Ni el más ingenioso guionista de comedias políticas habría imaginado lo ocurrido en Valdepeñas.
Un concejal de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla, ha logrado que su despedida de soltero sea el centro de atención a nivel nacional. Y no precisamente por la diversión del evento, sino por el lugar elegido: el Auditorio Municipal Inés Ibáñez Braña, un espacio catalogado como Bien de Interés Cultural.
La controversia estalló rápidamente en las redes sociales, donde circulaban vídeos etiquetados como “preboda”, mostrando al edil disfrutando de la celebración con amigos, música a cargo de un DJ y bebidas, todo ello en un recinto que, según la normativa municipal, debe ser utilizado exclusivamente para actividades culturales o sociales sin ánimo de lucro.
El alcalde de la localidad, Jesús Martín (PSOE), se vio obligado a intervenir al enterarse de que la solicitud para usar el auditorio había sido presentada por la futura esposa de Parrilla, bajo el pretexto de organizar un concierto. Sin embargo, lo que realmente se llevó a cabo fue una fiesta privada que se extendió hasta altas horas, a pesar de las advertencias del jefe de Cultura del Ayuntamiento, quien se presentó en el lugar para pedir el cese del evento.
Respuesta política y consecuencias inmediatas
La reacción institucional no tardó en llegar. El regidor socialista exigió públicamente la dimisión inmediata del concejal, calificando los hechos como un “engaño a la administración”. Además, enfatizó que ningún representante público debería apropiarse de un espacio cultural protegido para celebraciones personales. “No se puede comparar un recital cultural con una fiesta privada donde hay DJ, alcohol y asistentes descamisados en un edificio protegido”, afirmó el alcalde, pidiendo disculpas a los vecinos y anunciando la apertura de un expediente informativo que podría tener repercusiones jurídicas.
Este caso ha reavivado el debate sobre el uso adecuado de espacios públicos y el control sobre las actividades que se llevan a cabo en ellos. Desde el Ayuntamiento de Valdepeñas han dejado claro que las normas son estrictas: los inmuebles municipales no están destinados a celebraciones privadas, especialmente cuando hay engaño involucrado en la solicitud. El futuro político de Parrilla se encuentra en una situación crítica, y será tarea de Unidas por Valdepeñas decidir si apoya a su concejal o si prefiere asumir las consecuencias negativas que podría traer su permanencia en el cargo.
Este escándalo no solo plantea interrogantes sobre la ética entre quienes ocupan cargos públicos; también aviva la discusión sobre la transparencia en las administraciones locales. La defensa presentada por Parrilla, quien intentó justificar su evento argumentando que en el auditorio se celebran conciertos, fue desestimada por Martín: “Confundir un concierto cultural con una fiesta privada donde predominan la bebida y la música electrónica es totalmente inaceptable”, sentenció.
Por otra parte, este episodio ha servido como munición política para los opositores a Podemos y Unidas por Valdepeñas. Han aprovechado esta coyuntura para cuestionar tanto la gestión como el control interno dentro del partido. Las redes sociales no han tardado en reaccionar con ironía ante lo ocurrido, apodando este incidente como “la juerga del año en el patrimonio local”, generando comentarios que oscilan entre la indignación y el humor más ácido.
El auditorio y la normativa: un bien cultural en medio del escándalo
El Auditorio Inés Ibáñez Braña es más que un simple recinto; su catalogación como Bien de Interés Cultural exige rigurosos controles y limita su uso a actividades que beneficien al tejido social y cultural de Valdepeñas. La infracción cometida por un representante público al vulnerar estas normativas ha puesto alerta a otros municipios de Castilla-La Mancha, donde ya se están revisando los protocolos para ceder espacios municipales.
Uno de los aspectos más sorprendentes ha sido la aparente impunidad con la cual se organizó esta celebración. A pesar de que el jefe de Cultura advirtió personalmente sobre las irregularidades, esto no impidió que continuara. El expediente abierto podría acarrear no solo consecuencias políticas para Parrilla sino también responsabilidades jurídicas para quienes gestionaron dicha solicitud fraudulenta, incluida su futura esposa.
