donde se barajan nombres concretos (Balas, Bonilla, Grinda) como objetivos selectivos de campañas de desprestigio quirúrgicas.
Datos llamativos
- El propio Grinda ha declarado que lo sucedido es “peor aún” de lo contado públicamente; ha exonerado al periodista intermediario aduciendo incluso mayor gravedad en las maniobras políticas subterráneas.
- La oferta incluía no solo dinero sino también un destino internacional concreto —en Bolivia— para quitarse del medio al fiscal incómodo sin levantar demasiado revuelo interno.
- La decisión exprés de archivar el caso ha dejado perplejos tanto a asociaciones fiscales mayoritarias como progresistas: consideran que sienta un peligroso precedente para futuras coacciones políticas.
- Todo este escándalo se produce mientras siguen abiertas causas clave sobre financiación ilegal en Cataluña (el famoso caso 3%), con ramificaciones directas sobre partidos hoy aliados esenciales del Gobierno central.
A falta de guionistas en Hollywood tras la huelga reciente, España parece estar exportando su propio material para series políticas: sobornos chapuceros, vídeos sexuales ocultos bajo llave y una trama coral donde periodistas hacen las veces de mensajeros en vez de notarios críticos. ¿Quién da más?
