La segura en el auto que aún no se han aportado todos los expedientes de ayudas concedidas y pagadas a
Nuevo auto de la juez Alaya en el que da un paso más y amplía a todo el Gobierno andaluz la investigación que lleva a cabo sobre la existencia de una trama de ERE fraudulentos en la Junta.
Como explica Mercedes Benítez en ABC, a pocos días de que empiece la campaña electoral y un día después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera fianzas para los intrusos, ayer la magistrada dictaba una nueva resolución en la que quiere saber si el método utilizado por la Consejería de Empleo (que está siendo objeto de investigación y en el que había una partida la 31-L, denominada «fondo de reptiles») era una práctica generalizada en todo el Ejecutivo de la Comunidad.
Por ello, pide información de las subvenciones dadas por todas las consejerías. Con esta decisión, la magistrada da una vuelta de tuerca más a un caso que ha puesto contra las cuerdas no solo al Gobierno de Griñán, sino también a todo el PSOE andaluz.
Hasta el momento, las irregularidades se habían circunscrito a la Consejería de Empleo, que concedió subvenciones a numerosas empresas través de dos instituciones públicas, el Instituto de Fomento Andaluz (IFA) y el IDEA -que sustituyó al anterior-. El dinero se «camuflaba» como transferencias a estos organismos, con lo que se eludía los controles de la Intervención y demás fiscalización administrativa.
La jueza sospecha ahora que el procedimiento era generalizado en todas las consejerías, lo que dispararía el importe del dinero «repartido» hasta niveles insospechados. Así, en el escrito, que Mercedes Alaya firmó pasadas las cinco de la tarde, se pide a la Junta de Andalucía que le informe «si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través del IFA o IDEA se han realizado en otras consejerías».
Y añade: «A saber, Innovación, Ciencia y Empresa. Agricultura y Pesca, Turismo, etc». La juez hace hincapié en preguntar si esas ayudas son solamente de la Consejería de Empleo e incluso si hay «otra empresa de manera significativa u otros grupos de empresas que hayan recibido ayudas o subvenciones de otras consejerías».
También requiere a la Junta de Andalucía que explique si en el informe que le remitió están todas las ayudas que la Consejería de Empleo concedió a través del IFA, ya que ha echado en falta alguna como la concedida a Río Grande. E igualmente le solicita la relación de ayudas sociolaborales y a empresas que fueron resueltas favorablemente por la citada consejería y que no fueron pagadas.
Pero además, en el auto, un detallado escrito de 44 folios, también se solicita a la Junta de Andalucía que aporte los datos de la contabilidad del IFA o IDEA sobre los convenios firmados por éste con la Dirección General de Trabajo de la Junta en 2003.
Y también que se envíe a la Agencia Tributaria toda la relación de pagos efectuados por el IFA-IDA desde el año 2001 al 2011 tanto en concepto de ayudas sociolaborales como de ayudas a empresas para «perseguir las posibles infracciones tributarias derivadas de los ingresos recibidos por las entidades beneficiaria de los pagos», en el supuesto de que estas no los hayan declarado.
Advierte asimismo que si la Agencia Tributaria constatara la omisión de algún dato identificativo, debe comunicarlo al juzgado.
Pero la juez no solo se dirige a la Agencia Tributaria, sino que también le envía las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que determine las responsabilidades contables que puedan derivarse de ello.
En cuanto a las actas del Consejo de Gobierno (que fueron objeto de una gran polémica por la negativa del Ejecutivo andaluz a entregarlas) asegura que, una vez que las examine, le dará traslado de estas a las partes.
Además pese a que la Junta de Andalucía lleva meses presumiendo de su colaboración total con la Justicia, Alaya asegura en el auto que aún «no se han aportado todos los expedientes de ayudas concedidas y pagadas» y recuerda igualmente que está a la espera de conocer los expedientes de ayudas concedidas pero no pagadas.
