El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, que investiga si existieron delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración en las operaciones urbanísticas del edificio de ADE de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda, y los terrenos del parque empresarial fantasma de Portillo, ha llamado a declarar a los cinco primeros altos cargos de la Junta de Castilla y León que serán interrogados, en presencia de sus abogados, entre mayo y junio.
Los altos cargos llamados a declarar como investigados son el secretario general de Cultura, José Rodríguez-Sanz Pastor; el director general de Industria e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Hacienda, Carlos Martín Tobalina; el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez; José Armando Baeta Canales, director general de Presupuestos y Estadística; y el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa.
Hay que recordar que se está llevando a cabo la investigación sobre las presuntas irregularidades en la compra del edificio que alberga la sede de la Agencia de Desarrollo de la Junta de Castilla y León.
Un edificio que el Gobierno autonómico compró a la empresa Urban Proyecta PM3 por 52 millones de euros, más otros ocho de IVA, es decir, algo más de 60 millones.
