En La Retaguardia de este jueves 18 de diciembre, Eurico Campano analiza con José Ramón Riera, Julián Salcedo y Milagros Marcos cómo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en el ojo del huracán por sus actividades cuanto menos poco éticas y presuntamente delictivas.
Recientemente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con la UDEF de la Policía Nacional, llevó a cabo un registro en las oficinas de Plus Ultra en Alcobendas (Madrid), resultando en la detención de tres figuras clave: el presidente Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roberto Roselli y el empresario Julio Martínez Martínez, quien es un colaborador cercano a Zapatero.
Aunque todos fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares, el caso ha destapado lo que parece ser una presunta trama de blanqueo de capitales vinculada a fondos provenientes de Venezuela. Estos fondos habrían sido utilizados para justificar los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectó en 2021 a una aerolínea definida por el Ejecutivo nada menos que como «estratégica» cuando en realidad es que sólo tiene un avión y ni siquiera en propiedad, ya que es alquilado.
La investigación, liderada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción, sugiere que Plus Ultra, con capital venezolano y apenas un 0,03% del volumen de pasajeros que viajan en avión en España, habría simulado su insolvencia para acceder a ayudas públicas. Según los investigadores, esos recursos habrían servido para blanquear dinero relacionado con actividades como el contrabando de oro venezolano, el saqueo de ayudas sociales distribuidas por los CLAP bajo la dictadura de Nicolás Maduro, e incluso la venta clandestina de relojes de lujo. Por si fuera poco, Martínez Martínez, cuyo nombre ha saltado a los medios por eliminar mensajes y correos electrónicos justo antes del registro policial, gestionaba empresas como Análisis Relevante SL, cliente habitual de Whathefav SL, la agencia publicitaria dirigida por las hijas de Zapatero, Laura y Alba. Este vínculo familiar añade un toque picante a toda esta trama, como si el destino se empeñara en entrelazar historias en una comedia política llena de sorpresas.
Los teléfonos móviles confiscados a José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, actualmente encarcelados por la llamada «trama Koldo», han ofrecido valiosa información a los investigadores. Un mensaje fechado el 7 de septiembre de 2020, hallado en el dispositivo del empresario Víctor de Aldama, muestra que Ábalos había informado a su asesor sobre una reunión: «Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Ministerio de Trabajo«, refiriéndose a José Luis Escrivá, junto al presidente de la SEPI, Bartolomé Lora. El objetivo era desbloquear el rescate para Plus Ultra, según fuentes cercanas a Aldama, quien mantiene conexiones con la vicedictadora venezolana, Delcy Rodríguez. Tanto Ábalos como su asesor han solicitado recuperar sus dispositivos, donde podrían encontrarse más conversaciones relevantes con ministros y con Sánchez.
El momento más cinematográfico tuvo lugar el pasado 8 de diciembre, solo tres días antes de las detenciones. En esa ocasión, Zapatero se reunió con Martínez Martínez en una zona boscosa y apartada conocida como El Pardo (Madrid), donde no había cobertura telefónica. Ambos llegaron en vehículos nada discretos —un llamativo Mini Cooper verde y un oficial Toyota Land Cruiser— y accedieron por un camino restringido al que abrió un empleado del servicio nacional. Las imágenes del encuentro publicadas por El Debate sugieren un posible aviso previo o coordinación urgente entre ellos. Fuentes cercanas al caso consideran esto como una «explosión controlada» destinada a proteger al expresidente, mientras que la actuación coordinada entre la UDEF (con vínculos policiales favorables al PSOE) y la UCO parece haber sido diseñada para actuar como un cortafuegos ante cualquier eventualidad. Además, se sabe que hasta la residencia de Zapatero en Aravaca fue escenario de cinco reuniones sobre transferencias relacionadas con Plus Ultra hacia Venezuela, donde Martínez actuaba como intermediario para evitar contactos directos.
Desde su inicio, el salvavidas destinado a Plus Ultra ha estado rodeado por un tufo sospechoso. En marzo del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó un desembolso inicial de 53 millones; sin embargo, se suspendió otro tramo adicional por valor de 34 millones debido a dudas sobre su viabilidad financiera —se mencionaban fondos opacos desde Panamá— lo cual fue denunciado por el PP como algo «escandaloso» tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo. Aunque finalmente se desbloqueó tras no hallar indicios iniciales delictivos, Ábalos lo calificó como una «imposición» directa del expresidente durante una entrevista concedida a OKDiario. Por otra parte, Feijóo ha acusado a Zapatero de haber utilizado un móvil prepago para avisar a Martínez; sin embargo, este último lo niega categóricamente durante un evento dedicado al legado político del fallecido Rubalcaba y ante los micrófonos de laSexta.
Periodista Digital ha informado sobre cómo la UCO logró interceptar mensajes relacionados con esas reuniones con la SEPI, confirmando así que Zapatero tenía un interés especial en los negocios vinculados a Venezuela mediante Aldama y Delcy Rodríguez. La lista actualizada incluye hasta tres residentes dominicanos implicados, dos chavistas y varios empresarios peruanos dentro de una red internacional que utilizó este rescate para encubrir actos ilícitos.
